El juez Claudio Bonadio autorizó finalmente la fusión entre Petrobras y Pampa Energía, el buque insignia del empresario Marcelo Mindlin; y destrabó así una operación que durante ocho semanas había tenido frenada en el marco de una investigación por la venta de acciones de la Anses. Pero la señal de alivio llegó acompañada por la imposición de una garantía de 20 millones de dólares. Y la investigación sigue abierta. El desahogo no fue completo para el empresario dilecto de la era macrista.
"Deberán los responsables de la firma Pampa Energía colocar en cautela y custodia de este juzgado la suma de 20 millones de dólares o su equivalente en títulos, valores, seguros de caución y otros bienes registrables", escribió Bonadio, como condición para destrabar la fusión.
La decisión de Bonadio aparece cuando Mindlin se acaba de presentar públicamente como uno de los interesados en la ofertas de PPP, las siglas que resumen la apuesta macrista para acelerar las obras públicas, a través de la importación de un modelo que deja la financiación en manos de los privados para luego cobrarle al Estado.
Dos meses atrás, el juez había congelado la fusión de Pampa Energía y Petrobras, un negocio que involucró unos 1300 millones de dólares. La medida esparció la intranquilidad a unos 30 mil inversores y capturó la atención del mundo empresario.
La interrupción de la fusión había llegado tras una historia que comenzó hace más de dos años. En julio de 2016, la brasileña Petrobras fue en busca de fondos y vendió a Mindlin el 67% de las acciones de su filial argentina, forzada por la presión del escándalo del Lava Jato. La operación implicó el pago de 892 millones de dólares. A renglón seguido, Mindlin lanzó una oferta de compra en efectivo del resto de las acciones de Petrobras Argentina. Para la Comisión Nacional de Valores el precio inicial era bajo y reclamó una oferta mayor. A su vez, el gobierno tenía en sus manos el 11,6% de las acciones, que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Macri autorizó la venta. Pero el fiscal federal Gabriel de Vedia, quien debe resguardar los fondos de la seguridad social, presentó una denuncia por supuesta defraudación "en perjuicio de la administración pública" para beneficiar "reiterada e infundadamente" a empresarios "con vinculaciones con el gobierno nacional". El fiscal estimó que por la diferencia entre el precio de venta y el final, la Anses había perdido un millón de dólares. La denuncia terminó en manos del fiscal Jorge Di Lello y el juez Bonadio, quien ordenó que se llevaran documentación del Ministerio de Finanzas, la Anses, Pampa Energía y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Y preventivamente, en febrero, trabó la fusión de la firma de Mindlin y Petrobras.
La unión estuvo congelada ocho semanas. La Comisión Nacional de Valores se presentó para advertirle que la decisión generaba "incertidumbre", provocaba "volatilidad de precios" en las acciones y "consecuencias negativas para los inversores". Hubo conversaciones formales e informales. Finalmente, Bonadio la autorizó. Pero la forma como el juez llegó a la suma de 20 millones de dólares de garantía debería dejar una dosis de intranquilidad en el horizonte de Mindlin. En su resolución, a la cual tuvo acceso LA NACION, Bonadio recordó que Pampa compró las acciones de Anses a $10,37 cada una. Pero "el precio razonable" que determinaron las "evaluadoras independientes" contratadas por Petrobras, y citadas por el juez, estimaron el valor de las acciones en rangos que van de $10,30 a $15,25 cada una. Lo que se pagó a la Anses aparece en las cotizaciones más bajas. Bonadio luego promedió las estimaciones en $12 cada acción y concluyó que el "eventual perjuicio" contra el Estado rondaría los $20 millones de dólares. Por lo tanto, mientras determina si existió delito o no, fijó en ese monto la caución que exigió depositar a los dueños de Pampa Energía para destrabar la fusión. La empresa avisó a la Comisión Nacional de Valores, a través de una carta, que la unificación accionaria finalmente había sido aprobada.
El martes, Mindlin hizo su debut con ofertas de PPP para la construcción de autopistas a través de Sacde, la nueva sigla de Iecsa, la constructora que le compró al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, quien a su vez la adquirió en el desmembramiento de Socma, el grupo que alguna vez encabezó el patriarca, Franco Macri. Mindlin desembarcó en el negocio de las autopistas junto a los norteamericanos de Groundwork Development. En un esquema de déficit fiscal y restricción de divisas, el modelo de participación público y privado es un atajo para lograr financiación pero llega desde el Reino Unido y España envuelto de más sombras que luces, en especial por el mecanismo de renegociaciones contractuales que pueden aumentar los precios iniciales de las obras.
En las renegociaciones, tener una línea directa entre privados y Estado resulta particularmente valioso.
En este caso, hay antecedentes.
