Aunque aún no se sabe cuál será el costo, el ministro de Hacienda Luis Caputo dijo que las empresas lograrán créditos a 15 años. Amplio interés por seis corredores. Resultados, en dos semanas.
El ministro de Transporte Guillermo Dietrich saludaba a todo el que le extendiera la mano y se sacaba fotos con el que se lo pidiera. Poco adepto a las demostraciones, se lo notaba exultante. Había llegado al segundo piso del Centro Cultural Kirchner con el dato de que había ocho ofertas y lo recibieron con la noticia que habían alcanzado las 10 para los primeros contratos de Participación Público Privada (PPP) de la Argentina, lo que catalogó como "un éxito".
Finalmente, ayer a las 11, el Gobierno nacional realizó la apertura de los primeros sobres denominados "Certificación de Calidad de los Oferentes" y logró que 10 consorcios de 19 empresas locales y 7 internacionales presentarán la documentación para seguir el proceso que tiene como siguiente paso en mayo abrir las propuestas económicas de las 32 ofertas para licitar los 3300 kms de rutas nacionales repartidos en seis corredores viales, informó El Cronista
Los diez consorcios de empresas argentinas e internacionales que se presentaron en la licitación de autopistas y rutas fueron los siguientes:
1. Helport S.A. - Panedile SAICFeI S.A - SA Obras y Servicios Copasa (España)- Eleprint S.A.
2.Ci Grodco Ingenieros Civiles S.A. (Colombia) - CRZ Construccionbes S.A. - Grupo Alberdi S.A.;
3. Rovella Carranza S.A. - JCR S.A. - Mota-Engil Latin America B.V. (Portugal).
4.CCA Civil Panamá S.A. -Green S.A. El quinto consorcio está conformado por Paolini Hermanos S.A. - Vial Agro S.A. -INC SpA (Italia).
5. José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
6. Benito Roggio e Hijos
7. SACDE-ODS-GROUND WORK
8 José J. Chediak S.A.I.C.A,
9. MSU Infraestructura S.A.-UCSA S.A. e Inversiones PPP SAU;
10. Techint Compañía Técnica Internacional SACI y Acciona Concesiones S.L.(España)
Los corredores que se licitaron fueron las rutas nacionales (RN) 3 y 226 (A), la RN 5 (B), RN 7 y 33 (C), RN 8, 36, A-005, 158, 188 (D); RN 9, 11,34,193, A-008, A-012 (E); Autopista Rosario-Córdoba RN9 y 33; G: RN 12 y 16; H: RN 34, 9, 66 y 1V66; I: RN 19 y 34 (F) y el Corredor Sur: Au. Riccheri, Avenida Jorge Newbery, Autopista Ezeiza - Cañuelas y rutas 3 y 205. La decepción de la licitación fue la no participación de la coreana Hyundai, que hasta ayer era un número seguro según habían dicho fuentes oficiales. El ministro Dietrich explicó que esta etapa implica "una inversión de aproximadamente u$s 6000 millones" y negó que se hayan realizado rebajas de impuestos a los consorcios que participen de las obras, en especial sobre Ganancias.
Aunque hubo beneficios para atraer empresas como la posibilidad de plantear una jurisdicción externa para discutir las diferencias, modificar el pago del IVA para los proveedores, la posibilidad de realizar importaciones temporarias de maquinaria sin costo; y subas de peajes que reaseguren el flujo; y la certeza de contar con los fondos para pagar los adelantos de las obras que se realizarán con bonos en dólares; los ministros se encargaron de dejar en claro que no se modificó Ganancias.
Por su parte, y en medio de las críticas de varios empresarios locales y sectores políticos porque aún no se sabe cuál será el costo que pagará el Estado por esta operación y que, por otro lado, muchos de los que participan adelantaron que el "costo de kilómetro de PPP sale tres veces más caro que el de la obra pública común".
Frente a esto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se refirió a esto señalando que "el nivel de tasas que consiguió la Argentina, el más bajo de su historia, permitió que las empresas que participan de la licitación de corredores viales puedan conseguir financiamiento a 15 años y ofrecer precios competitivos", indicó Caputo.
Luego de varias postergaciones, finalmente se llevó a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas de la primera etapa de licitación de las obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte llevará adelante bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).
