KARINA MONTOYA
La negativa del MEM de devolver lo invertido en el Gasoducto Sur Peruano y la Ley 30737 evitan que Sicim cobre un deuda de US$145 millones, explica su branch manager.
La anulación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio GSP, conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero (G&M) sigue causando estragos, a pequeños y grandes proveedores. La italiana Sicim —’sichim’, al pronunciarse en español—, cuya matriz factura en promedio US$490 millones, es el principal contratista de ingeniería y construcción de la obra con una deuda de US$145 millones que debería cancelarse como máximo hasta enero del 2019.
Pero dada la negativa del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de reconocer la devolución de lo invertido en el GSP y la Ley 30737, que reemplazó el DU 003, cobrar esa deuda se ha vuelto “virtualmente imposible”. Renato Sbardella, gerente de Sicim en el Perú, conversó con SEMANAeconómica para explicar por qué, luego de sendas comunicaciones con entidades del Estado y silencio por parte de ellas, un arbitraje contra el Estado peruano se ha vuelto una opción para recuperar esos US$145 millones y los gastos actuales que viene haciendo en el GSP.
El concesionario GSP estaba a cargo de construir, operar y mantener el Gasoducto. Para la construcción, originalmente dos subsidiarias de Odebrecht constituyeron un consorcio, Ductos del Sur, al que posteriormente ingresó la constructora del grupo G&M con un 29% de participación. Ductos del Sur subcontrató a tres otras empresas en licitaciones privadas: Sicim (Italia), Conduto (Ecuador) y Elecnor (de España). Éstas harían los campamentos, contratarían a los obreros y procurarían maquinaria.
De las tres empresas, a Sicim y Conduto se les debe US$190 millones, que deberían ser pagados por Odebrecht (US$135 millones) y G&M (US$55 millones). La deuda reconocida por Ductos del Sur es por pagos no realizados desde abril del 2016 hasta la finalización del contrato de concesión, que las contratistas han cubierto con sus propios recursos. “En marzo del 2016 se paralizaron las obras por primera vez. Se reanudaron en noviembre del 2016 a enero del 2017 [cuando terminó el contrato], pero aún estamos en la obra”, dice Sbardella, de Sicim.
“Hoy no es que en el gasoducto no haya nadie, hay 117 personas en doce campamentos que custodian los bienes, a quienes les seguimos pagando. El proceso de desmovilización de bienes no ha comenzado. Por la envergadura del proyecto, que llegó a tener picos de 1,700 obreros contratados sólo por Sicim, el costo de la desmovilización supera los US$25 millones”, asegura el ejecutivo, de origen italiano.
Una de las principales preocupaciones de Sicim es el abandono del MEM del proyecto. Desde la terminación del contrato, el MEM inicialmente dio señales de que se volvería licitar. Esa nueva subasta, sin embargo, implica tasar el valor de lo avanzado (valor contable neto) y, al menos hasta donde analistas de calificadoras de riesgo y las empresas involucradas en el proyecto creían, dicho valor se retribuiría al consorcio GSP por un cierta cantidad garantizada por el contrato de concesión.
Sin embargo, hoy es incierto si el GSP se volverá a licitar, especialmente tras la continúa crisis política del gobierno, que llevó a que el MEM pasara por cuatro distintos titulares. Al menos hasta la gestión de Cayetana Aljovín, el ministerio sostenía una controversia con el consorcio GSP por la interpretación de la cláusula 20 del contrato: el MEM interpreta que no le corresponde hacer devolución alguna, pero el consorcio lee lo contrario. Así, hoy Enagás está en un trato directo con el Estado, fase previa a un arbitraje internacional ante el Ciadi, por esa cuestión. G&M también estima recuperar su inversión por esa vía.
