DAVID CAYÓN

 Las provincias aceptaron financiar parte del costo para retrotraer los valores del bimestre a los de 2017 y estudiar reducir la carga impositiva según el costo fiscal

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, logró el compromiso de una veintena de provincias de avanzar en un sistema de cofinanciación de la tarifa social del gas, para reducir el impacto del aumento para los sectores de menores recursos.

Ayer, en un encuentro en el quinto piso del Palacio de Hacienda, Aranguren reunió de urgencia a 17 de las 20 provincias que conforman el Consejo Federal Energético. Allí se alcanzó un "principio de acuerdo" para que financiar en partes iguales la Tarifa Social y empezar a reducir la carga impositiva sobre las facturas de gas natural por red.

El encuentro en donde se discutió la conformación de la tarifa fue presidido por el propio Aranguren, y contó con la presencia de su par de Interior, Rogelio Frigerio. La reunión tuvo como telón de fondo el anuncio de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que había anticipado su decisión poco antes del inicio de la cumbre energética.

 "Se avanzó bastante, hay un principio de acuerdo de aportar 50% y 50% entre Nación y las provincias. Aún falta una resolución final porque algunos distritos tenían que consultar con sus gobernadores y analizar el impacto fiscal de la medida", explicó una fuente cercana al ministro Frigerio al término del encuentro.

Con esta medida, significa que los casi dos millones de usuarios de gas natural en todo el país que acceden a este sistema mantendrán los valores de 2017 en el bimestre mayo-junio. "Nos propusieron compartir el esfuerzo que significa que el bimestre mayo-junio se retrotraiga a niveles del año pasado, a lo cual varias provincias accedimos y otras tienen que hacer su consulta", explicó Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.

Otro punto que se discutió en el encuentro, y que se llevará a cabo, es que la tarifa social dejará de estar bajo la órbita de Energía y Minería y pasará a la de la AN SeS. "Con este cambio, habrá que llevar adelante un reempadronamiento de parte de los usuarios que necesiten acceder a este beneficio". se explicó. Las consultas a las autoridades provinciales en su mayoría están relacionadas con el costo fiscal de la medida.

El impacto fiscal no es menor teniendo en cuenta que también se discutió el pedido que horas antes había realizado el presidente de la Nación Mauricio Macri de reducir la carga impositiva en las boletas de gas y que, minutos más tarde, anunciaba la gobernadora María Eugenia Vidal

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la reducción impositiva "tiene un costo de $ 3000 millones que ya estaban asignados y que ahora vamos a tener que readecuar", explicó a El Cronista el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, minutos antes de explicar ante sus pares la fórmula que aplicará la provincia. Mendoza, otra de las provincias que participó del encuentro, ya había adelantando que acompañaría la medida y que hacerlo le significaba al erario provincial un costo de $ 30 millones.

Otro punto que se discutió en el encuentro fue la necesidad de reducir la carga tributaria sobre las boletas Como anticipó El Cronista, el representante de Córdoba propuso que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordene a las distribuidoras de gas que dejen de facturar en sus boletas las tasas que cobran los municipios. Esto ya viene sucediendo en la provincia mediterránea, lo cual está generando un conflicto entre el gobernador Juan Carlos Schiaretti y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre.

Lo mismo sucede con bajar los impuestos en la provincia, porque parte de la recaudación es coparticipable. "Una parte de la rebaja de impuesto sale por decreto y otra por ley en donde se establece lo que dejan de recibir los municipios como parte del esfuerzo que hace cada uno", explicó Lacunza.

A partir de esto es que muchos de los distritos que participaron del encuentro dejaron la promesa de estudiar cómo podrían llevar a cabo esta baja en los impuestos que aparecen en las facturas, ya que algunos lo podrían hacer por decreto y otros deberían pasar por las legislaturas. En el encuentro se utilizaron datos de un informe del IARAF en donde se explica que ante una suba del 100% de la tarifa, si se eliminara la totalidad de la carga tributaria indirecta, el incremento se reduciría al 46%.

Pero mientras Macri, Vidal, Frigerio y Aranguren pedían a los ministros provinciales que redujeran la presión sobre los servicios, dejaron en claro que hay tributos que no se tocan. "Pueden tocar cualquier impuesto, pero no el IVA, esto tiene que tener costo cero para el Gobierno", indicaron en el Gobierno

FLORENCIA ARBELECHE

 El pedido para reducir o eliminar impuestos debe pasar por el tamiz de la política. Anticiparon que evaluarán impacto fiscal de las medidas. Todavía es lento el cumplimiento de la rebaja impositiva comprometida en el Consenso Fiscal firmado en noviembre pasado.

