DAVID CAYON
Hoy se formalizará la oferta de "compartir" el 50% del subsidio al gas. Los distritos piensan en bajas de impuestos, frenar aumentos y denuncias por discriminación.
La próxima reunión del Consejo Federal de Energía (CFE) estaba prevista para mayo, pero la presión por la discusión de las tarifas la aceleró. Así, a las 14:30, el Salón Negro del noveno piso del Palacio de Hacienda se reunirán los ministros y secretarios de Energía de las provincias para escuchar formalmente la propuesta de "compartir" el costo de la tarifa social y ver en exclusiva la campaña de consumo responsable que lanzará la cartera que comanda Juan José Aranguren.
Durante el encuentro, el Gobierno intentará presionar a los 20 ministros representantes de las provincias que conforman el CFE para que acepten el plan por el cual se retrotrae la tarifa social que hoy tienen casi 2 millones de usuarios a noviembre de 2017, siempre que los distritos absorban 50% del costo. Con esta medida, el Ejecutivo busca no afectar el recorte y que los gobernadores asimilen el costo de los $ 150 millones.
"Cualquier opción tiene que tener cero costo fiscal", resaltan. Aunque el gobernador de Mendoza, Ángel Cornejo, adelantó la intención de compartir el costo fiscal de la tarifa social, en las provincias sólo recibieron la invitación al encuentro y aún no cuentan con detalles formales del plan oficial. "Vamos a ir a escuchar porque hasta ahora sólo hay versiones periodísticas", explicaron a El Cronista desde San Juan. "Nosotros tenemos la intención de acompañar, pero hay que ver la propuesta para saber si la provincia está en condiciones". El terruño gobernado por el justicialista Sergio Uñac tiene el 26% de los usuarios conectados a la red bajo el sistema de tarifa social.
Otra de las provincias "grandes" que llegará con una propuesta es Córdoba. El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, llevará el pedido de nacionalización la experiencia mediterránea y pedirá que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) "ordene a las distribuidoras de gas que dejen de facturar en sus boletas las tasas que cobran los municipios del país".
El problema es que esto implica menos recaudación, tanto para los municipios como para las provincias y para el Estado nacional, ya que el aumento de tarifas no fue acompañado con una merma del componente de impuestos que tiene el precio. Pero mientras los gobernadores y los equipos técnicos de los 20 distritos que participarán del Consejo creado en abril de 2017 preparan opciones, hay otro grupo que también estudia alternativas.
Por un lado, los diputados opositores siguen adelante en su intento de obtener el quórum necesario para tratar el tema en el recinto; hay provincias que definieron que no aceptarán financiar la mitad de la tarifa social y ya estudian la posibilidad de iniciar acciones judiciales por discriminación contra el Estado nacional.
La Pampa, San Luis, Misiones y Santiago del Estero no forman parte del CFE y cada una lleva adelante su estrategia. "Es una locura porque si una provincia no cuenta con recursos, su población pagará el doble (de tarifa social) que otra que financia el 50%. Estamos estudiando si hay una vía legal porque discriminan a las provincias pobres de las ricas", explicaron a El Cronista desde una de ellas. Las administraciones de Carlos Verna y de Alberto Rodríguez Saá tienen un 30% de los usuarios bajo tarifa social.
"Es imposible que la Provincia se haga cargo de la tarifa social porque los aumentos han sido de más del 1000%" explicaron desde el entorno del pampeano Verna. "Nosotros queremos que se estatice la concesión para que el Gobierno se haga cargo del transporte del gas y las cooperativas de la distribución en las localidades. Hoy es un modo concreto de bajar las tarifas", agregaron.
CAME pidió que se adopten las medidas necesarias tendientes a eliminar los impuestos y costos burocráticos que incrementan las boletas de la energía a las pymes.
El Gobierno actual dispuso políticas orientadas a recomponer la matriz energética y actualizó los valores que estaban muy retrasados y que se cubrían con subsidios del Estado a las empresas. Además, estableció que todas las jurisdicciones paguen un precio único por las compras al mercado mayorista (antes existían diferencias). Sin embargo, este plan tendría que ir acompañado con el compromiso de los gobernadores de hacer valer nuestras economías regionales, disminuyendo los impactos locales, ya que el precio de la energía tiene grandes diferencias entre provincias.
Desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) se indicó que crisis energética se originó en la Argentina como consecuencia del congelamiento de las tarifas y el desincentivo a la inversión, a pesar de que en el país ese servicio estuvo fuertemente subsidiado.
Las tarifas eléctricas tienen tres componentes principales:
* El precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de Nación, que cubre principalmente los valores de generación.
* El Valor Agregado de Distribución (VAD) de las redes locales (capital más costos de operación y mantenimiento de distribución).
* Impositivo (IVA y retención de IVA).
CAME pide el compromiso tanto del Gobierno nacional como de los gobernadores para que adopten las medidas necesarias tendientes a eliminar los impuestos y costos burocráticos que incrementan las boletas de la energía a las pymes.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que el tema de las tarifas es "una de las catástrofes de la Argentina", dado que la situación que dejó el kirchnerismo era "absolutamente insostenible". A su vez, y en medio de las protestas por las subas, prometió que "este es el último aumento" y que pasado este proceso las facturas de los servicios variarán "según la inflación".
