Si el juez comercial acepta el plan de salvataje presentado por el administrador, o decreta la quiebra, el "zar del juego" quedará afuera.
Cristóbal López está libre, pero el futuro de su grupo empresario no está garantizado. En los últimos días sus abogados se comunicaron telefónicamente con los abogados de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, los dueños de OP Investments que son los actuales administradores de Indalo y que pretendían comprar el holding, operación que trabó la justicia federal. No hubo ninguna oposición del empresario K al salvataje que presentó OP esta semana para evitar la quiebra de Oil Combustibles SA. Algo quedó firme: López y Fabián De Sousa ya no podrán asumir el manejo de la petrolera, utilizada para financiar su holding y no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos, que con los intereses y punitorios ya son casi 21.000 millones.
Oil Combustibles, el principal activo del Grupo Indalo, se convirtió en la pieza fundamental de una maniobra que para el juez Julián Ercolini como para la AFIP, querellante y denunciante en la causa, fue una defraudación al Estado: obtuvo sistemáticamente planes con facilidades de pago durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente del fisco, que nunca pagó. Por el contrario, la Justicia determinó que mientras la deuda se hacia multimillonaria, con el dinero que retenía del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) López financiaba a sus otras empresas, e incluso compraba otras.
La petrolera tiene un concurso preventivo de acreedores en curso, aunque generó una deuda post concursal de 1.600 millones de pesos. Esta cifra se suma a los 19.000 millones de pesos que le reclama la AFIP por no haber pagado el ITC durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
Esta semana OP Investments presentó ante el juez comercial Javier Cosentino un plan de salvataje a través de un procedimiento conocido como cramdown, para evitar que la empresa quiebre.
Con 450 empleados directos y otra gran cantidad de forma indirecta, la AFIP opinó que la quiebra de la empresa es el mejor camino para garantizar el patrimonio de la firma, que es la garantía para que el Estado pueda cobrar la deuda, y asegurar los puestos de trabajo.
Ahora la Justicia analiza abrir ese proceso de salvataje -para lo cual un tercero deberá hacerse cargo del financiamiento para subsanar los problemas de Oil- o enviar la firma a la quiebra.
Sea cual fuere el camino, Cristóbal López no podrá volver a manejar la empresa que utilizó para generar la multimillonaria deuda con el fisco, excepto que en una instancia de apertura del cramdown se deba conformar el antiguo directorio de la empresa; en tal caso Fabián De Sousa -socio de López- podría volver a su cargo original en la dirección de la petrolera.
“El Gobierno quiere que Oil quiebre, no se puede contra eso”, señalaron a Clarín desde el entorno del empresario K, que pasa sus días entre su departamento de Puerto Madero con uno de sus hijos y Comodoro Rivadavia.
La estructura de funcionamiento del Grupo Indalo tenía como eje central a Oil Combustibles: era la firma que generaba préstamos internos, financiaba el desarrollo y funcionamiento de otras empresas. Por eso, "está en juego no sólo el futuro de la petrolera sino de todo el grupo", señalan fuentes de la empresa. Cuando López quiso vender Indalo, la situación ya era crítica: "se trataba de un grupo endeudado, con desorden administrativo. Los medios de comunicación no tenían los balances al día, había una constructora a la que el gobierno le debía mucho dinero, y una petrolera que se había acostumbrado a vivir del ITC y que subvencionaba a todo el resto", describieron a Clarín desde Indalo.
Según pudo saber este diario, en caso de que se apruebe el salvataje, Rosner concluirá ahí su participación como administrador del Grupo. "Presentó un plan con la petrolera Lukoil que no se lo dejaron aplicar. La pesada mochila de Cristóbal López fue demasiado tóxica para conseguir los apoyos políticos y empresariales necesarios", indicaron fuentes allegadas al fondo de inversión. Además, sostuvieron que la inhibición de bienes sobre las acciones y la postura de la AFIP "nunca permitieron una salida. Todo eso hace imposible que OP Investments pueda continuar con su objetivo de salvataje".
Al menos 25 empresas del holding ya adeudan 1.900 millones a la AFIP en concepto de aportes de la seguridad social que en los últimos meses no pagaron. Desde el entorno de López siguen apuntando al Gobierno: "ellos quieren que se vaya a una quiebra", repiten
Los trabajadores de Oil Combustibles le pidieron hoy al juez que tramita el concurso preventivo de la principal compañía del Grupo Indalo que habilite la instancia de salvataje y le dé continuidad a la petrolera, bajo la forma jurídica de una cooperativa de trabajo, informaron fuentes gremiales.
Los empleados de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza buscan evitar la quiebra de la firma, "cuyas consecuencias pueden resultar nefastas para los trabajadores", señala el escrito.
"Nosotros creemos que la cooperativa le da el andamiaje jurídico necesario para los que dicen que quieren invertir en la empresa", dijo a esta agencia Héctor Brizuela, secretario legal de la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh).
La presentación se ampara en el artículo 48 bis de la Ley de Quiebras, que facilita el camino de la continuidad de las unidades productivas fallidas en cabeza de cooperativas de trabajo.
Un pedido similar, en cuanto a que se clausure el período de exclusividad y se habilite el salvataje (cram down), presentaron ayer al juez comercial Javier Cosentino los administradores de Oil Combustibles Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, en representación del fondo OP Investments.
Por ese motivo, el juez suspendió la audiencia con las partes previstas para hoy para resolver la situación procesal de la compañía, aunque se entrevistó con los trabajadores de la refinería.
A fines de marzo el juez "corrió" de la administración de la compañía a Rosner y Dellatorre luego de un informe de los veedores judiciales que reseñó un importante aumento del pasivo posconcursal con erogaciones poco frecuentes, y resolvió designar interventores.
El 28 de marzo pasado, la AFIP, principal acreedora en el concurso, confirmó que no existe la posibilidad de quitas ni moratorias para cancelar el pasivo que Oil acumuló con el Estado Nacional.
El organismo recaudador le reclama a la empresa de López y De Souza unos $8.000 millones en concepto de retención indebida del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que actualizados rondarían los 17.000 millones, indicaron fuentes del concurso.
Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva en diciembre pasado por defraudación al Estado, aunque el mes pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña los liberó y recaratuló la causa como evasión, un delito de menor cuantía.
La propuesta de los trabajadores de Oil -unos 450 operarios de la refinería que la firma tiene en la ciudad santafesina de San Lorenzo- busca evitar la quiebra de la petrolera, sugerida por la AFIP.
En un escrito presentado al juzgado, el organismo fiscal señaló que "no advierte otra opción que la quiebra directa como el modo menos perjudicial y dilatorio para lograr la preservación del patrimonio de la empresa".
A la vez, se opone al cram down al señalar que "el cumplimiento de las distintas etapas del procedimiento del artículo 48 de la Ley de Quiebras (el que establece el salvataje) no garantizaría la interrupción o cese del deterioro patrimonial" de la concursada.
Los trabajadores creen que el dictado de la quiebra permitiría la adquisición de los activos de Oil a un "precio vil" por parte de algún interesado. Por esa razón solicitaron hoy al juez Cosentino que clausure el período de exclusividad y abra la instancia del salvataje mediante una cooperativa de trabajo.
Brizuela señaló que de ese modo se produciría el "desapoderamiento del titular anterior" de la empresa, es decir los responsables del Grupo Indalo López y De Souza, "y nosotros podríamos buscar inversores o vender bienes ociosos para formular una propuesta de pago a los acreedores".
El artículo 48 bis de la ley establece que "el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativas, y las facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras".