Sbardella cuenta que días antes de que el presidente Martín Vizcarra tome la posta del gobierno, la posición del MEM seguía siendo la misma, tras una reunión que sostuvo con el viceministro de Energía. “Personalmente, pienso que todo está ‘en el aire'”, estima el ejecutivo al preguntarle sobre su expectativa respecto a la nueva subasta. ¿Qué se ha avanzado para relanzar el proyecto? La respuesta de Sicim es “nada”. Es difícil rebatir esa percepción. A más de un año del vencimiento del contrato, el MEM se ha mantenido en silencio al respecto.
Así, uno de los primeros factores por los que Sicim teme que Ductos del Sur no pagaría sus deudas es por la falta de devolución de la inversión en el gasoducto. A ello se suma también la intervención del Ejecutivo en el escándalo Lava Jato, primero con el DU 003 en febrero del 2017, y ahora con la Ley 30737, que reemplazó al DU. Para Maribel Aparicio, asociada del estudio Bullard y asesora legal de Sicim, el problema se sintetiza en que la ley no es clara sobre el concepto de “proveedor”, pues la norma sólo regula la protección de las deudas de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Además, la abogada estima que el foco de la norma sigue siendo el cobro de la reparación civil por sobre las acreencias más grandes, por lo que la cadena de pagos todavía se interrumpe. La situación con el GSP es particular debido a la controversia con el exconcesionario. De hecho, la extitular del MEF, Claudia Cooper, anticipó que los proveedores del proyecto no se verían beneficiados. En una conferencia de prensa sobre la Ley 30737, Cooper reconocía que esos proveedores “tendrían que esperar un poquito más”.
Para Sicim, el tiempo apremia. Desde mayo del 2017, Sicim y Conduto —Elecnor optó por no unírseles— han cursado diversas comunicaciones al Minjus, MEF y el MEM para exponer su preocupación por la aplicación del nuevo DU 003. Desde febrero del 2018, antes de la promulgación de la Ley 30737, ambas empresas solicitaron reuniones con las comisiones de Economía y Justicia del Congreso, que no fueron atendidas. La última carta emitida es del 3 de abril, para solicitar una audiencia con el nuevo ministro de Economía, David Tuesta, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi.
Las mismas reglas que promueven la inversión extranjera española se aplica a la inversión italiana. “El obligado al pago del finiquito, incluyendo cualquier situación hasta enero del 2019, es Ductos del Sur. Sin embargo, si se produce una situación —que es lo que está pasando hoy— en la que el Estado impide que esto se lleve a cabo, existe una acción que puede plantear Sicim contra el Estado peruano en virtud del tratado bilateral Italia-Perú, por lo que quien terminaría de pagar no sólo el finiquito, sino cualquier otra afectación adicional, es el Estado peruano”, explica Aparicio.
Sbardella coincide con que el escenario ha cambiado drásticamente desde abril del 2016, cuando dejó de recibir pagos por parte de Ductos del Sur. ¿Es seguro que el siguiente paso es el arbitraje? “Es algo que vamos a evaluar y dependerá mucho de lo que pase en los próximos días. Esa sería la última opción, porque esperamos que el Estado resuelva nuestro problema. Hace dos años no había ese escenario porque no había una norma. Antes era ver si llevábamos a Odebrecht a arbitraje, porque en ese momento el problema era de privados”, responde el ejecutivo.
El problema entre privados se refiere a una serie de fideicomisos que los socios del consorcio GSP firmaron en agosto del 2016, por lo que Odebrecht se quedaría sin cobrar acreencias que cedió en su momento a G&M y Enagás para obtener financiamiento. Hoy los miembros del consorcio GSP también están en un arbitraje local, específicamente Odebrecht contra G&M y Enagás. Pero no es lo que le quita el sueño a los proveedores extranjeros de Odebrecht. “Ni siquiera vamos a llegar a ese problema si el Estado retiene todo”, dice Aparicio.
El reglamento de la Ley 30737 debería publicarse esta semana. Por lo pronto, los borradores a los que han accedido diversos medios y SEMANAeconómica no indican mayor aclaración sobre qué tipo de proveedores podrán cobrar qué ni en qué orden.
