Mientras el debate por el aumentos en los servicios públicos se instala ahora en el Parlamento, el presidente Mauricio Macri ratificó esta mañana la suba de tarifas al sostener que "todos tenemos que comprometernos" a cuidar la energía porque "si el país no tiene energía, no puede crecer".

De visita en la localidad santafesina de Las Rosas, el Jefe de Estado puntualizó que la Nación "está haciendo obras importante para llevar el gas a lugares donde no existen". "Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco van a mejorar la distribución", señaló.

En este sentido y en el marco de las obras de infraestructura, Macri recordó que la Nación está encarando un gasoducto "que va a beneficiar a una parte importante de Santa Fe".

Dijo que el Gobierno busca que haya más paridad en las tarifas de la zona metropolitana con las el resto del país, y puso de relieve que los valores que los usuarios abonan por energía siguen siendo "muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile".

"Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale", puntualizó el Presidente.

Macri visitó además un jardín de infantes inaugurado en marzo último y construido con fondos de la Nación. Saludó a chicos de 3, 4 y 5 años de los barrios Questa, Vaieretti y 27 de Marzo, que concurren al Jardín de Infantes N° 348, ubicado en Independiente y Entre Ríos.

Además, junto a vecinos y el intendente local, Javier Meyer, recorrió obras de pavimentación que se realizaron en el marco de un plan federal, a través de un convenio entre el Municipio y Nación.

Cada legislador autor de un proyecto tuvo un breve tiempo para defender las propuestas. Ninguna logró tener los dos tercios de los votos necesarios para que puedan ser tratadas.

Tal cual lo decidido al cabo de un cuarto intermedio, la Cámara baja se dedicó a tratar uno por uno todos los proyectos puestos en consideración de esa sesión especial. Y uno a uno se fueron votando, imponiéndose todos, pero sin conseguir ninguno los dos tercios necesarios. Cuando todavía no habían transcurrido diez exposiciones, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, pidió que se hiciera una votación en conjunto al final de todos los discursos, pero la oposición lo rechazó.

El primer proyecto puesto en consideración fue el de Argentina Federal y el massismo, que consiguió 132 votos a favor y 106 en contra. Era el proyecto de ley de Razonabilidad en las Tarifas de Servicios Públicos, sobre el que expusieron Diego Bossio y Carolina Moisés.

El diputado salteño Javier David (Justicialista) expuso en torno a su proyecto sobre “tarifas subsidiadas en épocas estivales”, objetándole al Gobierno que hubiera prometido que a esta altura tuviéramos una inflación menor, entre otras cosas. Recordó que antes de la sesión frustrada de la semana pasada, el presidente había dicho que no se trataría el tema tarifas, y sin embargo “llevamos siete días discutiéndolo”, ya que “la agenda de los argentinos pasa por encima de lo que a veces la política cree que puede o no puede discutir”.

También cuestionó lo expresado por la gobernadora María Eugenia Vidal a partir de eliminar impuestos en la provincia de Buenos Aires, hablando de “inequidad”. “No es justo que se paguen más tarifas en el interior que en la Capital Federal”, se quejó, alertando sobre “un país que se dice federal y cada vez es más unitario”.

Sobre el mismo proyecto habló el tucumano Pablo Yedlin (Justicialista), quien alertó sobre el costo del traslado del gas, como así también el de la distribución de la energía, y también observó las inequidades con relación a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. “Tenemos que dar una discusión de fondo”, reclamó. Ese proyecto no obtuvo los dos tercios necesarios: 139 votaron por la afirmativa y 101 en contra.

“Criterios diferenciales para la equidad tarifaria federal”, era la iniciativa siguiente, sobre el que habló Mayra Cresto (Justicialista), quien celebró que se estuviera hablando del tema. “Los entrerrianos seguimos esperando la tarifa diferenciada que se nos prometió cuando se creó la represa de Salto Grande”, reprochó, reclamando un reconocimiento para los entrerrianos por lo que les corresponde.

Andrés Zottos (Justicialista) expresó luego su preocupación porque el problema “desnuda la realidad de nuestro país, que cada vez es más unitario”. “Con tarifazos no solucionamos los problemas”, observó, quejándose porque en su provincia, Salta, “somos productores de gas, de energía y pagamos más caro que acá en Buenos Aires. Eso es injusto… y después cada vez más argentinos vienen a la Capital, no se quejen”. El resultado de la votación fue 134 votos afirmativos, y 100 negativos.

El proyecto siguiente proponía declarar la emergencia tarifaria para los consumidores y usuarios por un año. Graciela Camaño celebró que el bloque oficialista hubiera decidido concurrir a la sesión, pero lamentó que en realidad fuera una estrategia para obstruir. “Lo que queremos discutir es sobre el problema que tiene nuestra sociedad con el tarifario que ha fijado el Poder Ejecutivo Nacional”, dijo, advirtiendo que “hace tres años que venimos planteando este tema”.

