Aunque el Tribunal tiene todo el mes para entregar el dictamen, el retraso generó distintas teorías en La Moneda, Andes Iron -titular de la iniciativa- e incluso en los sectores ambientalistas.
Con los crespos hechos se quedaron los actores involucrados en el ya emblemático caso Dominga. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta había señalado que a mediados de abril se conocería el fallo sobre el proyecto minero-portuario, y el día “D” era el pasado miércoles 18 de abril. Pero finalmente la resolución no se emitió durante la semana.
Si bien el fallo está en acuerdo, hasta el cierre de esta edición el escrito final estaba siendo redactado por el ministro Marcelo Hernández. Aunque el Tribunal tiene todo el mes para entregar el dictamen, el retraso generó distintas teorías en La Moneda, Andes Iron -titular de la iniciativa- e incluso en los sectores ambientalistas.
“Ojalá que el Tribunal Ambiental no se ponga muy creativo”, dice un profesional cercano a la empresa. Porque hasta esta semana, en la compañía Andes Iron había optimismo, en el sentido de esperar una sentencia bajo dos escenarios que estimaban como los más probables: uno, que el caso volviera al último acto legal válido, que según la firma era el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual recomendaba aprobar al proyecto. O dos, que se retrotrajera al último acto inválido que ellos estiman, esto es, que volviera al Comité de Ministros, que en el gobierno de Michelle Bachelet rechazó la iniciativa.
Pero la postergación del fallo incitó la imaginación en algunos sectores de la empresa y los hizo pensar en un tercer escenario: que el proyecto se rechace por presiones de distinto tipo.
Incluso, algunos entre las ONG ambientales señalan que el Tribunal postergó su decisión debido a la denuncia hecha por la ONG Oceana sobre un sumario administrativo en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de esta organización ambiental, precisó que “durante el proceso de evaluación ambiental hubo irregularidades que hicimos ver en cada etapa” y “durante la evaluación, el SEA de Coquimbo excluyó del proceso las observaciones de los organismos más críticos al proyecto, como Conaf y el Seremi de Agricultura”.
A esto se suma la reciente investigación sumaria a la cual Oceana accedió por medio de la Ley de Transparencia y donde los funcionarios del SEA de Coquimbo afirman que fueron excluidos de la evaluación del proyecto, denunciando que fue el nivel central el que recomendó la aprobación del mismo, según describe Van der Meer.
En La Moneda el tema se ha monitoreado permanentemente, porque hay un interés del gobierno en incentivar la inversión y este proyecto produce un impacto inmediato en la economía de la zona, creando sobre 10 mil puestos de trabajo, señalan fuentes de Palacio. Pero también tomaron nota de la denuncia de Oceana, dicen conocedores del proceso.
El subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, explicó que los pescadores de La Higuera y la caleta de Chungungo, con quienes se juntó el viernes al mediodía, le preguntaron por qué no había salido el fallo, y les respondió que eso estaba en manos del Tribunal. “El Tribunal Ambiental dijo que iba a sacar el fallo pronto y estamos a la espera y trabajaremos en su minuto en lo que corresponda. Son decisiones que tienen sus complejidades, y me imagino que querrán dictar una sentencia bien estudiada, estas cosas no son decisiones simples”, agregó.
El abogado ambiental Lorenzo Soto señala que en el sector existe gran expectación sobre este fallo, porque es el caso más importante de este tribunal, que además tiene jurisdicción sobre la zona geográfica con más inversiones, cerca de US$ 40 mil millones en proyectos. “Ojalá este fallo esté al nivel y a la altura técnica y jurídica que se espera de la judicatura ambiental”, afirma.
Son decisiones que tienen sus complejidades y me imagino que querrán dictar una sentencia bien estudiada”Rodrigo Benítezsubsecretario de Medio Ambiente.
