Según explica la ministra, esto se relaciona con una etapa de estudios económicos y técnicos sobre nuevas interconexiones en la que se encuentran. Además, asegura que uno de sus objetivos será generar las condiciones para que el mercado entregue señales adecuadas bajo un esquema de asignación eficiente de costos de los servicios.
La ministra Susana Jiménez es una economista que ha dedicado gran parte de su carrera a las políticas públicas de forma tan aplicada que no sorprendió cuando en plena campaña presidencial de Sebastián Piñera la nombraron macrocoordinadora programática junto con Gonzalo Blumel. Se comenta que fue invitada a participar en su primer gobierno, pero que por razones personales prefirió seguir aportando desde su cargo de subdirectora de Políticas Públicas en Libertad y Desarrollo (LyD).
Durante la campaña coordinó varias de las mesas y comisiones programáticas, entre ellas la de Energía. En dicha instancia —eminentemente masculina—, participaban consultores, ejecutivos y ex autoridades del sector con vasta experiencia en el rubro. En esta mesa, además de conducir el trabajo, se impregnó de los desafíos del sector de forma profunda, cosa que no extrañó a quienes la conocen y han trabajado con ella.
Ahora desde el Ministerio de Energía ha puesto no sólo la mirada en las oportunidades de desarrollo locales del sector, sino también en aprovechar la coyuntura para avanzar en acciones que contribuyan a la integración energética regional, viejo anhelo que siempre tropieza con las realidades geopolíticas nacionales y de los países vecinos, pero que a su juicio podría estar más cerca.
—Usted ha relevado bastante la necesidad de trabajar la interconexión regional, dadas las ventajas de compartir distintos tipos de energía entre los países. ¿Cree factible que la situación geopolítica permita avanzar en esta línea en los próximos cuatro años?
—Sin duda alguna. Estamos en un momento político de gran afinidad entre Chile y Argentina que nos permitirá avanzar en materia de integración energética, así como en profundizar la agenda bilateral que tenemos en el sector. Tal como lo afirmaba hace unos días el jefe de gabinete del presidente Macri, Marcos Peña, tenemos una “oportunidad histórica” que no debemos desaprovechar. Para nosotros, esto tiene relación con que estamos en una etapa de análisis y estudios económicos y técnicos con respecto a nuevas interconexiones eléctricas con Argentina, así como con avanzar en la importación y exportación de gas natural aprovechando los siete gasoductos que nos conectan. Esto nos lleva a tener la certeza de que una vez culminada esta etapa más técnica, contaremos con la voluntad política de ambos gobiernos para materializar los proyectos de integración energética.
—En el caso de Bolivia no se puede avanzar dadas las condiciones actuales. ¿Pero cómo evalúa las relaciones con Perú en la materia?
—Si bien acaba de asumir un nuevo gobierno, estamos, a nivel de Estado, en una etapa de colaboración más madura que nos otorga mayor certeza del seguimiento e implementación de los acuerdos adquiridos. Por ejemplo, Chile y Perú mantienen un mecanismo de Gabinetes Binacionales que da seguimiento a los acuerdos que tomamos el año pasado en Lima, y dentro de ellos se encuentran los de avanzar en los estudios económicos de la interconexión eléctrica entre Arica y Tacna, y la discusión del marco regulatorio que la regirá. . Al respecto, en el intertanto, hemos seguido avanzando en ambos temas. Hoy tenemos el estudio ya iniciado y ya alcanzamos un consenso respecto de los lineamientos principales que regirán el futuro intercambio de energía eléctrica.
En el mes que lleva de gestión, Jiménez impartió instrucciones para que se analicen una serie de normativas aprobadas en la administración anterior, como la Ley de Equidad Tarifaria y la Ley de Transmisión, y retiró de Contraloría los reglamentos de Servicios Complementarios y de Coordinación y Operación en lo que ha llamado un proceso de revisión legislativa para corregir “distorsiones” o mejorar algunos aspectos.
Pero no todo el trabajo está enfocado en revisar la gestión anterior. Uno de los objetivos de su administración será “generar las condiciones necesarias para que el mercado entregue señales adecuadas bajo un esquema de asignación eficiente de costos de los servicios”. Según dijo en la Cena Anual del gremio de las energías renovables, Acera, el ministerio quiere modernizar “las metodologías para la determinación del pago por potencia de suficiencia, con el fin de identificar la contribución de todas las tecnologías en el abastecimiento energético del sistema”. Asegura que todas estas adaptaciones y nuevas normativas serán consensuadas con los actores involucrados.
También se trabaja “en la creación de un marco regulatorio moderno que reconozca y promueva una mayor flexibilidad, que permita asegurar altos estándares de calidad y seguridad de suministro, así como el uso de nuevas tecnologías”. Esto debido a los vertiginosos cambios que se están dando en materia energética en Chile y el planeta, los que exigen rápidas adaptaciones legales para el desarrollo de la generación para los hogares (distribuida) o la llegada de los autos eléctricos, entre otros desafíos.
Para enfrentar estos cambios que impactarán directamente a los consumidores volviéndolos más activos, resalta la creación de la “Hoja de Ruta 2018-2022”, trabajo por el cual el ministerio está levantando información ciudadana que ayude a generar una carta de navegación sobre cómo abordar los principales desafíos.
—Usted ha planteado que pretende crear una nueva hoja de ruta para 2018-2022. ¿Qué objetivos tiene este trabajo?
