En 2012, la Auditoría había advertido sobre falta de controles y huecos financieros en los contratos para ampliar gasoductos. La empresa niega las acusaciones.
En 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido serias irregularidades administrativas y financieras en la obra de ampliación de los gasoductos que el extinto Ministerio de Planificación otorgó a Odebrecht. Por esta obra, el Gobierno kirchnerista pagó a la firma brasileña 1.500 millones de dólares, y por otro lado 13.000 millones de pesos, como contó Clarín. Las principales irregularidades de la millonaria obra que se licitó en 2006, que nunca se terminó, derivaron en un procesamiento por negociaciones incompatibles contra Julio De Vido, ya que el juez Daniel Rafecas certificó "una serie de actos tendientes a favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht" para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–".
Estos son los principales cuestionamientos que la Auditoría formuló en 2012:
Fallaron los controles. La Secretaría de Energía omitió el ejercicio de las funciones de contralor, ya que como organizadora del Programa de Fideicomisos Financieros delegó las funciones referidas al desarrollo, monitoreo y ejecución de las obras en ENARGAS y NAFISA.
No se pudo corroborar el avance de obra: “De la documentación proporcionada por Nación Fideicomiso, que financió la obra, “no pudo validarse el avance físico de la obra informado por ENARGAS, como así tampoco pudo verificarse las demoras generadas respecto de las habilitaciones de obra en los períodos estacionales previstos y de acuerdo a los volúmenes de capacidad de transporte estimados”.
Inconsistencias en la documentación de la obra: Se detectaron varias en la registración, documentación y seguimiento de la información relacionada con los tramos de la obra y plantas compresoras. Algunos números se habían plasmado en planillas de Excel, “alguna de las cuales no pudo validarse con documentación de respaldo”.
Falta de controles: la AGN dijo que las Minutas de Certificación relevadas (40) sólo se encuentran firmadas por la constructora Norberto Odebrecht S.A., y que no hay evidencias de "controles sobre el proceso de certificación, ni por el Organizador ni por ninguna de las partes en quienes éste delegó el control de las ampliaciones".
Falta de información de la obra en los papeles: las actas de recepción provisorias y definitivas, firmadas por NAFISA, el Gerente de Proyecto y Norberto Odebrecht S.A, "no contienen dato alguno sobre el avance físico y económico recepcionado por las partes intervinientes y sólo pueden relacionarse con las minutas de certificación, a través del nombre del tramo o planta compresora, no habiéndose puesto a disposición de esta auditoria otra documentación de respaldo, en caso de existir".
Diferencias en los montos de la Certificación de Bienes y Servicios: para la AGN, existió una diferencia de casi 112,5 millones de pesos respecto del monto total de valor real de obra consignado por Nación Fideicomiso. Además, el 70% de los montos incluidos en la certificación en concepto de bienes y servicios "no coincide con los saldos de los mayores contables proporcionados por NAFISA".
Inconsistencias en las Órdenes de Compra: se detectaron inconsistencias en los montos totales correspondientes al Sistema Sur, reflejados en pesos y dólares. Por ejemplo, Nación Fideicomiso consignó en dólares 40.897.043,17 cuando el valor de la AGN calculado era de 11.351.460,57.
Irregularidades en la participación del ENARGAS: es respecto de las obras complementarias. La AGN indicó que, además, se identificaron desvíos en la documentación respaldatoria y con relación al estado de trámite de los expedientes.
Falta de controles: sobre 14 expedientes ENARGAS relevados, el 21,43% no cuentan con Orden de Compra y el 57,14% se encontraba sin movimiento, con un plazo promedio de 25 meses. El 63,63% de las órdenes de compra carece de Informe de Auditoría o Verificación. El 18,18% de los expedientes no cuenta con el Informe Técnico emitido por el ENARGAS, a fin de constatar el cumplimiento por parte del Gerente del Proyecto de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación licitatoria.
No se informó al Congreso sobre la obra: cada tres meses, el ministerio de Planificación "tenía la obligación de informar todo lo relacionado con el monto total de la inversión y plazos de ejecución de las obras; la conformación, aplicación, mecanismo de ajuste y actualización del cargo, y la determinación del Fondo Fiduciario".
Procedimientos débiles: en las conclusiones, la AGN determinó que en función de la información relevada “surge que existen debilidades de control interno sobre los registros del fiduciario y comitente delegado de la obra”, los cuales refieren a diferencias en los valores reconocidos, los cargos específicos y la no presentación oportuna de los Estados Contables.
Retrasos sin justificación: "Tanto el avance físico de las obras como las demoras generadas respecto de las habilitaciones de obra en los períodos estacionales previstos y de acuerdo a los volúmenes de capacidad de transporte estimados, no pudieron ser validados por esta auditoría".
El ex Ministerio no controló: dijo entonces que no le corresponde ejercer las funciones conferidas en el marco del sistema de Fideicomisos Financieros organizados por el Estado, respecto con el seguimiento físico y económico de las ampliaciones, “interpretando que son obras ejecutadas por terceros y donde el ENARGAS no es responsable de los cronogramas y por lo tanto no ejerce sobre ellas monitoreos “.
Pese a este informe, a la denuncia judicial y a la admisión de pago de coimas en el país, en la empresa se defienden: aseguran que no hubo sobreprecios y que el avance de obra superó el 90%.
