El PPP tendrá una prueba de fuego con la licitación de obras viales pero los privados advierten que “la convocatoria no tuvo el éxito esperado”.
La Argentina busca capitalizar el sistema de inversión público-privada para las obras de infraestructura.
De las diez oferentes que esperaban solo se habrían presentado cinco, según fuentes del sector de la construcción, según Fénix951
“El problema es que el financiamiento es mucho más caro”, sostienen, sobre la tasa que rondará el 10%, más del doble de lo que se maneja para obras de infraestructura, donde el financiamiento generalmente proviene de los bancos multilaterales como el BID, CAF o Banco Mundial.
Por eso las reuniones de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 serán el marco para analizar cuestiones de coyuntura como las medidas comerciales de Donald Trump para aluminio y acero, pero también una agenda “oficial” pone el énfasis en temas como el financiamiento de la infraestructura.
El cálculo que se hace es que hay US$ 5,5 billones (millón de millones, en español, el equivalente a los trillones de EE.UU.) en necesidades de financiamiento mundial de infraestructura para 2035, mientras que del lado de los inversores institucionales, hay una disponibilidad de fondos de US$ 80 billones. “Se busca definir un nuevo instrumento que permita canalizar las necesidades de financiamiento”, explicó en la antesala de las reuniones el vicepresidente segundo del Banco Central y delegado ante el G20, Demian Reidel.
La licitación que se abrió responde a la primera etapa del plan de 2.500 km de rutas nacionales por unos US$ 6 mil millones para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. En total, el proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras incluye 7 mil km, con una inversión de US$ 16.700 millones. “Se presentaron algunos pero no todos los que se esperaba. Y eso hace que el Gobierno tenga menos opciones para elegir y conseguir un buen precio”, explicó un empresario del sector.
En el caso de las concesiones viales argentinas, el repago es a través de peajes para los privados. Si bien para el Estado podría no ser un gran negocio, los funcionarios remarcan que descomprime sus necesidades de financiamiento para obra pública.
En el mundo hay ejemplos de éxito y fracaso, lo que lleva a reformular reglas y recomendaciones. Por eso también el G20 busca alternativas para financiar infraestructura como las que se discutirán en Buenos Aires. “Los proyectos de infraestructura tienen cuestiones difíciles de estandarizar”, explicó Reidel, que puso como ejemplo el desarrollo de activos como los bonos soberanos de emergentes. La alternativa es contar con instrumentos de larga duración, posiblemente atados al PBI y vinculados a fondos multilaterales.
Un informe de Moody’s sobre el programa de PPP de Argentina marca que se basa en el ejemplo de Perú o Colombia y reconoce que el programa necesitará de la participación de inversores internacionales y colocaciones financieras ya que “los inversores locales no pueden proveer el financiamiento requerido”.
Apuesta.
En total, el Gobierno espera financiar planes por US$ 26 mil millones en obras de infraestructura, minería, saneamiento, energía y otros sectores hasta 2022. “El nuevo marco del PPP fue recientemente desarrollado y no fue testeado. Esto presenta un riesgo adicional de crédito en comparación con los pares regionales”, admite Moody’s para explicar el financiamiento caro.
En el mundo, los PPP todavía son ensayo-error: el Global Infrastructure Hub (GIH), una iniciativa del G20 para medir los riesgos del PPP, marca que por ejemplo, esta modalidad puede necesitar “subsidios por parte de las autoridades” si la demanda baja a partir de cierta cantidad. “Algunos proyectos ahora plantean a los oferentes que indiquen sus necesidades de subsidios”, marca el GIH que marca que se requieren mecanismos para cubrirse de menor demanda pero también de “restricciones de tarifa o volatilidad cambiaria”, en el caso de los proyectos viales.
Con las esperanzas puestas en estos desarrollos, en la conferencia que compartió con la titular del FMI, Christine Lagarde, el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la inversión podría pasar a crecer el 15% este año, contra el 11% el año pasado.
Una ley le asigna a la AGN la tarea de supervisar contratos de propiedad participada. Pero le faltan recursos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene serias dificultades para controlar los Programas de Propiedad Participada (PPP), gran herramienta oficial para costear infraestructura sin desembolsos inmediatos de la caja pública. Esa restricción podría privar de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado de US$130 mil millones, deuda estatal que honrarán las próximas administraciones, publicó Clarín.