"El tema de las tarifas es una de las catástrofes de la Argentina. En el kirchnerismo, mientras los precios aumentaban un 800%, las tarifas aumentaban un 15%. Eso era absolutamente insostenible", declaró a radio Mitre.
Pinedo agregó que tal diferencia entre precios y tarifas"significaba cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) que pagaba el Gobierno a la empresa de energía", una ecuación que estaba llevando al país "a colapsar".
El senador del PRO por Buenos Aires recordó que durante esos años, la Argentina "comenzó exportando 6000 millones de dólares de energía y terminó importando 10.000 millones de dólares al año".
Según Pinedo, lo que se está haciendo con el aumento de tarifas es revertir esa situación para empezar a "construir un país con futuro, un país con energía".
La venta de la participación del Estado en Transener, que impulsa el Gobierno, ya generó chispazos con la UCR y ahora encendió una luz de alarma en la Coalición Cívica (CC), que advierte el riesgo de concentrar el mercado energético.
Transener es la empresa que posee la principal red de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, un activo estratégico y en expansión. El Estado, a través de Enarsa, tiene el 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener. El otro 50% está en manos de Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, en lo que configura un cocontrol público y privado. El Gobierno está en pleno proceso de contratar una consultoría para fijar el precio de esa participación estatal.
El Gobierno esgrime varios motivos para vender Transener. Quiere que las inversiones en materia energética sean efectuadas por los privados, dejando al Estado únicamente un papel de regulador y un programa de obras solo donde las empresas no lleguen. En el Ministerio de Energía esgrimen que no tiene presupuesto. Buscan vender "las joyas de la abuela" y desprenderse de activos para obtener liquidez.
La UCR, en enero, asentó por escrito su rechazo a la venta mediante una carta firmada por el presidente del partido, Alfredo Cornejo, y los jefes de bloque. Definieron a Transener como "la columna vertebral del sistema eléctrico nacional" y se preguntaron "cuáles son los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos para ejecutar en plazos perentorios la enajenación de las acciones del Estado".
Si bien los acuerdos en materia de tarifas de esta semana lograron aplacar los ánimos de los radicales -y Cornejo exhibió excelente sintonía con el jefe de Gabinete, Marcos Peña-, desde un sector de la UCR ayer aseguraban que el tema Transener sigue en la mesa. "Hay diputados radicales de la Comisión de Energía evaluando acciones", dijeron.
En el batifondo de esta postura radical están los análisis técnicos efectuados por la Fundación Alem, pero también el malestar del radical Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de Raúl Alfonsín y nombrado por Cambiemos presidente de Citelec.
Enemistado con el ministro Juan José Aranguren, Lapeña renunció a su cargo por el caso Transener. El Instituto Mosconi, que él preside (histórica usina radical en materia de energía), redactó un durísimo informe que manifestó que "Transener es una garantía para el desarrollo eléctrico en las próximas dos décadas" y resaltó la ausencia de un "estudio de factibilidad".
Más allá de la comidilla radical, los argumentos técnicos que Lapeña esgrimió en su informe llegaron a los oídos de Elisa Carrió . Según pudo saber LA NACION, Lilita tomó nota y pidió a sus colaboradores investigar el tema a fondo.
"Carrió teme la concentración del mercado energético. Cree que los privados no pueden definir el sistema porque es una herramienta de mucho poder. Lo cuestionó durante el kirchnerismo y es coherente con eso ahora", dijeron a LA NACION cerca de la líder de la CC.
La diputada oficialista mira con cuatro ojos el proceso de privatización para conocer quién será el futuro socio de Mindlin. Pampa Energía no puede ser el comprador porque, de acuerdo con la regulación, al ser una empresa que tiene presencia en la generación, no puede tener también el control de la transmisión. Pero será central ver quién heredará el lugar del Estado, el socio más incómodo para hacer negocios.
La contratación de la auditoría para fijar el valor de Transener ya está en su etapa final. A la oferta se presentaron bancos y reconocidas firmas de consultoría y la adjudicación es cuestión de días.
En el paquete accionario hay interesados chinos, canadienses y colombianos.
Mientras los socios de Cambiemos van con pie de plomo, la oposición kirchnerista muestra los dientes. Los radicales kirchneristas presentaron una denuncia penal con un pedido para frenar la venta de Transener.
Esta semana, durante la frustrada sesión de las tarifas, el diputado del FPV Rodolfo Tailhade apuntó sus dardos contra Marcelo Blanco, el subsecretario de Coordinación Administrativa de Energía, que firmó la disposición para contratar la consultora que le pondrá el precio a Transener. Lo hizo porque el funcionario ocupó hasta abril de 2016 el directorio de Pampa Energía.
La UCR también se había preocupado por la situación de Blanco. El funcionario, sin embargo, obtuvo la aprobación de la Oficina Anticorrupción tras tramitar una excusación para expedientes vinculados directamente a su exempresa.