En total, se recibieron 32 ofertas preliminares por parte de 7 de empresas internacionales y 19 locales, y entre las que figuran, Techint, Paolini Hermanos, y Roggio, entre otras.
"Es un día histórico", consideró el ministro de Finanzas, Luis Caputo, al argumentar que "involucrar al sector privado en las obras de infraestructura es lo adecuado".
Por su parte, el titular de la cartera de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó que hasta no hace mucho "nadie se enteraba de las licitaciones" y prometió que este primer tramo se terminará en cuatro años.
"Esto demuestra que las empresas argentinas e internacionales están dispuestas a intervenir y cooperar para que la infraestructura crezca", destacó. Para este primer tramo, que consta de seis corredores, y estiman se llevará a cabo en cuatro años, la inversión será de u$s 6 mil millones para un total de 3.353 kilómetros de rutas
. Los ganadores de los contratos viales serán anunciados entre el 16 de mayo y el 1 de junio, y las empresas se harán cargo de las concesiones a principios de junio. Al finalizar el anuncio formal por las ofertas recibidas, los ministros de Finanzas y Transporte, brindaron una conferencia de prensa en los pasillos del CCK, donde el eje de las preguntas de los periodistas fue sobre el financiamiento por PPP.
Vale recordar que, según el proyecto del oficialismo, los ingresos de los contratistas provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.
En este marco los funcionarios descartaron que en Argentina suceda algo parecido a España, donde el Estado tuvo que salir al rescate de las empresas que no pudieron afrontar la totalidad de las obras.
"Eso no pasará en el país, porque el sistema es distinto.Acá una vez por año se presupuestará en el Congreso el faltante necesario", dijo el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
Asimismo, Dietrich aseguró que "no se condonarán impuestos federales" a los inversores". "Se aclaró que en el caso de los intereses no pagan IVA, pero como contrapartida estas empresas van a pagar muchísimos impuestos para el país", añadió.
En este marco, afirmó que se planean recaudar u$s 4.000 millones en impuestos en los próximos cuatro años. La mitad de esos fondos, aseguró, irá a las provincias.
Al finalizar, los funcionarios remarcaron en la necesidad de que "todos los inversores se queden", sean o no adjudicados a las obras. "No nos va a alcanzar sólo con los inversores locales para fondear el total de u$s 26 mil millones (total que llevarán todos los tramos), necesitamos que los inversores que no sean adjudicados en esta obra se queden a hacer el RER y otras obras", pidieron.
Esta licitación de Vialidad abrirá el camino de los PPP en la Argentina y son para construir 2500 kilómetros de rutas y autopistas que recorren las zonas agropecuarias, como parte del plan para renovar los corredores viales de todo el país conocido como Red de Autopistas y Rutas Seguras. Con el fin de asegurarse el éxito –necesario para suplir la caída tanto en fondos como en licitaciones de la obra pública– el Gobierno aprobó una cantidad de beneficios impositivos y judiciales para quienes ganen las licitaciones.
Así aprobó la posibilidad de plantear una jurisdicción externa para discutir las diferencias, modificar el pago del IVA para los proveedores, la posibilidad de realizar importaciones temporarias de maquinaria sin costo; suba de peajes que reaseguren el flujo; y la certeza de contar con los fondos para pagar los adelantos de las obras que se realizarán con bonos en dólares.
Mediante un decreto, estableció que a partir del 1 de enero de 2020 "la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) –alrededor de $ 20.000 millones– al Fideicomiso Individual PPP para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas".
Alcadio Oña
El Gobierno pondrá en marcha hoy una jugada fuerte; fuerte, en cierto sentido arriesgada y nada libre de complicaciones políticas. Se trata de la licitación de un paquete de obras bajo el formato de programas de participación público-privada, conocidos como los PPP en el idioma de constructores y banqueros.
Justamente hoy comenzarán a conocerse las ofertas empresarias para seis grupos de autopistas y rutas. Contemplan tanto la construcción, como la ampliación, la mejora y el mantenimiento de 2.500 kilómetros de corredores, con inversiones estimadas en nada menos que 6.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años.