—La Ruta Energética 2018-2022 busca definir el camino y determinar las prioridades en materia energética existentes hoy en día, las cuales son diferentes a las que hubo hace cuatro u ocho años. Su elaboración se llevará a cabo con la mayor participación y diálogo ciudadano posible, es decir, permitirá escuchar la voz de los diferentes actores del país de los sectores privado, público y de la sociedad civil bajo la convicción de que son pilares fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A su vez, la “ruta” será una manera eficaz de seguimiento de objetivos, acciones y metas concretas que marcarán la carta de navegación en los próximos años. Para ello, el Ministerio de Energía, incluyendo sus seremis, divisiones y servicios relacionados, deberá acudir a todas las regiones del país, desde Arica a Magallanes, con el fin de levantar las propuestas y las inquietudes de todos los sectores y actores de la sociedad.
Algunos de los desafíos relevantes que se deberán abordar incluyen la modernización energética con un sello ciudadano, acelerando la incorporación de las innovaciones al sector como la electromovilidad; el fomento a la eficiencia energética; el impulso al desarrollo de la infraestructura energética necesaria para la seguridad y calidad de suministro, englobando las interconexiones internacionales, y el trabajo de integración cada vez mayor de las energías renovables en nuestra matriz energética.
—Sobre la electromovilidad, ha mencionado que es necesario contar con políticas públicas para impulsar el uso de vehículos eléctricos. ¿Hay algún caso a nivel mundial que estime pueda inspirar a Chile en esa línea? ¿Qué opciones se analizan para lograr ese objetivo?
—Estamos apuntando a ser líderes en la región en el desarrollo de la electromovilidad. Para eso buscamos asociarnos a la iniciativa internacional de vehículos eléctricos de la Agencia Internacional de Energía y aprender de la amplia experiencia que tienen los países que la integran, entre cuyos miembros se cuentan los países con mayor desarrollo de la temática: China, Estados Unidos, Noruega, Francia y Alemania, entre otros. Tenemos muchos aspectos en los cuales avanzar. Dentro de los más relevantes se cuentan las definiciones regulatorias que apoyarán e incentivarán el desarrollo de esta tecnología y, más ampliamente, promoverán el transporte energéticamente eficiente, que es algo que estamos estudiando y trabajando en el ministerio en el marco del proyecto de ley de eficiencia energética. Además, hemos asumido el rol de coordinar a diversos actores públicos y privados en el desarrollo de proyectos piloto demostrativos; evaluación energética y económica de los proyectos, generación de capacidades, conocimientos e información necesarios para hacer de Chile un país líder en tecnologías de transporte eficiente, como la movilidad eléctrica.
—¿Cuál es el rol de la eficiencia energética en este gobierno? Usted ha señalado que se actualizará y retomará el Plan de Eficiencia 2020 elaborado en el primer gobierno de Piñera. ¿En qué se diferencian con el trabajo impulsado por la Agencia de Eficiencia Energética (Acee) en el gobierno anterior?
—Nuestra mirada respecto a los énfasis que tendremos en eficiencia energética también será presentada en el documento “Ruta Energética” en mayo de este año y se enmarca en las definiciones hechas en el programa de gobierno del presidente Piñera. Entendemos que los objetivos de eficiencia energética de reducir el consumo energético manteniendo o mejorando la productividad son compartidos por los distintos actores en los diversos sectores de consumo, ya que traen aparejadas disminución en los costos de producción y mejoras de competitividad. En este período esperamos generar un cambio profundo en cómo hacemos eficiencia energética a través del desarrollo de un marco normativo que genere los incentivos a los diversos actores, para finalmente posicionar la eficiencia energética como la alternativa más sustentable y competitiva de resolver nuestros desafíos energéticos.
—En el anterior gobierno se destinaron recursos de la Acee a mejorar infraestructura pública y convertirla en eficiente (por ejemplos, cambios en los sistemas de calefacción y calderas de hospitales y otros edificios del Estado). ¿Pretenden continuar con esa línea de trabajo?
—Hoy las condiciones han cambiado bastante respecto al estado del mercado de la eficiencia energética que existía hace algunos años, y hay un mercado de proveedores más maduro y con mayor experiencia. En este sentido, podemos agregar un paso en cómo hacemos más eficiente e inteligente la infraestructura pública, privilegiando la inversión privada en eficiencia energética a través del modelo ESCO, en que los privados realizan las inversiones y luego los servicios públicos pagan las mejoras, en el tiempo, con parte de los recursos que se liberan por menor gasto energético.
—Respecto de Enap, usted ha manifestado que ha sido un error la intención de entrar en el segmento de generación y también ha marcado otras diferencias sobre la gestión de la estatal. ¿Cree que Marcelo Tokman debe dejar Enap? ¿Si el directorio lo ratifica en su puesto, cree que Enap debiera tomar decisiones distintas, más acordes al modelo del nuevo gobierno?
—Como usted sabe, ENAP tiene un nuevo gobierno corporativo, cuyo directorio es liderado por su presidenta, Loreto Silva, en el que el Ministerio de Energía no participa. Por tanto, los temas propios de la administración de ENAP debe resolverlos el directorio con plena autonomía. Respecto de lo que compete al ministerio, este debe aprobar el plan de desarrollo y negocios de la empresa estatal, lo cual debe coincidir con los principios y valores de nuestra política energética como Estado.
