Patricia San Juan
Este miércoles vence el plazo legal para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de a conocer su esperada decisión respecto del futuro del proyecto minero portuario Dominga, luego que en noviembre del año pasado la empresa impulsora de la iniciativa, Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés, presentara un recurso de reclamación en contra de la decisión del Comité de Ministros que ratificó el rechazo al permiso ambiental de la iniciativa.
Según la empresa, la resolución tomada en agosto por el Comité de Ministros -y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco- tuvo vicios en su proceso.
El Tribunal Ambiental tiene tres opciones, rechazar el recurso o, en el caso que acepte la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la cual puede ser marzo de 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo rechazó el permiso ambiental del proyecto, o a agosto de 2017, cuando el Comité de Ministros tomó la misma decisión. Todo depende de dónde determine el tribunal si es que existió algún vicio en el proceso.
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.
Tras un largo proceso de tramitación, en marzo de 2017 el CEA de Coquimbo, negó el permiso ambiental. Ello tras una polémica votación que resultó 6 a 6, y la que el entonces intendente regional, Claudio Ibánez, en su calidad de presidente de la instancia, tuvo que dirimir, resolviéndo rechazar la iniciativa, pese a que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región había recomendado aprobar el proyecto.
En agosto el Comité de Ministros -por 4 votos contra la iniciativa y 2 a favor- resolvió que el proyecto presentaba “deficiente información de línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”.
Según publicó este domingo LT Pulso la opción de retrotraer la iniciativa al Comité de Ministros podría tomar fuerza basada en la decisión del ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de no acoger una reclamación presentada por la empresa respecto de la falta de motivación que tuvo el CEA de Coquimbo para entregar una decisión argumentada.
“El Comité de Ministros rechazó acoger la reclamación sobre el vicio esencial sobre la falta de motivación del CEA y, con eso, de acuerdo con la normativa, el Comité de Ministros hace suyo el vicio. De cierta forma, ellos asumieron la responsabilidad de ese vicio, por lo tanto, siguiendo lo indicado por la norma, la reclamación cae sobre el acto recurrido, que en este caso es el Comité de Ministros y no la comisión de evaluación de Coquimbo”, explica un abogado que ha seguido de cerca el proceso.
Otros vicios que estaría considerando el Tribunal Ambiental son la citación a la reunión que se realizó el lunes 21 de agosto a las 7 de la mañana y que fue convocada la noche del viernes anterior, dejando poco tiempo para el análisis de la documentación necesaria por parte de los ministros. A ello se suman las contradicciones que mostraron los secretario de Estado, sobre todo la posición del entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Tras el rechazo en el Comité de Ministros, Andes Iron presentó en noviembre un recurso ante el Tribunal Ambiental, el que tras escuchar a las partes, recabar los antecedentes y realizar inspecciones en terreno resolvió a inicios de febrero llamar a un proceso de conciliación para lo cual fijó una audiencia el 14 de marzo, sólo tres días después del cambio de mando.
En una sorpresiva decisión, la recién asumida ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció ese día que a primera hora se presentó un escrito ante el Tribunal informando que el gobierno, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental, había decidido restarse de la conciliación y solicitar que la instancia dictara sentencia.
En el escrito el SEA argumentó que “como el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo, creemos necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes que puede, en definitiva, terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso”.
Cubillos, quien en su calidad de titular de Medio Ambiente preside el Comité de Ministros, señaló que si bien, y tal como lo ha indicado previamente, el gobierno considera que en la actualidad los procesos de evaluación ambiental tienen falencias la opción de la actual administración es corregir esas fallas por la vía legal.
Respecto a la posición del gobierno frente al proyecto la Ministra indicó que “hay un fallo pendiente por lo tanto no corresponde que emita opinión por respeto a la separación de poderes”.
Además de la posibilidad de que el Comité de Ministros de la actual administración sea la instancia que decida el futuro del proyecto, éste suma un nuevo escenario tras el fallo emitido la semana pasada por la Corte Suprema que dio luz verde al proyecto de puerto Cruz Grande, de CAP, el que también se ubicará en la comuna de La Higuera.
De todos modos sea cual sea la decisión que tome el Tribunal Ambiental, las partes pueden recurrir a la Corte Suprema.
