El tribunal debe decidir si ordena o no la detención de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. A eso se suma la mirada del gobierno de Mauricio Macri que quedó enojado con el tribunal tras la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Dos jueces no se pusieron de acuerdo y el tercero que debe desempatar está recusado con la posibilidad de que tenga que intervenir un cuarto. Así está planteado el tablero en la Cámara Federal.
Todo ese ocurre en la causa del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), en la que se investiga la malversación de 264 millones de pesos para la puesta en marcha de la mina de carbón en Río Turbio -Santa Cruz- que nunca se hizo.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido; de Atanasio Pérez Osuna, ex Interventor de YCRT; de Miguel Ángel Larregina, ex coordinador general de YCRT; de Martín Goicoechea, decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional; y de Hugo Sánchez, presidente de la Fundación de la Facultad Regional de Río Gallegos.
Pérez Osuna y Larregina ya están presos en una causa conexa a la de Río Turbio (por las irregularidades en la sesión de fondos públicos para la construcción de una avenida en esa ciudad que nunca se hizo y por la que está procesado el empresario y el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain) y Baratta estuvo seis meses detenido en la cárcel de Marcos Paz hasta marzo pasado cuando fue libertado por la Cámara Federal que anuló su procesamiento en la causa por las presuntas irregularidades del Gas Natural Licuado porque la acusación se basó en un informe irregular y por el que el perito oficial está acusado de falsedad pericial.
Para Stornelli deben estar presos en la causa de Río Turbio por el volumen de la maniobra investigada, por los fondos públicos que todavía no se encontraron y por la posibilidad que en libertad entorpezcan la causa. El juez Luis Rodríguez procesó a los acusados junto a otras 11 personas por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública pero rechazó las detenciones.
El caso llegó a la Sala II de la Cámara Federal. Las defensas pidieron que se revoquen los procesamientos y el fiscal Germán Moldes avaló los pedidos de detención.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que los procesamientos tienen que ser confirmados. Pero tuvieron distintas posturas sobre las detenciones. Irurzun votó por aceptarlas y Farah por rechazarlas, informaron a Infobae fuentes judiciales. La misma discrepancia habían tenido en octubre pasado sobre el pedido de detención al ex ministro De Vido. Irurzun postuló que el paso por el poder político deja conexiones para interferir una investigación y por lo tanto ese riesgo debe ser neutralizado con la detención
Ante la disidencia fue convocado un juez de la Sala I de la Cámara. Se trata de Leopoldo Bruglia, quien había desempatado sobre el pedido de detención a De Vido. Votó por la prisión preventiva del ex ministro que está preso desde fines de octubre cuando se entregó en los tribunales de Comodoro Py después que la Cámara de Diputados le quitó sus fueros como legislador.
Pero Bruglia fue recusado por la defensa de Baratta. El ex funcionario sostuvo que Bruglia es un juez provisorio y como tal sus decisiones podrían estar condicionadas a los deseos del gobierno de Macri, que es el que debe decidir si lo deja en la Cámara Federal. Baratta ya logró un apartamiento en la causa: la del fiscal Stornelli a quien recusó y su pedido fue aceptado por el juez Rodríguez. El fiscal apeló esa decisión.
Bruglia es juez del Tribunal Oral Federal 4 y llegó a la Cámara Federal en noviembre de 2016 pasado con los votos del macrismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura. Su traslado definitivo a la Cámara fue aprobado por el Consejo el 15 de marzo pasado. Eso fue un día antes del fallo de la Cámara sobre López y De Sousa -en el que Bruglia votó porque sigan presos– y después de tener "frezado" durante meses el traslado de Bruglia en el Consejo. Para que el traslado definitivo de Bruglia queda un último paso que todavía no se dio: la firma de Macri en un decreto.
La recusación de Bruglia tiene que ser resuelta por el camarista Farah. Si la rechaza, Bruglia desempata sobre los pedidos de detención. Si la acepta, Bruglia es apartado de la causa y en su lugar interviene Jorge Ballestero, el segundo juez de la Sala I de la Cámara Federal. Farah también tiene que resolver el apartamiento de Stornelli de la causa.
Ballestero y Farah son los jueces apuntados hoy por el macrismo en la Cámara. Fueron quienes liberaron a López y De Sousa y quienes modificaron la acusación del delito administración fraudulenta agravada a retención indebida de tributos en la causa en la que están procesados porque durante tres años no pagaron 8.000 millones de pesos del impuesto al combustible de su empresa "Oil Combustible". El oficialismo vio en esa decisión una maniobra para beneficiar a los empresarios.
"El fallo me indignó", dijo Macri. "Creo que el Presidente fue mal informado. Tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirse un poco", le contestó Farah.
