El decreto firmado por la exministra de Minería, Aurora Williams, en el que se entregó un permiso a Codelco para explotar las pertenencias que tiene la corporación en el salar de Maricunga sigue dando que hablar.

Un grupo de pequeños tenedores de pertenencias en ese mismo salar, que suman el equivalente a 2.000 hectáreas, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, en el que se reclama que el contrato especial de operación de litio (CEOL) otorgado es “ilegal y arbitrario”.

El documento, patrocinado por el abogado Patricio Zapata, apunta a que con el permiso dado en el último día hábil de la anterior administración, se bloquea la capacidad de los demás propietarios presentes en el salar a explotar sus terrenos.

“Lo que hace la resolución es aprobar un contrato por el cual el Estado de Chile le concede a una empresa del Estado, vía CEOL, el derecho a explotar, en exclusiva, todo el litio del salar de Maricunga, tanto aquel que se encuentra en las pertenencias que

Codelco transfirió a Maricunga SpA (su filial) hace un año, como aquel litio que se encuentre en las salmueras comprendidas por pertenencias de terceros privados, como mis mandantes”, acusan.

Zapata apunta también a que la Constitución establece que los recursos como el litio pueden ser explotados por el Estado a través de sus empresas, o a través de un privado con el permiso correspondiente, por lo tanto, no tendría sentido la celebración de un CEOL entre el Estado y una filial de Codelco, ya que “va contra el sentido de la ley”, aseguran.

Respecto a los vicios de legalidad, la defensa señala que el ministerio cedió su autoridad a Codelco al otorgarle un permiso amplio, dejando de lado su labor de rol regulador, y quitando a las empresas el derecho a un marco normativo definido por ley, igual y transparente.

También se alega discriminación, ya que al entregar el permiso de manera directa, el Estado se habría evitado la “necesidad de enfrentar la discusión sobre la necesaria autorización legal de quórum calificado para un giro nuevo” de la cuprífera.

Esta arista se suma al amparo económico presentado hace unas semanas por Minera Salar Blanco, que junto a Codelco y SQM es de las empresas con mayores pertenencias en Maricunga. En esa ocasión, la firma ligada al empresario Martín Borda acusó de bloqueo a la estatal y de invalidez en el permiso. En su defensa, Codelco calificó el reclamo de “artificial e infundado”.

En la última entrega de resultados de Codelco, el presidente de la estatal, Nelson Pizarro, aseguró que el proyecto en Maricunga “sí está” dentro de las prioridades en 2018, en medio del proceso de búsqueda de socio que mantiene la estatal desde el año pasado.