El PPP es un mecanismo para ejecutar obra pública a través de un privado que asume la responsabilidad de ejecutarla y financiarla a cambio de una retribución que puede asumir formas diversas. Desde el pago contra entrega a la licencia para operar comercialmente un servicio, en cualquier caso, con garantía pública.
Sea un puente, una ruta, un hospital o un tendido eléctrico, una de las particularidades de este sistema es que esos emprendimientos no están bajo la ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales.
Según subraya el paper de una empresa con interés en participar en los concursos que realizará la Nación bajo este régimen, tampoco le cabe “las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación”. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.
Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la ley 27.328, que proporciona un marco general, ajustado por la reglamentación. Sin embargo, hay precisiones de los contratos a firmar con las empresas privadas que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante, lo que añade otra cuota de incertidumbre.
El artículo 22 de aquella norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público-privada existentes, su desarrollo y resultado”. Quizás un recurso para subsanar la orfandad en el control.
Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que, a pesar de sus actuales esfuerzos para acortar el tiempo de sus informes, éstos son siempre ex post, nunca en tiempo real. El organismo hoy no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión, algo que su propio presidente, Oscar Lamberto, reconoció ante el Económico. “La ley de PPP está pasando por encima a la que crea a la Auditoría”, advierte.
Los límites reales para la tarea encomendada fueron explicados al ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne comprende los reparos de los auditores, pero por ahora no parece dispuesto a alzar la voz por esta cuestión.
A pesar de esas dudas, la AGN acató la orden e incluyó en el plan anual de auditoría que eleva al Parlamento el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado para la conclusión y mantenimiento de rutas bonaerenses con la modalidad de PPP. Claro que el volumen de trabajo podría ser mucho mayor si se cumplen las expectativas oficiales sobre este mecanismo de financiación de la obra pública.
La ley de Presupuesto de este año avala un programa para concursar bajo este régimen emprendimientos que tendrán un valor conjunto de US$130.000 millones, según surge de dos planillas anexas (una con obras por US$110.000 y otra por US$20.000 millones, respectivamente). Aunque en algunos casos el emprendimiento puede repagarse otorgándole a la constructora el derecho de explotación y el cobro de alguna tarifa o canon a los usuarios, la modalidad más probable es el repago directo a través de la caja estatal.
De ahí que Lamberto asuma que esa cifra equivale a deuda en moneda dura que está tomando la Nación para obras de infraestructura, en su mayoría a licitar en los próximos 3 años, 5 a lo sumo, y cuyo pago se concretará en futuros ejercicios. Es decir, será responsabilidad de otras administraciones.
Esa obligación tiene la categoría de pasivo contingente. Es algo distinto a la deuda efectivamente generada ya por la administración macrista a través de la emisión de títulos públicos. Pero es pasivo público al fin.
Los informes de la AGN se consolidaron como disparadores de investigaciones judiciales, al punto que existen 450 causas abiertas a partir de ellos y hoy los jueces los buscan con el apetito que despierta el pan caliente. Como asegura el peronista Lamberto, es difícil que estas auditorías sirvan para detectar el eventual cobro de una coima. Pero sí resultan esclarecedoras cuando hay falta administrativa de la que se deriva un sobreprecio.
El Poder Ejecutivo ya apeló a la Auditoría como tabla de salvación cuando le mandó el voluminoso expediente judicial del Correo Argentino para que se expida sobre el acuerdo que el Ejecutivo celebró con el otrora adjudicatario privado, Sideco Americana, empresa de la familia Macri. Se investiga si existió un acuerdo tan beneficioso para esa empresa como lesivo para los intereses públicos y si el ex concesionario habría vaciado sus cuentas burlando el corsé de un concurso de acreedores.
La AGN se negó en principio a involucrarse en este trámite y remitió a informes anteriores que consignaban fuertes críticas al correo privatizado, ya que no trabaja a pedido de otro poder que no sea el parlamentario. Pero, luego de una negociación política, fue el propio Congreso el que lo incluyó en su plan de acción.
