El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros que en agosto rechazó el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga, y decidió que la instancia previa que negó dicha aprobación, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, vuelva a revisarlo.
El fallo ordena “retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda en una nueva votación – esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo”.
En un escrito de 40 páginas el Tribunal determinó que el proceso de aprobación ambiental de la iniciativa tuvo vicios e ilegalidades, por lo que anuló las resoluciones, del CEA que en marzo de 2017 rechazó la iniciativa, y del Comité de Ministros, que en agosto del mismo año ratificó dicha decisión.
Entre estas faltas al debido procedimiento el fallo menciona que en la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo los seremis de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y Salud “rechazaron el proyecto sin motivar su decisión”.
Asimismo indica que “es el propio Comité quien reconoce el vicio de falta de motivación y oficia a los Seremis para que expliquen la situación referida a la motivación de su votación en la Comisión de Evaluación”.
El tribunal resolvió que el Comité de Ministros incumplió la normativa que indica que las citaciones a sesión de la instancia se deben realizar mediante un oficio enviado con una antelación de 10 días. Esto porque, si bien la cita se había convocado en dicho plazo, ésta era para analizar el proyecto de ampliación de Cerro Casale, y sólo el viernes previo a la sesión que estaba convocada para el lunes 21, los integrantes del Comité recibieron la notificación con el cambio en la tabla de la sesión en la que se incluyó la revisión de Dominga.
Al respecto el fallo sostiene que “es lógico suponer que los ministros no tuvieron el tiempo razonable para estudiar el proyecto de evaluación visto la complejidad y extensión del mismo”. Al respecto el fallo recuerda la decisión del entonces Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien se abstuvo de votar argumentando que no había tenido el tiempo suficiente para formarse una opinión fundada sobre los informes y antecedentes del proyecto.
Además el Tribunal consideró que se vulneró el principio de igualdad ante la ley al haber un trato discriminatorio respecto del proyecto puerto Cruz Grande de Cap que se ubicará en la misma zona.
En la reclamación presentada en noviembre por Andes Iron, la empresa propiedad de las familias Délano y Garcés, sostuvo que la resolución tomada por el Comité de Ministros – y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco – tuvo vicios en su proceso.
El Tribunal Ambiental tenía tres opciones, rechazar el recurso o, en el caso que aceptara la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la que podía al CEA de Coquimbo o al Comité de Ministros.
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.
Tras un largo proceso de tramitación el CEA de Coquimbo, presidido por el intendente regional e integrado por los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social, decidió en marzo de 2017 rechazar la iniciativa en una polémica votación, ya que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental regional había recomendado aprobar el proyecto.
El proyecto minero portuario tendrá una nueva oportunidad. Ahora los esfuerzos se concentrarán en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que deberá ser convocada para votar la iniciativa. Los tiempos corren a favor de Dominga y, según estimaciones de abogados de la plaza, la resolución del nuevo Comité de Ministros no debería extenderse más allá de este año.
Finalmente, la incertidumbre terminó y un aire más tranquilo se respiró el viernes en las oficinas de Andes Iron, en Las Condes. Al mediodía, el presidente ejecutivo de la firma, Iván Garrido, y su equipo de abogados, liderados por el socio de Ferrada Nehme, Patricio Leyton, no disimulaban su alegría al conocer el fallo que el Tribunal Ambiental de Antofagasta finalmente publicó, una semana después del plazo legal autoimpuesto por el organismo ambiental.
“El fallo es contundente”, se escuchaba en los pasillos de la firma minera. Es que el tribunal, además de acoger todos los argumentos presentados por la compañía, ordenó retrotraer el proceso de aprobación ambiental de Dominga hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), instancia que ahora deberá nuevamente votar y argumentar su postura respecto de la iniciativa.
Pero pese a las buenas noticias, en Andes Iron reinó la cautela por lo menos hasta las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presidenta del nuevo Comité de Ministros, instancia que durante el año tendrá que pronunciarse sobre el proyecto Dominga. El mensaje fue claro: “El proceso se ajustará a derecho”, dijo la ministra, valiendo la sentencia del organismo judicial de Antofagasta que declaró como ilegal el actuar del Comité de Ministros que lideró el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y donde se rechazó la iniciativa.
Es que los argumentos que redactó el ministro Marcelo Hernández en la sentencia hablan de los vicios que cometió el gobierno anterior, destacando que la instancia, que en ese entonces lideró Mena, actuó de manera “ilegal y arbitraria”.
Y fueron estos calificativos los que también le dieron cierto respiro al gobierno, donde la tarde del viernes también reinaba una suerte de tranquilidad. “El fallo es demasiado contundente contra el gobierno anterior, porque se vulneró el debido proceso. Se señaló que hubo vicios en la convocatoria de la citación a la sesión de agosto, los ministros no tuvieron tiempo de formarse una opinión clara sobre el proyecto y también hubo vicios en la fundamentación”, indicó una fuente del Ejecutivo.
