El sector petróleo y gas enfrenta la crisis más prolongada de su historia. Y el ruido político amenaza con agravarla
Hasta hace poco, el principal problema de la industria petrolera era la demora en la aprobación de los estudios ambientales para exploración. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), esto frenaba US$2.500 millones en inversiones en el 2014. Cuatro años después, la ‘permisología’ ha dejado de ser un tormento, pero no porque se haya solucionado al 100%, sino porque las empresas han replegado todos sus proyectos.
“Hoy no se hacen estudios ambientales en hidrocarburos. Los hay contados con los dedos de la mano porque no hay nuevos proyectos ni inversiones”, anota Liseth Manrique, directora de la consultora ambiental Gema.
Reflejo de esta parálisis es el monto invertido en exploración en el 2017: US$17 millones, irrisoria suma comparada con los US$947 millones invertidos en el 2012.
Como muestra la infografía que acompaña este texto, esta tendencia negativa comenzó antes de que el precio del crudo se desplomara en el 2014. Para Seferino Yesquén, ex gerente de exploración del lote 58, esto muestra la desconfianza de las empresas respecto al respaldo del Estado a las inversiones.
Ahora, el precio del crudo se empieza a recuperar y los permisos ambientales comienzan a destrabarse –vía el Senace- pero las empresas exploran cada vez menos.
La explicación, según Víctor Sanz, vicepresidente de Perú-Petro, es que nuestro país se ha posicionado como el más caro para la industria de hidrocarburos en la región.
“Los altos costos logísticos, principalmente los asociados con el transporte por helicóptero en la selva, son el gran impedimento de las empresas petroleras”, señala.
Según estadísticas de Cepsa, el costo de producir un barril de crudo en Talara promedia US$20, mientras que en Ucayali asciende a US$35. En contrapartida, el costo de producir un barril en Ecuador y Colombia es de US$17 y US$16,3, respectivamente.
“El problema no es la geología. Estamos convencidos del potencial del Perú, pero tenemos que competir con otros países”, apunta Marco Vásquez, gerente de exploración de Repsol Perú.
Y estamos compitiendo mal. En el último lustro, la producción de petróleo cayó 27% y las empresas devolvieron 35 lotes de exploración, porque no podían trabajar.
“Nunca hemos estado tan mal como ahora. No hay exploración y, sin exploración, no hay posibilidad de incrementar nuestras reservas de petróleo, que han disminuido de 750 millones a 450 millones de barriles. La situación es crítica y no se está haciendo nada”, apunta Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult.
Para colmo de males, el sector se halla acéfalo debido a la demora en la implementación del Viceministerio de Hidrocarburos y a la renuncia de sus dos funcionarios claves: los presidentes de Petro-Perú y de Perú-Petro, por “hostigamiento del Legislativo”, según explicaron fuentes cercanas a los ex funcionarios.
En este pesimista escenario, la Contraloría está procediendo a evaluar los contratos de licencia de cinco lotes off-shore, garantizados por Perú-Petro a Tullow Oil, debido a suspicacias políticas levantadas en el Congreso.
La posibilidad de que estos contratos de licencia sean anulados preocupa al sector hidrocarburos. Y también a los economistas.
“Los contratos petroleros son ley entre el Estado y los privados. Anularlos sería meter ruido y un riesgo colosal para la inversión privada. Si hoy sucede en petróleo, podría pasar mañana con puertos y aeropuertos”, advierte Elmer Cuba, socio director de Macroconsult.
Tanto la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía como la SPH están de acuerdo en que lo primero que debe hacer el gobierno de Martín Vizcarra es garantizar la seguridad jurídica de los contratos que el Estado suscribe con las empresas petroleras.
Y, a continuación, urgir la publicación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, que la Comisión de Energía y Minas del Congreso analiza desde noviembre pasado.
El sector petrolero espera que esta norma solucione sus problemas. Pero, según expertos consultados por Día1, no sería la panacea.
“Las regalías diferenciadas [por tipo de yacimiento] era lo que todos esperaban y no se ven. La última versión de la ley no las tiene. Así como está, no sería atractiva”, comenta Liseth Manrique.
Sin embargo, la ley trae propuestas interesantes, como la extensión de los contratos que están por caducar y la creación de una ventanilla única, que sería encomendada a Perú-Petro, medida que obligaría al Estado a fortalecer –finalmente- a la agencia petrolera.
“Una lectura es refundar Perú-Petro como está, renovando sus cuadros gerenciales. La otra es disolverla y crear una nueva entidad”, explica Carlos Gonzales.
Pero lo más importante, según Víctor Sanz, es que el gobierno haga respetar el principio de autoridad.
“El Perú tiene un potencial tremendo que no está siendo explotado. Tenemos petróleo en el noroeste [Talara] y en todo el mar hasta Lima. También en la selva y en el Titicaca. Hay petróleo en todo el Perú, pero no se explora porque a las empresas no las dejan trabajar”, refiere.
Luis Fernández, socio director de Gas Energy, remarca que el cambio de gobierno configura un momento ideal para que el Estado demuestre, a través de dichos y acciones, que sí le interesa el sector hidrocarburos.
“Lo que debe hacer el Ejecutivo es tomar una definición política: ¿quiere un país autosuficiente en petróleo? ¿O quiere un país sin pizca de petróleo y dedicado a la importación? Si es así, que lo diga y cerramos las empresas petroleras, las compañías consultoras y las facultades de petróleo, y dejamos de engañar a los estudiantes”, enfatiza. Es tiempo de definiciones.