Cuestionó duramente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, al que llamó “señor Shell”, y sostuvo que el problema del Ejecutivo es “tener el huevo de la serpiente metido en Balcarce 50; funcionarios que eludiendo la Ley de Etica hoy son funcionarios y representan los intereses de sus empresas”. Sostuvo que “las tarifas no pueden aumentar más que lo que aumentan los ingresos”, y terminó poniendo como ejemplo lo sucedido con la resolución 125. “Acá se hizo mucho, pero ya estaba la bomba explotada”, agregó, y alertó que “este es el camino que mucho me temo ha comenzado a transitar Cambiemos”. El proyecto consiguió 139 votos afirmativos y 101 en contra.

Luego fue el turno del proyecto que propone congelar las tarifas y retrotraerlas a los valores de 2016. Nicolás del Caño habló de “tarifazos brutales”, cuestionando que los mismos se aplicaran sobre “sectores populares, no a los grandes grupos económicos”. Aseguró que “la bronca es enorme”, y habló de un “gobierno de ricos”. Insistió en reclamar saber cuál fue el destino de los 100 mil millones de dólares otorgados en subsidios a las empresas. Asimismo propuso la nacionalización de esas empresas, y luego fue por más, proponiendo “nacionalizar la banca y el comercio exterior”. La votación resultó con 129 votos a favor y 102 en contra y una abstención.

A su turno, Silvia Horne (Peronismo para la Victoria), autora de un proyecto para que se dejen sin efecto los aumentos en tarifas de servicios públicos desde el 1 de enero de 2016, expresó: “señor presidente, su gobierno ha puesto una condición tarifaria que no puede ser cumplida. Este señor (Juan José) Aranguren en realidad no está gobernando, está defendiendo intereses privados de sus empresas. Las tarifas han aumentado más del 1.000 por ciento y los salarios han caído a la mitad, ¿de qué gradualismo están hablando?”, añadió la diputada del Movimiento Evita. La iniciativa obtuvo votos 129 positivos y 103 negativos.

También, con 120 votos a favor y 102 en contra, fue bloqueado el proyecto de Victoria Donda (Libres del Sur), que propone no interrumpir el servicio por falta de pago a entidades de bien público. “Detrás del discurso de la pesada herencia y del desorden que teníamos lo que estamos encubriendo es una fenomenal transferencia de acciones, una fenomenal transferencia de dinero a los sectores más concentrados”, denunció.

Inés Lotto defendió a su turno su iniciativa referida a tarifas diferenciadas para usuarios del NEA sin acceso al gas natural. La diputada Inés Lotto sostuvo que su iniciativa pretendía generar condiciones equitativas para la región del NEA. Su compañero de bloque Gustavo Fernández Patri recordó que en esa región habita el 10% del país, por lo cual pidió tarifas diferenciadas, y advirtió que los aumentos estaban afectando “no solo a las familias, sino también al tejido productivo del NEA”. Hubo 127 votos a favor y 101 en contra.

A su turno, el mendocino José Luis Ramón expuso sobre su proyecto para incluir las tarifas de gas de uso domiciliario a la provincia de Mendoza dentro de la región patagónica. Se basaba en que las condiciones climáticas de su provincia son iguales a las de la provincia de La Pampa. En rigor, se trataba de un proyecto ya tratado en las comisiones de Energía y de Defensa del Consumidor, por lo que pidió preferencia para que sea incorporado al temario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunirá el miércoles venidero. El proyecto tuvo 128 votos a favor y 98 en contra.

Luego correspondió al proyecto sobre tarifa diferenciada para establecimientos culturales y artísticos. Juan Cabandié habló de “un impedimento tras otro del oficialismo de solucionar un problema de la gente”. “Están tirando la pelota para adelante y recurriendo a poner palos en la rueda a los problemas de la gente”, se quejó. Se refirió al discurso del presidente en Vaca Muerta, dijo que allí se advertían dosis de “cinismo” y responsabilizó al Gobierno porque no se produce más energía. En un pasaje, le apuntó a los diputados radicales a los que pidió que “rompan la obediencia debida y se pongan del lado de la gente”.

Su par José Ciampini acusó al presidente de haber ido a Vaca Muerta a hacer “un spot publicitario” y se quejó por la baja de la producción de YPF. La votación tuvo 129 votos positivos y 102 negativos.

Luego fue el turno de un proyecto para un tratamiento diferencial de los combustibles en la provincia de Misiones. Daniel Di Stéfano habló de lo perjudicada que está su provincia desde la liberación del precio del combustible. “La provincia de Misiones pierde hasta 800 millones de pesos mensuales”, señaló, alertando sobre la cantidad de comprovincianos que van a cargar sus tanques a países limítrofes. Su par Jorge Franco avaló sus dichos diciendo que el costo fiscal de lo que pedían sería inocuo porque “se va a compensar cuando los misioneros y los argentinos se queden a comprar en la provincia”. El proyecto fue apoyado por 114 diputados y rechazado por 102.

