El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi consideró "un grave error ceder el control de TRANSENER en el momento clave del nacimiento de una nueva etapa eléctrica en la Argentina y de las transformaciones que pretende llevar adelante el gobierno de Cambiemos" aunque consideró que "afortunadamente, el error puede todavía ser reparado si se actúa con honestidad intelectual, sin vanas obstinaciones y con grandeza política" (ver documento que acompaña esta nota)
"La energía eléctrica no es un bien como cualquier otro, está en el centro de nuestras vidas y es un motor de desarrollo económico y social, como lo demostró en su rol principal durante los “Treinta Gloriosos”, ese periodo que después de la segunda guerra mundial dio sustento y viabilidad a lo que hoy llamamos “los países desarrollados”, señaló la entidad.
"La experiencia de más de un siglo muestra que la electricidad es un elemento de difícil manejo: por ahora no se puede almacenar, sus caminos son imprevisibles y la corriente fluye por las líneas de menor resistencia dificultando su tarificación, sus precios son de altísima volatilidad, su transporte es complejo en razón de cuestiones técnicas, económicas y de confiabilidad de los sistemas. La demanda crece, los costos hundidos son enormes", añadió el documento que llega la firma de Pedro Albitos, vicepresidente 1°, Gerardo Rabinovich, vicepresidente 2º , y Diego Grau, secretario.
Otros argumentos del IAE para abonar las críticas de quienes se oponen a la venta de la participación estatal en Transener son:
+ La teoría económica abunda en demostraciones acerca de la competitividad en la cadena de valor de la industria eléctrica, y nos enseña que los segmentos del transporte y distribución son monopolios naturales que deben ser regulados, y cuya expansión requiere inversiones de largo plazo y baja rentabilidad. La planificación estratégica juega un rol central en la configuración de las redes, en la selección de su topología, y en la combinación de las tensiones de transmisión".
+ Afortunadamente, es posible generar condiciones de competencia en la generación y esa será la gran fortaleza en el desarrollo de las energías renovables no convencionales, eólica y solar principalmente, posibilitando la decisiva participación privada.
+ En la década de los años 1990, la privatización total del transporte de electricidad fue uno de los mayores fracasos de las transformaciones emprendidas en el sector energético ya que no generó los incentivos adecuados para la expansión del sistema. En el año 2000, el Estado nacional tuvo que crear el Plan Federal de Transporte, con el que se ampliaron las redes durante el presente siglo, método que hasta la fecha no se modificó.
+ En forma acertada, el gobierno de Cambiemos ha definido como uno de los ejes estratégicos centrales en materia energética el incentivo a la instalación de centrales eólicas, solares y otras fuentes renovables y este objetivo forma parte permanente de los discursos del presidente Macri en este tema. Ese objetivo se logrará con una activa participación de la inversión privada de riesgo, lo que está de acuerdo con la experiencia mundial, y permitirá relevar al Estado de invertir en la expansión del sistema en ese rubro.
+ En los Escenarios al año 2030 que elaboró el Ministerio de Energía a través de la Secretaría de Planificación, el Gobierno plantea inversiones por 14.000 MW en estas centrales, alrededor de 3.000 MW hidroeléctricos, además de las centrales nucleares y térmicas. El sistema eléctrico en los segmentos de generación y distribución prácticamente se duplicará en ese período de apenas 12 años.
+ Esa extraordinaria ampliación de la energía eléctrica en los próximos 12 años deberá ser necesariamente transportada por una red de transmisión sofisticada y extensa desde los puntos más lejanos del país hacia los centros de consumo. Ello es así porque tanto la energía eólica como la solar y la hidroeléctrica se ubican en las cuencas productoras, y no donde se encuentra la demanda.
Es obvio que por las razones descritas más arriba, no será el mercado el que definirá esas ampliaciones del sistema de Transmisión, así lo ha demostrado la experiencia de los años 1990, que tuvo que ser modificada tan solo 8 años después de haber sido sancionada la ley de marco regulatorio eléctrico 24065. Será el Estado quien defina cómo y cuándo, y con qué costo será expandido el sistema de Transmisión.
+ El gobierno del Presidente Macri acertadamente decidió comprar las acciones de TRANSENER que una compañía al borde de la quiebra1 había puesto en venta a precio de remate en mayo de 2016. El Estado nacional compró2 a través de la estatal ENARSA, y a través de esa operación pasó a ser co-controlante3 de la empresa monopólica de transporte en Extra Alta Tensión TRANSENER, que a su vez controla la estratégica TRANSBA encargada de la distribución troncal de energía eléctrica en uno de los mayores centros del consumo del país: la Provincia de Buenos Aires
+ La decisión del presidente Macri valorizó la tenencia del Estado en TRANSENER, no como la consecuencia de una operación de corto plazo, sino por las implicancias futuras de la tenencia de esas acciones en el largo plazo teniendo en cuenta que TRANSENER tiene por delante una concesión de 68 años, en la cual operará un monopolio natural en expansión.
