GUSTAVO GORRITI
El ‘caso Lava Jato’ en Perú ha causado interacciones complejas entre la indignación de la gente y la justicia inteligente
La puesta en libertad del expresidente Ollanta Humala ocurre después de nueve meses de una prisión preventiva que nunca estuvo claro qué prevenía. Simultáneamente fue liberada de otra prisión su esposa Nadine Heredia, también encarcelada “preventivamente” por el mismo tiempo.
Aunque fueron puestos en prisión por el caso Lava Jato, su liberación probablemente resultará beneficiosa antes que nociva para la investigación del caso. Curiosamente, uno de los primeros en celebrar ambas libertades —por una sentencia del Tribunal Constitucional que corrigió las negativas previas de todas las instancias judiciales— fue el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, defenestrado hace poco más de un mes.
Fue bajo la presidencia de PPK que se produjo el encarcelamiento de los Humala-Heredia, dentro del cual se sometió a Nadine Heredia a un rigor penitenciario no solo innecesario sino lindante con el abuso. Esto último (no la prisión) es algo que Kuczynski pudo haber impedido, pero no lo hizo. ¿Por qué celebra ahora el imperio de las garantías constitucionales que le importaron poco meses atrás?
Rosa María Palacios, una periodista que convirtió el ostracismo que quisieron infligirle las grandes compañías de medios en un fenomenal seguimiento de sus programas digitales en las redes sociales, lo explicó bien: porque el abuso de la prisión preventiva de Humala y Heredia reforzó e hizo crecer la exigencia de aplicar la misma vara a los otros expresidentes también comprometidos en el caso Lava Jato. ¿Cana [pisión] para uno? ¡Cana para todos!
Es que el caso Lava Jato en Perú, como en otros países de Latinoamérica, ha provocado interacciones complejas entre la indignación de la gente, que sospecha —casi siempre con razón— de todos los expresidentes y de la mayoría de grandes empresarios constructores, y demanda las revelaciones fulminantes; y la justicia inteligente, imparcial y severa que aquí solo ha existido por excepción. Y, de otro lado, las acciones de los diversos actores del Estado, desde el Congreso hasta los juzgados, en donde el formalismo y la incompetencia coexisten con la influencia de grupos y camarillas que tratan (y frecuentemente logran) orientar las presuntas investigaciones en encubrimientos selectivos y hostigamiento de enemigos.
Una vez que empezó a conocerse las informaciones sobre sobornos y pagos ilegales a campañas que comprometían gran parte del espectro político, las acciones fiscales, judiciales y las investigaciones congresales del caso, se orientaron a dividir el escenario de exdignatarios presuntamente facinerosos en dos campos: de un lado, los débiles, con poco poder residual, nulo coeficiente de intimidación y sin aparatos enquistados en fiscalías o judicaturas. Los describe un peruanismo: los lornas. Del otro, los que cuentan con poder real, lo utilizan agresivamente y mantienen vastas redes de influencia en fiscalías y judicaturas. En ese escenario, los lornas reciben la culpa, el castigo y la infamia; administrado por los otros, que sobreviven y quedan impunes en lo que, de consumarse, sería un proceso de darwinismo comprehensivo: la supervivencia de los bribones más aptos en el travestido festival de la virtud.Humala y Heredia —que sin duda tienen cuentas por rendir, pero sobre quienes no pesa siquiera una acusación fiscal— fueron los primeros lornas escogidos, casi a la par que el expresidente Alejandro Toledo. Pero mientras este (sobre cuya culpabilidad existe sólida evidencia) trata de impedir su extradición desde Stanford, California, reclamando persecución política y falta de debido proceso; tanto Humala como Heredia se quedaron en el Perú y acudieron a cuanta diligencia fueron citados, incluso regresando desde el extranjero, como hizo Nadine Heredia.
Pero el sistema les cargó los dados, les marcó las cartas y con argumentos de sostenida incoherencia, Humala y Heredia fueron condenados a 18 meses de prisión preventiva. Debo decir que el juez que los sentenció: Richard Concepción Carhuancho, tiene reputación de ser correcto pero de los que aquí se llama “canero”, encarcelador. En la duda, a la reja.Muchos, yo entre ellos, vimos eso como un abuso y señalamos que mientras Ollanta Humala y Nadine Heredia iban a prisión preventiva por la confesión de ejecutivos de Odebrecht de haber aportado a su campaña de 2011; los mismos ejecutivos habían confesado haber aportado también a la campaña de Keiko Fujimori ese mismo año. Y no solo no se pedía prisión preventiva contra ella sino que su mayoría congresal le permitía controlar la investigación del caso en el Parlamento y meterle miedo, harto miedo, a jueces y fiscales… salvo el caso del fiscal José Domingo Pérez Gómez, que inició una investigación a Keiko Fujimori sin timidez ni miedo, en medio de la ansiedad de muchos de sus jefes. No todos, por fortuna.
Esa investigación, la creciente simpatía hacia los Humala-Heredia por el rigor discriminatorio con que fueron tratados y la presión por que dieran a todos el mismo trato, contribuyó probablemente en la decisión del Tribunal Constitucional de liberarlos; en la incongruente celebración de Kuczynski; y en la callada aquiescencia de otros, que vieron que lo que les pareció un darwinismo a la medida empezaba a medirlos a ellos más bien.