Para exponer sobre el proyecto que pretendía dejar sin efecto los aumentos en el precio de la garrafa de gas licuado, expuso Daniel Martínez, quien mostró durante su discurso la tapa del diario Río Negro en la que se hacía referencia al pedido de una persona de un préstamo para pagar la luz. El legislador pidió al oficialismo recapacitar su posición y cuestionó que los proyectos en debate no hubieran tenido giro también a la Comisión de Energía que él preside. 121 diputados votaron a favor, 101 en contra.

Felipe Solá expuso a continuación sobre el proyecto incrementos a las alícuotas de gas y aguas reguladas por medidor. “La decisión del aumento del gas la tomó Aranguren en 17 días”, se quejó, alertando sobre “una decisión ideológica”. “Este Gobierno ha venido a sincerar los costos”, sostuvo, quejándose también porque “a las empresas no se las toca”. Tuvo 126 votos a favor y 100 en contra.

Para exponer sobre el proyecto que pide que el PEN disponga medidas para equilibrar el acceso y el costo del servicio público de gas natural, habló Alejandro Snopek, quien reclamó “equidad y justicia” en las tarifas de gas, como así también “establecer los criterios” en las decisiones del ENARGAS. La votación resultó 124 a favor, 96 en contra.

Sobre el proyecto sobre combustibles líquidos y gas natural y la modificación de artículos de la Ley 23966 expuso el diputado massista Alejandro Grandinetti, quien apuntó a las empresas detallando sus ganancias durante el último año. “Está muy bien que ganen”, admitió, pero advirtió que “la sustentabilidad que pide el Gobierno no la aplican a las tarifas”. La votación resultó: 110 votos a favor, 101 en contra y una abstención.

Tasa cero del IVA a productos de la canasta básica, sugería el proyecto siguiente, que fue defendido por Carlos Selva, quien admitió que resultaba descontextualizado incluir ese proyecto dentro de esa discusión, pero aclaró que ameritaba en la situación actual. “No se en qué país del mundo las empresas de gas pueden llegar a ganar en dólares el 725% en las acciones, 546%, 162%... en dólares. Eso se da en la electricidad, 119%, y en autopistas 354% en dólares las acciones de las empresas”, cuestionó. Tuvo 101 votos a favor, 98 en contra.

Sobre precios de la canasta básica y reducción de las distorsiones de precios en la economía habló el massista Daniel Arroyo, que trazó un grave cuadro social producto del esquema de tarifas. “Algo no anda bien en un país donde a los clubes de barrio les va mal y al que vende droga le va bien; donde el verdulero la tiene complicada y la financiera de la esquina florece; algo no anda bien en un país donde el panadero tiene que venir a entregar el pan que produce y le va bien al financista del barrio”, señaló, remarcando que “los que la pasan bien son los que no producen nada”. La votación resultó 108 a favor, 98 en contra.

El proyecto siguiente tenía que ver con el IVA y la exención del mismo a la leche ultrapasteurizada. La cordobesa Adriana Nazario hizo hincapié en el impacto de la inflación. Recordó que en su momento los legisladores excluyeron del IVA a la leche pasteurizada, pero por la desactualización del decreto reglamentario del Código Alimentario, no se incluye en la actualidad a la leche ultrapasteurizada. Votaron a favor 100 diputados y 99 en contra.

Régimen automático de reintegro del IVA a la exportaciones y asimilables efectuados por micros, pequeñas y medianas empresas. El diputado Marco Lavagna admitió que se debe hablar del costo fiscal, pero también de cuánto más de IVA se lleva la Nación con el aumento de las tarifas. “Eso también tenemos que discutirlo”, alertando también sobre el impacto fiscal de medidas como las del PPP. “Cuando hablamos del costo fiscal, también tenemos que hablar de cuanto más está recaudando la Nación si en vez de tener una inflación del 10%, será del 25%, porque eso es más recaudación de impuestos”, advirtió, afirmando que “en materia tarifaria estamos haciendo las cosas mal”. En este caso, por ausencia de opositores, el proyecto perdió la votación: hubo 88 votos a favor, 96 en contra y una abstención.

El proyecto siguiente refería a la derogación de algunos artículos del impuesto a las Ganancias. Marcela Passo advirtió sobre “un consumo interno cada vez más degradado, producto de las políticas que este Gobierno está llevando adelante”. Hizo referencia a los panaderos que estaban regalando pan fuera del Congreso y a la gente que desde la madrugada hacía cola para recibir medio kilo. “Para colmo nos encontramos con que con una soberbia inexplicable nos echan en cara que una boleta de 1.000, o 1.500 pesos es poca plata”. La votación de ese proyecto tuvo también resultado negativo: terminó 95 a favor y 96 en contra.

