Es el plazo que dispuso la Justicia para que se presenten empresas interesadas en adquirir las acciones de la Oil Combustibles. Los requisitos para los compradores.
La quiebra de la petrolera Oil Combustibles aparece como un escenario cada vez más cercano. El juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo, dispuso que se abra un registro por siete días para que se presenten los interesados en adquirir las acciones de la empresa. Es lo que se conoce como cramdown o salvataje de empresas y es el último recurso ante de declarar la quiebra de la compañía.
En una resolución firmada este miércoles, Cosentino, del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 5, dispone proceder con el régimen de “supuestos especiales” previsto por el artículo 48 de la Ley 24.522 y abrir la apertura de un registro por siete días, donde las empresas que quieran quedarse con los activos de Oil puedan realizar sus propuestas.
Si no hay interesados, luego de ese período, se dispondría la quiebra de la compañía de Cristobal López, que afronta una deuda estimada por la AFIP de más de $ 17.000 millones. “La Afip y los interventores estaban en contra de esta posibilidad. Y se pensó que entonces no iba a salir, pero por suerte el juez lo vio posible y salió, con los tiempos que se consideraba que iba a tener”, destacaron cerca de la empresa.
Los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas son: ser una sociedad anónima, demostrar capacidad técnica, solvencia financiera para “cancelar la deuda verificada en la causa de naturaleza preconcursal y la devengada luego de la presentación del concurso”. Esto responde a las exigencias de la AFIP, salvo que la empresa interesada adjunte una acreditación fehaciente de que el organismo recaudador accederá a facilidades de pago diferenciadas.
Los interesados además, según la disposición del juez, deberán presentar un detallado plan de gestión de negocios para hacerse cargo de la refinería, con algunas instalaciones inactivas, la terminal portuaria, con capacidad de almacenaje, y la red de distribución e indicar cuántos empleados piensa mantener del plantel actual de Oil. Se estima que la empresa cuenta con unos 400 empleados. La semana pasada, tal como publicó El Cronista, se dio a conocer que los representantes de los empleados de la compañía informaron al juez Cosentino que tomaron la decisión de constituir una cooperativa de trabajo, que ya se encuentra en proceso de formación.
“El salvataje da la posibilidad de conocer si existen interesados en participar de un cramdown que impidan la declaración de quiebra empresaria, cuyas consecuencias pueden resultar nefastas para los trabajadores”, manifestaron los empleados.
“El salvataje es una herramienta que nos da la ley. Nosotros tenemos la mano de obra calificada. Nos falta el capital pero, al contar con una cooperativa, los inversores interesados que están dando vueltas tienen un piso jurídico. A ellos les interesa el muelle y la planta fluvial y a nosotros que la refinería se mantenga en marcha”, explicó Héctor Brizuela, dirigente gremial e integrante del comité de control de la empresa. Y, precisó, casi la mitad de los empleados de Oil decidieron ser socios de la cooperativa.
Por otro lado, cada vez más las estaciones de servicio de la red de Oil están buscando la forma de rescindir sus contratos y pasar a manos de otra compañía.
Según los datos que los interventores Carlos Bianchi y Francisco Carrega presentaron a la Justicia, aproximadamente 100 estaciones sobre un total de 200 ya iniciaron su proceso de desvinculación de Oil. Pero fuentes del sector destacaron que de ese total, apenas unas 15 —las de mayor volumen y mejor ubicación— serían hoy atractivas comercialmente para el resto de las redes “Las estaciones no tienen hoy ningún tipo de provisión. Las que se abastecían de la refinería de San Lorenzo, en la Mesopotamia y la zona Centro del país, ahora tienen que abastecerse desde La Plata, Luján de Cuyo, con lo cual el costo del flete es mayor. Va a haber estaciones que puedan ser coptadas por otras marcas pero otras quedarán en la retaguardia y pasarán a comercializar combustibles pero sin tener la marca de ninguna red”, explicó Guillermo Lego, gerente General de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha).
Dispuesto a reducir los riesgos de una toma, un atentado o, incluso, un desastre ambiental, la Justicia ordenó anteayer el despliegue de la Prefectura y la Gendarmería en la refinería y otras instalaciones a la vera del río Paraná de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El juez a cargo del concurso de Oil, Javier Cosentino, también ordenó al Ministerio de Seguridad y al gobierno santafesino que adopten medidas para preservar las instalaciones, ubicadas sobre la hidrovía del Paraná y consideradas de alto valor estratégico.
Cosentino convalidó, así, el pedido de los interventores de la petrolera, quienes alertaron sobre los riesgos que corría la planta mientras se intenta evitar la quiebra con un proceso de salvataje, en medio de las versiones de que López, De Sousa o el exadministrador Ignacio Rosner podrían fogonear tomas por los empleados.
Las medidas abarcan la refinería, la terminal portuaria y la estación de almacenamiento de Oil, en San Lorenzo, sobre el Paraná y la ruta nacional 11, en pleno corazón agrícola del país. Es el activo más preciado de la petrolera y motor del Grupo Indalo.
