El empresario Cristóbal López fue nuevamente detenido tras haber estado poco más de un mes en libertad y fue trasladado al penal de Ezeiza . Está acusado por evadir $8000 millones en el impuesto a los combustibles y se dispuso ayer, además, elevar el monto de los embargos a 17.042 millones de pesos.
Fabián De Sousa, el socio de López, también deberá volver a prisión e irá a Marcos Paz. Además, se complicó la situación del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, señalado por haber permitido esa monumental evasión.
La detención de los acusados fue ordenada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la sala I de la Cámara de Casación, con la disidencia de su colega Ana María Figueroa. López se entregó y fue conducido con su abogado, Carlos Beraldi, en un auto de la Gendarmería Nacional al edificio Centinela, en Retiro. Desde allí será derivado a un penal federal. En diciembre estuvo en Ezeiza.
Los tiempos se aceleraron ayer cuando el fiscal Raúl Pleé y la AFIP pidieron que López vuelva a la cárcel y que se califique su delito como administración fraudulenta agravada, y no como una evasión fiscal.
López eludió pagar $8000 millones en impuestos a los combustibles que vendió mediante su empresa Oil. Con ese dinero, que retuvo durante la gestión kirchnerista, capitalizó al Grupo Indalo y se hizo además de un holding de medios con el que defiende las políticas del anterior gobierno.
El juez Julián Ercolini lo procesó por fraude a fines de 2017 y lo encarceló junto a De Sousa. También procesó a Echegaray.
López estuvo preso desde el 20 de diciembre hasta el 16 de marzo. Pasó las Fiestas en el penal de Ezeiza, perdió el control de sus empresas, que entraron en crisis terminal, y hasta se alejó de su novia Ingrid Grudke.
Sin embargo, en marzo los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo excarcelaron y aliviaron su calificación legal.
El fallo indignó al Gobierno, que minó entonces el camino de Ballestero de denuncias por su patrimonio y cuestionó a Farah. Ambos venían fallando en sintonía con el kirchnerismo. Finalmente, en menos de un mes, Farah pidió ser trasladado a otro tribunal y Ballestero presentó una licencia médica, que lo alejará de la Cámara.
Después de que fue apelada la libertad de López, la Cámara de Casación volvió ayer las cosas a su lugar. Revocó la resolución de la Cámara Federal, ordenó que se califiquen los hechos imputados a Echegaray, López y De Sousa como defraudación al Estado, elevó el monto del embargo y ordenó la inmediata detención de los dos empresarios.
En su voto, el juez Hornos consideró que se trata de "graves hechos de corrupción" vinculados con la delincuencia económica. Señaló que se trata de una "amenaza que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".
Hornos dijo que Echegaray actuó "en clara connivencia" con Cristóbal López y De Sousa. Y sostuvo que no se trata de un delito de evasión fiscal, sino que se está frente a una "compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
La mirada que sostiene esta hipótesis es que la evasión de López es parte del fraude al Estado que permitió el kirchnerismo a empresarios cercanos. Esta es la acusación de la fiscalía para sostener esta calificación.
Para disponer la detención de López y De Sousa los jueces evaluaron la gravedad de las imputaciones, el intento de evitar que sus bienes sean embargados, y obstruir la labor de la Justicia, así como los recursos económicos con los que cuentan.
Riggi sostuvo que este caso es un desprendimiento de las otras causas de corrupción "desde el seno de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos de diversas áreas de la administración, incluidos los exmandatarios Néstor y Cristina Fernández y empresarios con vínculos de amistad, cuyo objetivo era enriquecerse a través de negocios y operatorias criminales sobre los bienes, activos financieros y económicos del Estado".
La jueza Ana María Figueroa, en disidencia, consideró que los recursos eran inadmisibles porque no son decisiones equiparables a sentencias definitivas sobre las que deba pronunciarse la Casación. Son los argumentos que esgrimió López.
19/12
La caída: La orden de detención para Cristóbal López se impartió el 19, pero el empresario ligado al kirchnerismo se entregó en la medianoche del 20 en el edificio Centinela de la Gendarmería tras cinco horas de negociación. Evitó así ser retratado. Fabián De Sousa, su socio, cayó en Puerto Madero. Están acusados por evadir $8000 millones
20/12/17
En el penal de Ezeiza: Cristóbal López fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, a la Unidad VI. Allí estuvieron alojados otros personajes emblemáticos del kirchnerismo, como Amado Boudou y Carlos Zannini, ambos ya liberados. Sigue allí, sin embargo, Lázaro Báez y Ricardo Jaime. De Sousa, el socio de Cristóbal, fue derivado a Marcos Paz
16/03/18
Recuperan la libertad: Favorecidos por un fallo de la Cámara Federal, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron liberados tras 87 días en prisión. "No estuve preso, estuve secuestrado", dijo López al salir de la cárcel. Amenazó con hablar y revelar detalles, pero luego retrocedió y se dedicó en silencio a su defensa legal y a intentar evitar la quiebra de OIL Combustibles
26/04/18
Los jueces en la mira: Los dos camaristas que beneficiaron con su fallo a Cristóbal López el 16 de marzo quedaron desde entonces en la mira del Gobierno. El jueves, con impulso oficialista, el Consejo de la Magistratura avaló el traslado de Eduardo Farah a otro fuero y en dos semanas aprobaría la jubilación de Jorge Ballestero.