Una de las ventajas atribuidas al modelo es que no compromete recursos fiscales de inmediato sino al final de las obras, un alivio en tiempos de cuentas seriamente desequilibradas. Otro, que atiende notorios y caros déficits de la infraestructura vial y el tercero, que aportan inversiones privadas imprescindibles.
Hasta ahí, algunos de los beneficios. Los riesgos o parte de los riesgos pasan por cuánto pidan las empresas y, de seguido, por la necesidad de que el Gobierno presente todo de un modo capaz de licuar los cuestionamientos que sobrevendrán, casi inevitablemente, desde la oposición.
Es que según admiten las constructoras el precio duplicará y hasta puede triplicar al de obras públicas realizadas en base al método tradicional.
Ponen aquí el costo del financiamiento, que aunque al principio será sostenido por un préstamo puente de entidades locales luego derivará, inevitablemente, de créditos tomados en el mercado internacional.
Dicen: “Pensemos en un financiamiento externo que puede resultar dos o tres puntos más alto que el de la deuda soberana, o sea, sobre el que paga el Estado Nacional”. Eso, dicen, implicaría “tasas en dólares del orden del 10% anual, quizás mayores al 10%”.
Añaden a la factura comisiones, seguros y otros gastos similares, más los llamados eventuales. “Imaginen que si estamos hablando de cosas que son megaproyectos en cualquier lugar del mundo, por los implícitos de aquí son bastante más que megaproyectos”, dice un constructor.
Responden desde el frente oficial: “Veremos qué cargan a las ofertas antes de aprobarlas, porque ellos parecen dispuestos a poner de todo con tal de cubrirse”. Una punta del ovillo empezará a asomar hoy, cuando se abran los sobres con las propuestas.
Aún así la transparencia y la información son consideradas clave para el éxito del operativo. “Es la principal meta”, ha dicho Laurence Carter, un experto del Banco Mundial en PPP.
Por eso mismo y por el resto, ya están alertas en la Comisión Bicameral de control presidida por el diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio. Igual que en la Auditoría General de la Nación, a cargo del también peronista Oscar Lamberto.
Entre los funcionarios al mando de la movida señalan que han contemplado las experiencias acumuladas en el mundo con los PPP. “Desde las buenas, a las no tan buenas y a las decididamente malas”.
Vale, para el caso, la lista de costos extra y renegociaciones de contratos en Chile, Perú y Colombia. O los 716 revisados en Gran Bretaña hasta que, después de un pico de 60 proyectos en 2007, decidieron frenar el sistema.
¿Y cuándo calculan que las obras estarán definitivamente en marcha?, le preguntó Clarín a un empresario del sector.
Respuesta: “Pasada la cadena de trámites previos y sobre todo aprobada la operación financiera, hacia agosto el proceso comenzará verse en los hechos”.
La pregunta tampoco salta por casualidad, pues semejante cantidad de obras simultáneas requerirá un gran volumen de materiales, como asfalto, cemento y cal vial. O sea, de insumos cuya producción además de ser récord está hoy al límite y, por lo mismo, tal vez demande importaciones.
Del lado oficial, empuja a fondo una larga serie de incentivos fiscales: va desde desgravaciones y diferimientos de IVA y de Ganancias, hasta avales y garantías del Estado que comprometen recursos públicos. Más el pago semestral de trabajos comprobados, a través de bonos a diez años de plazo que los contratistas podrán negociar en el mercado: deuda al fin, aunque no sea computada así dentro del Presupuesto Nacional.
También entran a la caja de los privados los recursos del impuesto al gasoil y el cobro de peajes, cánones y otros servicios a los usuarios directos.
A pedido de empresas extranjeras que irán asociadas a grupos locales puros, el Gobierno incluyó a último momento la posibilidad de que en caso de litigios puedan intervenir tribunales internacionales. Se sabe, en principio, de un par de compañías españolas, de otras italianas y de alguna colombiana; no aparece ninguna de origen brasileño.
Queda claro que el Gobierno juega mucho y espera mucho de esta primera tanda de proyectos público-privados. Y que no debe dejar cabos sueltos ni correr riesgos, porque después de rutas y autopistas vienen, entre varios más, planes para centrales eléctricas, para minería, comunicaciones y viviendas. Esto es, infraestructura económica y social imperiosa en un país que atrasa.
