La Sala I rechazó un recurso que pretendía llevar el caso al fuero Penal Económico. Mañana se realizará una audiencia para resolver si Cristóbal López vuelve a prisión.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa Oil Combustibles, que investiga la presunta evasión impositiva por 8 mil millones de pesos del empresario Cristóbal López, continúe en manos del fuero federal y del juez  Julián Ercolini.

Con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi, Casación declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa del empresario para que la causa regrese al fuero penal económico (para que sea investigada como un delito tributario y no como un delito de corrupción), y dispuso que la causa siga en el fuero federal.

Ahora, la Sala I deberá definir si mantienen los procesamientos, por qué delito, y si los acusados deber ser detenidos o continuar en libertad. Para ello convocó a una audiencia que se realizará mañana.

La Sala I de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, aceptó a principios de abril las apelaciones de la AFIP y del fiscal general Germán Moldes para que la causa por la millonaria evasión pase a la Cámara de Casación.

Eso fue luego de que el fiscal general Moldes apelara el fallo de la Cámara que liberó a Cristóbal López y modificó el delito del hecho de administración fraudulenta a apropiación indebida de tributos. Al mismo tiempo pidió la detención del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y de los empresarios.

"El personaje principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el antes todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez temido custodio de secretos comprometedores", sostuvo Moldes en su dictamen.

López y Echegaray, entre otros, fueron procesados en diciembre pasado por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta porque los empresarios no pagaron 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible y porque Echegaray lo avaló al no controlarlos en su rol de titular de la AFIP. La ley establece que una parte de lo que el contribuyente paga cuando carga combustible va al Estado en concepto de tributo y la empresa actúa como agente de retención. En este caso, no se pagó el impuesto de mayo de 2013 a agosto de 2015.

El juez entendió que López debía estar preso porque durante la investigación intentó desprenderse de empresas, lo que para Ercolini significa un entorpecimiento de la causa.

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el 16 de marzo pasado los procesamientos  -pero por otro delito- y liberó a López. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero consideraron que no intentaron eludir la Justicia porque la venta de las compañías del Grupo Indalo quedó supeditada a una autorización judicial, lo que fue presentado al juez Ercolini, quien siempre lo rechazó.

También señalaron que el caso no es una administración fraudulenta, sino una apropiación indebida de tributos porque el dinero nunca ingresó al Estado. En disidencia, el camarista Leopoldo Bruglia votó por confirmar las detenciones y la administración fraudulenta.

El fallo de la Cámara ya había sido apelado por la AFIP, que actúa como querellante. El organismo recaudador también había pedido que el delito sea el de administración fraudulenta.

Ahora tendrán identidad en el expediente y pueden convertirse en un actor importante ante una eventual quiebra.

El juez Javier Cosentino, que tiene a cargo el concurso preventivo de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, reconoció en el expediente a la cooperativa que están conformando los empleados de la empresa, según pudo confirmar El Cronista.

Con su reconocimiento judicial, la Cooperativa de Trabajo Petroleros Santafesinos empieza a tener identidad en el expediente y se convierte en un actor importante de la causa ante un eventual decreto de quiebra. Los trabajadores le informaron hace un mes al juez Cosentino, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 5, que habían tomado la decisión de constituir una cooperativa en la que casi la mitad de los empleados de Oil decidieron ser socios.

Al mismo tiempo, le habían pedido que habilitara –tal como luego hizo- la instancia de salvataje de la empresa, una maniobra legal conocida como "cram down", que permitiría que acreedores o inversores interesados puedan quedarse con la empresa.

“El salvataje da la posibilidad de conocer si existen interesados en participar de un cramdown que impidan la declaración de quiebra empresaria, cuyas consecuencias pueden resultar nefastas para los trabajadores”, manifestaron entonces los empleados.

“Nosotros tenemos la mano de obra calificada. Nos falta el capital pero, al contar con una cooperativa, los inversores interesados que están dando vueltas tienen un piso jurídico. A ellos les interesa el muelle y la planta fluvial y a nosotros, que la refinería se mantenga en marcha”, había explicado Héctor Brizuela, dirigente gremial e integrante del comité de control de la empresa.