El extitular de la AFIP armó dos planes de pagos que el empresario nunca respetó. Investigan si permitió que esto sucediera.
Cristóbal López y Fabián De Sousa recibieron una mala noticia: volverán a prisión. Así lo determinó hoy la Sala I de la Cámara de Casación por voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Hornos. Sin embargo las implicancias de la medida no terminan allí: se procesó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El máximo tribunal volvió a caratular el expediente como "defraudación a la administración pública" en lugar de "apropiación indebida de tributos" y puso en la mira el accionar de Echegaray, quien le otorgó al empresario dos planes de pagos que Oil Combustibles incumplió y que le permitió al grupo capitalizarse aún más. López y Fabián De Sousa están acusados de evadir $8.000 millones a la AFIP.
En el escrito los magistrados remarcaron que "los imputados mediante una compleja maniobra defraudatoria habrían desviado millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado Grupo Indalo". En rigor, aseguran que el dinero se utilizó para adquirir medios de comunicación.
"No sólo no se ejecutó un deuda exigible sino que por la concesión irregular de planes de pago se permitió que Oil no ingresara el impuesto y financiara con ese dinero la expansión del grupo económico, en perjuicio de las arcas públicas lo que configura el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública", escribió el fiscal Raúl Pleé en su pedido a la Cámara de Casación Penal.
Echegaray, además, fue demandado por la propia AFIP al considerar que el exfuncionario es civilmente responsable por los perjuicios ocasionados a la agencia tributaria que condujo durante el gobierno de Cristina Kirchner, su jefa política. El avance de la investigación sobre su persona podría tocar de cerca a la expresidente.
La AFIP solo le dará de 6 a 12 cuotas para abonar el Impuesto a los Combustibles impago.
Con sus dueños presos por defraudar en cifras millonarias al Estado, la firma Oil Combustibles vive horas decisivas. El juez en lo comercial Javier Cosentino debe evaluar la oferta de la compañía holandesa Trafigura por la petrolera que, de avanzar, deberá pagar en seis o doce cuotas la deuda de más de 20.000 millones de pesos que generaron Cristóbal López y Fabián De Sousa. La AFIP no aceptará otros plazos. En tanto, la justicia federal deberá opinar si autoriza la venta o no.
Oil es el principal activo del Grupo Indalo, el holding del empresario K que, en 2003, no existía como tal y sólo contaba con doce empresas, lejos de las 170 que posee en la actualidad. La petrolera emplea a 400 personas de forma directa y cuenta con una red que, aunque deteriorada, posee 360 estaciones de servicio.
Oil es la empresa a través de la cual López estafó al Estado al no pagar $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Los camaristas Eduardo Riggi y Gustavo Hornos que el viernes ordenaron su detención, plantearon que el dinero que Oil no tributaba mes a mes al fisco, "a expensas de los consumidores”, era "sistemáticamente utilizado para ampliar el conglomerado económico”. Entre otras cosas, compraron medios de comunicación hoy con un concurso preventivo en trámite.
La empresa atraviesa un crítico momento. Con el concurso preventivo de acreedores en curso, el pasivo de más de $ 20.000 millones entre intereses y punitorios con el fisco, Oil tiene además una deuda post concursal por dejar de pagar nuevamente el ITC por otros $ 1.600 millones.
Para evitar su quiebra, el juez Cosentino habilitó el cramdown, proceso conocido como salvataje. En este contexto se abrió un registro por siete días para que los interesados en salvar a la empresa se anoten. Sobre la hora se inscribieron dos: Trafigura y Prarex. Esta última quedó descartada.
Así, el juez Cosentino tiene por delante plazos para la valuación económica de la holandesa Trafigura y en caso de avanzar, se debe acordar con los acreedores dentro de los 90 a 120 días. Esto siempre y cuando el magistrado considere que el oferente resulta confiable e idóneo.
La primera exigencia la puso la AFIP: la empresa que se haga cargo de Oil -siempre y cuando el juez lo habilite-, deberá pagar en sólo 6 y a lo sumo 12 cuotas, la deuda multimillonaria la petrolera tiene con el fisco. Desde la compañía de Cristóbal López señalaron a Clarín que “los requisitos impuestos son muy exigentes”, temiendo que Trafigura no los cubra.
Si Cosentino admite la oferta de la petrolera holandesa, deberán sortear otra instancia que se anticipa complicada: conseguir la autorización del juez Julián Ercolini, quien volvió a detener al empresario K y ordenó una inhibición de bienes sobre Indalo. Si la misma no se levanta, la venta no podrá realizarse.
En este escenario, el Gobierno sostiene que la quiebra es el camino inexorable de Oil mientras que sus trabajadores constituyeron una cooperativa reconocida por el juez comercial, con el fin de quedarse con la empresa.