"Cualquier tipo de manifestación o toma violenta o pacífica de los bienes pueden generar serios riesgos a las personas, al medio ambiente y a bienes propios de la deudora [por Oil] y de terceros", plantearon los interventores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, por lo que pidieron el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Los interventores también pidieron que se sume el gobierno santafesino, con el propósito de "mantener asegurados los accesos a las terminales e instalaciones de Oil Combustibles", y que se aboquen a la "custodia permanente de caminos, accesos y perímetros" de las instalaciones.
Las versiones sobre posibles tomas y la formación de cooperativas fogoneadas por López, De Sousa o Rosner alcanzan a otros activos del Grupo Indalo. Entre ellos, el diario Ámbito Financiero, según reconstruyó LA NACION.
En su escrito, Cárrega, Lencova y Bianchi detallaron que en el caso de las instalaciones de Oil ya solicitaron a un "experto en seguridad patrimonial y en manejo de situaciones de crisis" que inspeccionara la planta y recomendara medidas para protegerla.
Para el juez y los interventores, la preservación de ese enclave sobre la hidrovía resulta esencial, tanto si algún acreedor o empresa acerca una oferta durante el período de salvataje que se dispuso ayer así como también si eso no ocurre y se dicta la quiebra.
Ante ese panorama, el juez Cosentino impartió las órdenes, que ya comenzaron a ejecutarse. Un oficial responsable de la Prefectura pidió detalles sobre "las personas autorizadas a ingresar en la planta y las medidas de seguridad esenciales para adoptar".
Se lo manifestaron al juez comercial que tramita el concurso de acreedores, y que podría decretar la quiebra de la firma.
Los interventores judiciales de Oil Combustibles se expidieron sobre la posibilidad de que la principal empresa de Cristóbal López avance hacia un proceso de salvataje, instancia conocida como cramdown. En un escrito al que accedió Clarín, presentado ante el juez que lleva el concurso preventivo, Javier Cosentino, plantearon que la quiebra se presenta como “un final inexorable”. Además, los trabajadores manifestaron al juez que quieren armar una Cooperativa de Trabajo y quedarse con Oil.
De una manera impredecible para Cristóbal López y Fabián De Sousa, Oil -el principal activo del Grupo Indalo- no sólo dejará de tener la envergadura de los últimos años, sino que en caso de evitar la quiebra, podría terminar ya no en manos de sus dueños originales, sino de los trabajadores.
Así lo informó Héctor Brizuela, trabajador de Oil e integrante de la Comisión de control en un escrito presentado ante el juez Cosentino y al que accedió Clarín. En él manifiesta que junto a los trabajadores de la empresa petrolera, que emplea a unas 400 personas de forma directa, tienen la intención de constituir una “cooperativa de trabajo”.
Esta posibilidad está contemplada dentro del cramdown. “En nombre de los empleados a los que represento en el Comité de Control, solicito que se habilite la instancia de salvataje”, se expresó en el escrito, explicando que caso contrario, es decir ordenar la quiebra de la empresa que durante el gobierno de Cristina Kirchner no pagó 8.000 millones de pesos del impuesto a los Combustibles, “tendría consecuencias nefastas para los trabajadores”.
En consecuencia, hace poco menos de un mes, los trabajadores informaron al juzgado “la decisión de constituir un Cooperativa de Trabajo”, que se encuentra “en proceso de confirmación”, y con la misma buscan hacerse cargo de Oil Combustibles.
La semana pasada los administradores de la firma petrolera, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, apelaron ante el juez Javier Cosentino que lleva el concurso preventivo de acreedores, a la figura del cramdown, que implica un freno a que los acreedores se queden con una empresa que no puede pagar sus deudas. Aunque esta figura no está contemplada para casos de supuesto fraude, los administradores buscan que el juez la acepte.
El organismo recaudador, en su carácter de integrante del comité de acreedores, opinó "que debe velar por el interés general de la masa y ante la disyuntiva expuesta, no se advierte otra opción que la quiebra directa", expresa el escrito de dos páginas.
Para avanzar en el cramdown Oil renunció al período de exclusividad para que sus dueños aporten una solución. Ante la medida, los interventores judiciales señalaron ante el juez Cosentino que abrir el proceso de salvataje “sería solo dilatorio de un final inexorable”, es decir: la quiebra.
Se reiteró así el planteo de la AFIP, que como principal acreedor de Oil solicitó el decreto de quiebra "sin más trámite", lo que "no hace más que confirmar la inutilidad del período de exclusividad anticipada por los suscriptos".
Además plantearon que para avanzar con el salvataje, la empresa debe cumplir con una serie de requisitos que hoy no podría afrontar. Entre las medidas contempladas se encuentra la cancelación total de la deuda post concursal, que asciende a 1.500 millones de pesos, pago que Oil no podría afrontar. Esta suma corresponde al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que no se pagó en estos últimos meses a la AFIP.
El organismo recaudador ya fijó postura al respecto, y señaló que no otorgará ningún plan de facilidad de pago a la empresa de Cristóbal López frente a esta nueva deuda.
No es la única suma de dinero que rodea a Oil Combustibles: el fisco le reclama 19.000 millones de pesos a la petrolera, cifra que incluye la falta de pago del ITC pre y post concursal entre otros impuestos impagos. Además, 25 firmas del Grupo Indalo adeudan otros 1.900 millones.