Ambos camaristas están siendo investigados por el Consejo. Ballestero por una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre un posible pago de coimas para fallar en el caso y Farah por una presentación de la Corte Suprema de Justicia para que se determine si fue irregular o no su designación para intervenir en esa causa donde también tuvo que desempatar ante la disidencia de Bruglia y Ballestero.
Final abierto en la Cámara Federal con condimento político.
Es YCRT, la minera de Santa Cruz. Planta sobredimensionada, despidos y causas por corrupción.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) la empresa minera de Santa Cruz, iniciaría su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), según anunció su interventor Omar Zeidán (Cambiemos). La medida está bajo evaluación. Se trata de la empresa destinataria de $ 26.000 millones durante el gobierno kirchnerista, manejo de fondos que derivó en una causa por corrupción contra Julio De Vido, detenido en dicho expediente. La firma asegura no poder continuar destinando el 90% de su presupuesto al pago de salarios.
La empresa de carbón santacruceña fue destino de una millonaria partida de presupuesto durante la gestión anterior que le valió un procesamiento a Julio De Vido por administración fraudulenta, con un desvío de fondos de $ 265 millones.
Según la Justicia, el extinto Ministerio de Planificación destinó una "gran cantidad de fondos públicos ($ 26.000 millones) para la reactivación de la actividad minera y la generación de energía", que incluyó diversas obras. Lo que se le reprocha al diputado del FPV es "el uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del "ambicioso” proyecto", que según la causa "no cumplió con sus objetivos".
Este año la intervención de YCRT buscó reducir el gasto de la empresa e implementó un plan de reestructuración que generó el despido de 415 trabajadores. El Presupuesto del año en curso que se aprobó en el Congreso le otorga $ 3.435 millones, casi 800 millones menos que en 2017.
Según las autoridades de la empresa minera, la suma de dinero no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron poco más de $ 3.800 millones.
Desde YCRT y tal como consta en la causa judicial, la planta de personal entre 2011-2015 se duplicó -cuanto menos-, o se sobredimensionó, llegando a poco más de 3.000 agentes pero no por razones de producción, sino más bien por fines electorales.
Desde YCRT remarcan que mientras crecía la planta de personal (un 233% durante el gobierno anterior), "la producción de carbón fue de un 85% menos" y que "es imposible tener esta estructura y ser eficientes", indicaron a Clarín desde la empresa. Desde la Casa Rosada, por su lado, señalaron que es parte de la "reducción del déficit fiscal que se impulsa, con la idea de que la empresa sea viable como la usina, nada va a cerrar"
La decisión de avanzar con los despidos generó un gran malestar en los gremios estatales, que están en conflicto con YCRT desde febrero. En este escenario, el interventor Zeidán anunció que analiza iniciar el procedimiento preventivo de crisis (PPC) tras una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, de quien depende la empresa intervenida. La palabra final la tiene el Gobierno. Es la misma salida que el Ministerio de Trabajo le concedió este lunes al supermercado Carrefour.
YCRT entiende que ante la existencia de una crisis económica/financiera, y para tratar de superarla y "mantener la empresa en marcha", el camino viable sería el PPC. El mismo supone que los sindicatos lo acepten y por diez días accedan a "sentarse a negociar, y si se llega a un acuerdo se homologará por el ministerio de trabajo, sino seguirá todo como antes", explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Una vez iniciado el procedimiento de crisis, considerado un marco de negociación "las partes tienen que resignar exigencias de cara a favorecer la conservación de las fuentes de trabajo".
La norma le permite al empleador por ejemplo, cuando acuerda despidos, "reducir indemnizaciones, pero en caso de acordarse se debería compensar con otro beneficio a los gremios", indicaron fuentes de la empresa. Todo está bajo análisis.
La crisis financiera que vive YCRT derivó en 415 despidos que, según la intervención, no tienen vuelta atrás. Mientras los gremios resisten y exigen la reincorporación de los puestos de trabajo (este lunes hubo una protesta en el Congreso, en una carpa de ATE), el Gobierno nacional responsabiliza a la anterior por "la planta de personal inflada".
La empresa está sin operar y en medio de la crisis se debe reordenar otra situación que costó mil de millones de pesos: la Usina de Carbón que rescindió el actual gobierno y que estuvo en manos de la firma española Isolux Corsán. La obra está denunciada por corrupción y hasta que no se reencauce la situación de YCRT no se podrá tomar ninguna decisión sobre la usina.
La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto Ministerio de Planificación Federal destinó a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización. Esto estaba ligado la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), llegó a incrementar su valor original en un 90,28%.
La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos. Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.
El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de diversos convenios de colaboración entre YCRT y la FRSC (dependiente de la UTN). que contaba a su vez, con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez, ya que era la receptora de los fondos.