A esta altura ya nadie discute que la pelea por las tarifas tiene, además, una razón política. Y el condicionamiento de varios gobernadores al pedido que casi con tono plañidero lanzó Mauricio Macri desde Neuquén, primero, y Juan José Aranguren, después, para que los distritos amortigüen el impacto de las subas en el gas y en la luz, es una prueba de eso.  Sólo el alineamiento incondicional de María Eugenia Vidal quebró ayer la lógica de la negociación a la que, inevitablemente, debe someter el Gobierno cada acuerdo con las provincias.

Frente al resto de sus colegas la bonaerense tenía pocos argumentos para negarse a anunciar, casi en simultáneo con el mensaje desde Vaca Muerta, una rebaja del 15%. No sólo recuperó -vía eliminación del Fondo del Conurbano- un adicional de $65 mil millones, sino que la simbiosis política con Macri le allana el camino para pensar en la reelección. 

El eje de la argumentación oficial se ciñe a los recargos por impuestos que aplican las provincias en las facturas de los servicios públicos, que en algunos casos llega al 25 por ciento. Precisamente, el de los impuestos, es el factor de tensión que arrastra la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada desde el Consenso Fiscal firmado en noviembre y que, entre otros puntos, estableció el compromiso de un corset tributario gradual a Ingresos Brutos.

Topes que, en rigor, sólo respetaron hasta el momento 17 distritos, y cinco sin subir ninguna alícuota de ese tributo. La semana pasada, el mensaje llegó desde las propias filas de Cambiemos, cuando el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, materializó una propuesta para "aplanar" el impacto de las subas.

Algunos creyeron ver en esa avanzada cuyana un efecto expansivo de la crisis interna de Cambiemos, entre los socios radicales y el PRO.  El escenario de la política trasciende el límite de la General Paz.

Y desde hace algunas semanas el radicalismo mira de reojo (y con cierta desconfianza) algunos contactos de operadores del Gobierno con vicegobernadores o intendentes peronistas que no desdeñan dar el salto en 2019 hacia la gobernación, incluso si eso significa hacerlo por fuera del estricto marco partidario.

El razonamiento sugiere que, con el objeto de mantener la gobernabilidad el próximo año, el macrismo podría terminar negociando ciertos respaldos a candidatos por fuera de Cambiemos en distritos donde los radicales se entusiasman con acceder al poder, como Santa Cruz, Chubut, Catamarca o Córdoba.

Ayer, por caso, uno de los primeros en condicionar por anticipado la posibilidad de bajar impuestos a los servicios fue el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. La provincia, en tándem con Misiones, Formosa y Chaco, sostiene desde hace tiempo un planteo ante el ministro de Energía por un tratamiento diferencial en materia energética para la región.

Piden postergar hasta 2023 la quita de subsidios al precio mayorista de la energía. Corrientes, en particular, reclama el pago en tiempo y forma de regalías de Yacyretá y créditos para regularizar deudas de las distribuidoras provinciales. "Las tarifas han crecido y eso tiene un impacto fuerte en la provincia.

Ya durante el kirchnerismo, al contrario de lo que pasaba en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que eran los sectores más subsidiados de la Argentina, en Corrientes las tarifas eran altísimas", dijo y dejó en manos de los funcionarios del área la evaluación del costo fiscal que podría tener una reducción impositiva.

El peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió "sentarse a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias". "Porque, si las provincias se van a hacer cargo del subsidio de las tarifas, como nos hacemos cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad, de la Justicia y, aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, hay algo que a mí no me cierra", dijo el mandatario.

Otro peronista, el chaqueño Domingo Peppo, fue todavía menos permeable a la argumentación nacional: "No podemos asumir ningún costo con respecto a la tarifa social. Si hoy no estamos pudiendo cumplir con nuestras boletas, hacernos cargo del 50% del costo de la tarifa social implicaría un caos", aseguró en declaraciones radiales.

Desde Santa Fe, el distrito en el que Cambiemos apuesta a hacer pie el próximo año, el gobernador socialista Miguel Lifschitz también salió a ponerle paños fríos al pedido de Aranguren: "Somos muy serios y responsables en la administración santafesina.

No podemos dar una respuesta sin tener claridad sobre el tema", respondieron desde la Casa Gris ante una consulta de este diario. Antes, el propio Lifschitz había dicho que el Gobierno nacional tiene que "revisar las políticas en materia de tarifaria".

"Queremos conversar estrategias comunes, pero hacen oídos sordos a nuestros reclamos", lanzó. Si bien la "coparticipación" de la tarifa social podría llegar por decreto, la reducción impositiva deberá someterse a debate en cada una de las Legislaturas. Y los tiempos de la política, a veces, suelen ir a contramano del termómetro.