La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Roberto Baratta, exnúmero dos de Julio De Vido, en la misma causa por defraudación en la minera Río Turbio en la que está preso el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

Por lo pronto, Baratta no irá detenido de manera inmediata porque los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dispusieron que la medida se concrete cuando el fallo quede firme, en caso de ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, dijo ayer Clarín.

Pero esas no son las únicas novedades en la causa. La sala II del Tribunal de Apelaciones dispuso además la prisión preventiva para el intendente K de Rio Turbio, Atanasio Pérez Osuna, quien ya está preso por otra causa vinculada con el yacimiento minero, para el decano de la UTN Santa Cruz, Martín Goicochea; y para el presidente de la fundación de esa casa de altos estudios, Hugo Sánchez.

En los casos de Baratta, Goicochea y Sánchez seguirán libres hasta que el fallo de la Sala II del Tribunal de Apelaciones quede firme, es decir, cuando sea confirmado si los acusados recurren a Casación, máximo tribunal penal del país.

Las detenciones, con disidencia del camarista Eduardo Farah, se ordenaron en la causa central que investiga una multimillonaria defraudación en el uso de fondos que debían destinarse a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y fueron desviados, según la Justicia.

El juez del caso, Luis Rodríguez, había procesado a todos los acusados sin prisión preventiva, salvo el caso de De Vido, a quien detuvo por orden de la Cámara Federal. El fiscal federal Carlos Stornellil apeló y pidió prisión para algunos de los acusados y la Cámara accedió a su reclamo en los casos de Baratta, Goicochea, Sánchez y Osuna.

• Qué se investiga

En esta causa se investiga la presunta malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en el orden de los $ 26.000 millones entre 2006 y 2016. La maniobra investigada implica también el desvío de fondos por más de $ 250 millones, que debieron ser aplicados a la remodelación de la mina de Carbón de Río Turbio. 

Para el juez del caso, la maniobra fue posible porque se escondió detrás de diversos convenios de cooperación entre YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

"Baratta intervino activamente en el giro diario de YCRT interesándose -más allá de su cargo formal- en el devenir de los diversos convenios celebrados, dando incluso instrucciones a través de un coimputado en torno al destino concreto que debía darse a los fondos que el Ministerio transfería", sostuvieron los jueces de la cámara Federal.

Al votar por la prisión preventiva de Baratta, el camarista Irurzun sostuvo que "es lógico presumir que, frente a una instrucción que continúa en plena actividad, la libertad de quien ha sido sindicado como uno de sus máximos responsables, pueda repercutir negativamente en su desarrollo".

"Al complejo escenario procesal que enfrenta se suma la imposibilidad de descartar, a partir de las dificultades ya señaladas y la constante incorporación de expedientes en los que se investigan similares maniobras, que su situación se vea aún más comprometida", sostuvo Iruruzn.

Por su parte, Farah opinó que dado el estado avanzado de la investigación, "los riesgo procesales" que podían surgir de la libertad de Baratta ya habían sido "neutralizados", pero el camarista Bruglia desempató en la dirección propuesta por Irurzun.