+ Este año el gobierno de Cambiemos lanzará la construcción de ocho líneas de alta tensión por el programa de participación público-privada (PPP): 2.175 kilómetros de líneas, una potencia de transformación de 3.700 MVA, y una inversión de casi 3.000 millones de dólares.
+ Al ser TRANSENER el concesionario y operador del sistema, ingresará en sus arcas un porcentaje del 3% de esa inversión en poco tiempo, lo que incrementará notablemente su negocio de operación y mantenimiento regulado en una cifra muy importante, con los consecuentes beneficios que le aportarán las economías de escala que posee la compañía.
+ Es claro que el destino de la empresa TRANSENER es crecer en un negocio regulado sin riesgos empresarios ni comerciales. Es obvio también que la existencia misma de la empresa TRANSENER es una garantía para el desarrollo del sector eléctrico en las próximas dos décadas, y el impulso que a nuestra economía darán los incentivos a las fuentes renovables no convencionales: desarrollo tecnológico y de la industria nacional, trabajo calificado, descarbonización, liderazgo regional. etc.
Esto es lo que le da valor a TRANSENER, no es una empresa ni una actividad como cualquier otra. Es estratégica para la transformación energética que propone Cambiemos, solo puede crecer y dar ganancias. ¿Por qué malvender y perder el control en este sector estratégico?
+ Nuestra misión como institución y como especialistas comprometidos con nuestro país es alertar para no repetir los errores del pasado por un pensamiento corto y egoísta. Respaldemos los objetivos estratégicos y de largo plazo que lleva adelante el gobierno del ingeniero Macri. Por estos motivos, el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” considera un grave error ceder el control de TRANSENER en el momento clave del nacimiento de una nueva industria eléctrica en la Argentina y de las transformaciones que pretende llevar adelante el gobierno de Cambiemos.
+ ENARSA, la actual tenedora de las acciones que se enajenarán, es una empresa altamente deficitaria que requiere para su funcionamiento de fuertes “transferencias para gastos corrientes” por parte del Tesoro Nacional. Si ENARSA pierde el flujo de beneficios que las acciones de TRANSENER le reportan –unos 30 MMUS$/año en 2017- , el Tesoro Nacional –actualmente en déficit- tendrá que aumentar las transferencias corrientes a ENARSA en esa misma proporción. Esas transferencias provendrán marginalmente de un mayor endeudamiento y probablemente este sea de costo mayor.
+ TRANSENER es una empresa sin riesgo empresario, que opera con tarifas reguladas por el Estado, que retribuye los costos de funcionamiento de la compañía. El Estado nacional, además, carga en la tarifa el monto de las inversiones anuales que realiza la compañía para invertir en la Operación y Mantenimiento de las instalaciones o sea que éstas son afrontadas por los propios usuarios en sus tarifas.
+ TRANSENER no está obligada, como sí lo están las Distribuidoras, a invertir en la expansión de los Sistemas de Transmisión. De ello se deriva que no existe para esta empresa riesgo empresario en la inversión. ¿Por qué privar al Estado entonces que se beneficie de un negocio que funciona bien y da ganancias a los socios privados (Pampa Energía); institucionales (ANSES) o independientes?
+ Ello configura una situación especial: no es suficiente con decir –como erróneamente lo ha hecho el MINEM- que la presencia del Estado en el sector solo se debe hacer a través de la regulación, en este caso del ENRE. El Estado en general mantiene presencia en empresas de sectores estratégicos, como lo demuestra la experiencia mundial: la industria nuclear, la industria aeroespacial y muchas otras donde los servicios se prestan en condiciones de monopolio natural muestran como conveniente esta forma organizativa.
+ El Estado nacional a través de ENARSA (que es una empresa estatal) posee el 50% de las acciones de CITELEC. El otro 50% pertenece a la empresa privada Pampa Energía. CITELEC posee el 52% de las acciones de la empresa TRANSENER; el 48% restante de las acciones de esta última pertenece un 19% al Fondo de Garantía de la ANSES y el resto pertenece a un conjunto de accionistas independientes que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. CITELEC es la empresa controlante de TRANSENER, ya que reúne la mayoría del capital social. Al ser la participación del Estado nacional y del socio privado igualitaria las decisiones son tomadas por consenso entre ambos socios.
+ Esto implica que ningún socio tiene el control pero si el poder de veto, ya que si un socio no aprueba una decisión el otro no puede imponer su voluntad. En este sentido, existe un co-control entre ambas empresas. La experiencia de los últimos 12 años hasta el presente ha demostrado que el socio privado ha logrado imponer sus criterios de decisión al socio estatal.
+ En apretada síntesis, digamos que normalmente existen y han existido diferencias de enfoque en ciertas cuestiones clave donde el Estado empresario y el empresario privado difieren en forma substancial. No es conveniente que el Estado nacional renuncie a la intervención en cuestiones estratégicas de esta naturaleza.