Pero no solo los argumentos emitidos por el organismo le dieron tranquilidad al gobierno, sino también la decisión de que sean los servicios regionales los que deban pronunciarse sobre el proceso ambiental de Dominga. Es decir, una instancia técnica y no política. Es que con esa decisión, indican fuentes de gobierno, el Ejecutivo mantiene su rol de no interviniente en el proceso, acorde con la decisión de no participar en la conciliación que en marzo pasado propuso el mismo tribunal ambiental. “Se mantiene la coherencia, pues en ese momento se quiso tomar distancia y que fueran las partes directamente involucradas las que se entendieran. Y con esta decisión del tribunal ambiental, el gobierno sigue manteniendo su distancia”, indica la fuente.
Y ahora comienzan a correr los tiempos y según estimaciones de abogados de la plaza, el camino que debe correr ahora Dominga no debería ser muy extenso. De hecho, se estima que a fin de año debería haber una “resolución a firme” por parte del nuevo Comité de Ministros.
Esto, explican las fuentes, porque es muy probable que la Corte Suprema rechace el recurso que presenten los ambientalistas (ver recuadro). “Nunca antes la Corte Suprema ha declarado admisible una casación de terceros”, dice un abogado de la plaza.
Y con ese punto despejado, solo quedará esperar que la autoridad ambiental cite a los servicios que integran el Coeva para emitir su votación. En esta instancia será relevante el criterio que tenga la convocatoria emitida por el servicio ambiental, sobre todo considerando que el tribunal ambiental acogió la falta de motivación que tuvo la instancia en marzo de 2017, al no fundamentar sus votaciones, y donde finalmente se rechazó lo propuesto por la autoridad a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que proponía aprobar el proyecto minero portuario.
Es por eso que el tribunal que preside Daniel Guevara hizo una expresa reflexión del rol de esta instancia, donde indica que el Coeva “debe aprobar o rechazar un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente y que el incumplimiento de esta exigencia es un vicio esencial”.
Un mensaje en esa línea también dio Marcela Cubillos, quien indicó en un comunicado que “el tribunal ha fallado y ha ordenado que se proceda a una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, está vez ajustada a derecho”.
Y para potenciar este punto, el Tribunal Ambiental de Antofagasta recomendó en su sentencia “potenciar la formación, capacitación y desempeño” de los miembros de la comisión, “entiendo que es un espacio reglado y estratégico para el desarrollo y el resguardo ambiental de los territorios y sus comunidades”, dice el documento.
Otra recomendación que hace el organismo del norte es que la autoridad ambiental haga una “interpretación oficial y acertada del ordenamiento jurídico acerca del alcance de las competencias sobre el medioambiente marino”. Esto, en relación a las críticas que han recibido algunos proyectos de inversión sobre el diseño de la línea de base marítima. “Se evidencia una contienda o falta de claridad de competencia entre organismos del Estado, en particular las concernientes al medioambiente marino y el actuar de la Corporación Nacional Forestal”, dice el fallo del organismo judicial.
Pero qué pasará cuando Dominga llegue nuevamente a ser visto por el Comité de Ministros. Las fuentes consultadas indican que no debería haber mayores sorpresas, pues el tribunal dejó claro que la instancia ministerial “incurrió en un error” al acoger las observaciones ciudadanas, pues estas ya fueron analizadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) de Dominga, y donde la decisión final fue el rechazo del proyecto.
“Esto implica que los terceros no deberían recurrir nuevamente al Tribunal Ambiental con reclamaciones que ya fueron analizadas. Con estos argumentos, el tribunal cerró la puerta a la posibilidad de caer en un círculo vicioso y judicializar nuevamente el proceso”, dice un abogado experto en derecho ambiental.
Para Andes Iron también es favorable llegar hasta la Región de Coquimbo para aprobar su proyecto. Esto, porque en la mesa donde estarán los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Minería y Desarrollo Social, también abre la oportunidad para que la compañía ingrese nuevas medidas de mitigación.
Una de ellas es la instalación de la Casa de Mar, propuesta planteada por la propia Dominga en la reclamación que la empresa presentó ante el Comité de Ministros el año pasado y donde se realizarán investigaciones ambientales relativas al ecosistema de bahías de Coquimbo.
También podrían analizarse otras medidas adicionales que hagan viable el proyecto, las que se podrían conversar con los servicios que integran la comisión ambiental.
“Dominga no solo necesita tener la aprobación ambiental del proyecto, sino que también la aprobación social, por eso es probable que haga algunos gestos en esa línea”, señala un actor del sector judicial.
