Minera dice que el desarrollo de la obra, que tiene un costo de US$ 1.788 millones, “no es eficiente para el desarrollo del sistema”.

La principal obra considerada en el plan de expansión de transmisión eléctrica que presentó la Comisión Nacional de Energía (CNE) a fines de 2017, y que suman inversiones por US$ 2.684 millones, es una línea de corriente continua de 1.480 kilómetros entre Antofagasta y Santiago, la cual tiene un costo estimado de US$ 1.788 millones.

Las empresas industriales y mineras serían las encargadas de costear gran parte de las inversiones, ya que estas últimas concentran 38% de la demanda.

Una de las representantes de esta industria, la minera Collahuasi, de propiedad de Anglo American plc y Glencore plc, decidió ingresar una discrepancia ante el Panel de Expertos, el organismo que dirime disputas en el sistema, buscando que la autoridad gubernamental elimine la obra del plan 2017.

“Siguiendo el criterio de abastecimiento a mínimo costo y de eficiencia económica para abastecer a los suministros a mínimo precio, no es eficiente para el desarrollo del sistema incluir la línea, tal como ha sido especificada por la CNE, en la planificación 2017, en los distintos escenarios energéticos definidos por el Ministerio de Energía”, dijo la empresa en su presentación.

Añadió que “solicitamos (que la línea) sea eliminada del Informe Técnico Final (…). La postergación de la obra, además de una mejor definición técnica, permitirá optimizar los costos en beneficio de todos los usuarios del sistema eléctrico nacional”.

Agrega que la línea propuesta por la CNE “infringe” el mandato de permitir abastecer la demanda a mínimo costo y, por lo tanto, “no cumple” con lo establecido en la ley.

La minera señaló que comparte los objetivos de desarrollar una infraestructura de transmisión económicamente eficiente y necesaria para un sistema eléctrico minimice los riesgos de abastecimiento, y la creación de condiciones que promuevan la oferta. De hecho, recuerda que para ellos es beneficioso la mayor competencia.

“No obstante, para el caso particular del proyecto entre la subestación Kimal y Lo Aguirre, se considera necesario llevar adelante un proceso que, teniendo en consideración la legislación vigente, aborde en mayor profundidad, consistencia y, en definitiva, otorgue mayor certidumbre y validez a las diversas dimensiones técnico-económicas y ambientales de un proyecto de las características sugeridas”, dijo la empresa, planteando que ello puede ser en base a una posible propuesta de expansión de la transmisión para los años 2018 ó 2019.

Precisó que la opción de retrasar esta decisión “no atentaría” contra el objetivo de materializar la obra en los tiempos definidos por la CNE.

“De acuerdo a los antecedentes facilitados por el Coordinador Eléctrico Nacional, la obra puede ser construida en 72 meses, es decir, 12 meses menos que lo definido por la CNE. Por lo tanto, no se afectan las expectativas de disponibilidad de transmisión de empresas generadoras”, dijo la minera.

Junto a Collahuasi, fueron más de una docena de empresas las que presentaron discrepancias ante el Panel de Expertos en contra del Plan de Expansión de la Transmisión. También lo hicieron Enel Distribución Chile, la Compañía General de Electricidad, Colbún y la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados, entre otros.

El gremio también dirigió sus dardos a esta mega obra, específicamente cuestionando la decisión de la CNE de reducir de cinco a tres los escenarios de generación del Informe de la Planificación Energética de Largo Plazo, para efectos de la evaluación técnico económica de las obras propuestas.

Según la asociación, de considerarse todos los escenarios, la línea no podría ser incluida en el plan, pues habría tres escenarios con beneficio negativo.

“Junto a la carencia de fundamentos técnicos y económicos que justifiquen la reducción de los escenarios de la generación, cabe señalar que las modificaciones aplicadas contravienen las regulaciones legales y reglamentarias”, dijo el gremio. Añadió que “todas las obras deben ser correctamente evaluadas, siguiendo las reglas que la normativa eléctrica establece. En especial, una obra con un costo de US$ 1.788 millones”