La iniciativa sobre Acceso Igualitario a Servicios Sociales y Bienes Públicos fue defendida por Verónica Mercado, José Luis Gioja y Martín Pérez. La primera sostuvo que “lo único que estamos haciendo es volver a dar la espalda al pueblo argentino”, y afirmó que “la gente ya no puede comer”, lamentando que “vamos a salir de aquí sin darle respuestas a la gente una vez más”. El sanjuanino Gioja pidió al oficialismo tomar nota de que “este Parlamento quiere discutir tarifas y no acepta el régimen tarifario vigente, que no está hecho para nuestra gente, nuestro pueblo. Se está concentrando la generación, el transporte de energía”. En su discurso cuestionó el sistema de PPP, que según dijo “ha dado pésimos resultados en otras partes del mundo”, y que sostuvo pretenden incluirse en la realización de obras energéticas. Por último, el fueguino Martín Pérez también habló de las ganancias excesivas de las empresas del rubro energético. La votación de ese proyecto terminó 103 a favor, 99 en contra.

Fernando Espinoza habló de un proyecto para implementar la emergencia tarifaria por seis meses, haciendo referencia a una “locura de tarifas impagables”. Pidió a sus pares reflexionar, porque “mientras nosotros estamos acá hay gente que no puede comer todos los días del mes”. Según el exintendente de La Matanza, “bajamos dos puntos de las Lebacs y se soluciona todo”. “Hay que terminar con esto porque no se puede más”, sostuvo. La votación resultó rechazada al recoger 109 votos a favor y 101 en contra.

Por la anulación de los aumentos tarifarios habló la diputada Romina del Plá, que consideró que “el tema de la tarifas vino para quedarse”, y aseguró que “está entrando en cuestionamiento todo el sistema de servicios públicos privatizados”. Aseguró que las empresas “siempre ganan”, porque les siguen pagando subsidios “a estas empresas que nos están esquilmando”. La votación dio como resultado 114 votos a favor y 103 en contra.

La pelea por las tarifas va camino a convertirse en una guerra de posiciones de largo aliento. Al contrata ataque de los gobernadores, que le reclamaron a Mauricio Macri que baje el IVA que pesan sobre las facturas (una respuesta al pedido presidencial para que las provincias bajen los gravámenes sobre los servicios públicos), el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , les envió esta mañana un email a los 24 ministros de Economía provinciales. Allí detalla cuál sería el costo fiscal para cada uno de los distritos de llevar a cabo la medida que proponen.

Según los números de Interior, la eliminación total del IVA sobre la luz, el agua y el gas (un impuesto coparticipable) implicaría resignar $39.997 millones que deberían ser distribuidos entre diversas dependencias estatales. En el escenario "de máxima", con una inflación de 19%, el Tesoro perdería $12.520 millones, poco más de un 31% de los recursos en juego, seguido por Anses, con $5902 millones (de allí salen no sólo las jubilaciones, sino también los subsidios sociales).

Entre las provincias, la más perjudicada resultaría Buenos Aires, con un recorte de $4211 millones en los recursos que transfiere la Nación. Pero el beneficio para el usuario de servicios públicos también afectaría a distritos que no están gobernados por el oficialismo: Córdoba perdería $1801 millones; Santa Fe, $1851 millones; Chaco $940 millones; Tucumán $886 millones y Santiago del Estero, $770 millones.

La ciudad de Buenos Aires también estaría entre las grandes perjudicadas. Resignaría $1149 millones.

Los gobernadores criticaron el reclamo de Macri para que las provincias bajen impuestos. Sostienen que muchas de ellas no tienen el margen de María Eugenia Vidal para responder a la demanda presidencial.

En el caso de un consumo de electricidad de 300 kWh/mes, según el ejemplo que mostró anteayer el Gobierno en la reunión que mantuvo con funcionarios provinciales, este mes nadie pagará más impuestos nacionales y provinciales (no se incluyen tasas municipales) que un usuario de EDES, la distribuidora del sur de Buenos Aires. Fueron $483 por boleta.

La siguió de cerca EDEN, la distribuidora de la zona norte de Buenos Aires, que para la misma factura tendrá impuestos por $457, y EDEA (la mayor distribuidora del interior de la provincia) con $398.

Pese a la cercanía geográfica, los bonaerenses pagan mucho más en impuestos que los habitantes de la ciudad y el Gran Buenos Aires en general. Por caso, un usuario del mismo consumo de Edenor desembolsará este mes $139 y uno de Edesur, $140. Casi nadie desembolsa menos para gravámenes nacionales y provinciales que ellos, salvo por un chubutense, que destina $94 a esta tarea.