El procesamiento del ex ministro vuelve el reloj a 2005, cuando estalló el hasta hoy impune caso Skanska. Los riesgos y lecciones de aquella historia.
Años después que en el resto de América Latina, donde funcionarios, empresarios, ex Presidentes y hasta mandatarios en ejercicio fueron alcanzados por el tsunami de investigaciones por corrupción vinculados con un sistema de sobreprecios, cartelizaciones y coimas dirigido por la constructora brasileña Odebrecht, parece que en Argentina el agua comenzó a llegar a lo más alto del poder. Parece, porque la justicia local acostumbra a convertir a los sospechosos más escandalosos en verdaderos Houdinis de la ley.
Por ahora, los tentáculos locales del pulpo Odebrecht son investigados en tres causas: la de las plantas potabilizadoras y de tratamientos cloacales licitada por la empresa AySA, que está en manos del juez Sebastián Casanello; la del inalcanzable soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que conduce el doctor Marcelo Martínez de Giorgi; y la de los contratos para extender gasoductos, que lleva Daniel Rafecas. A este expediente, por el cual se acaba de procesar al ex ministro de Planificación Julio De Vido, se lo conoce con un nombre que remite al más grande fracaso judicial de la era K: "Skanska II".
El ex ministro Julio De Vido en los tribunales de Comodoro Py, cuando fue
Skanska es el nombre de la constructora sueca que en 2005 fue acusada por el supuesto pago de coimas para ganar el contrato de construcción de un gasoducto en el norte argentino. La causa, que nació y creció en el fuero penal económico por el descubrimiento de una usina de facturas truchas que la firma supuestamente había utilizado para disimular los pagos ilegales, terminó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, ahora bajo una acusación de administración fraudulenta y cohecho. El inefable magistrado la hizo caminar, hasta que un estudio realizado por el cuestionado cuerpo de peritos que depende de la Corte Suprema de Justicia determinó que no había habido sobreprecios, y la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó cerrar el caso y sobreseyó a todos los acusados. Al pie de esa sentencia se leen tres firmas: Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. A algún lector atento le sonarán esos nombres.
Aquel proceso no hubiera merecido reproches, si no fuera por algunos detalles. Por ejemplo, que los directivos de Skanska admitieron el pago de sobornos, que la firma sueca echó a algunos y se llevó a otros de la Argentina, y que una larga tira de escuchas telefónicas entre empresarios y ex funcionarios desnudaba la maniobra con pelos y señales. Lástima que la Cámara Federal invalidó esas pruebas por alguna objeción formal, que años después también desapareció.
Pero los rastros de la maniobra eran tantos y tan grandes que sólo hacía falta que alguien soplara el polvo depositado sobre ellos para que quedaran a la vista. El estallido en Brasil de la operación Lava Jato -un gigantesco árbol de causas por corrupción que involucran a funcionarios y legisladores de todos los partidos y a los empresarios más importantes del país- exhibió las maniobras de Odebrecht para ganar obras en toda Sudamérica, coimeando a políticos y gobernantes sin distinciones. Resulta que así como Skanska lideraba el consorcio para hacer el gasoducto del norte, los brasileños ganaron la licitación para otro en el sur. Y tras el escándalo con la firma escandinava, también se quedaron con el otro.
Otra vez volaron las acusaciones, se reabrió aquel viejo expediente y se inauguró una nueva causa, en la que el juez Rafecas debe caminar con cuidado para no tropezarse con las pruebas, los testimonios y los indicios sobre una mega corrupción estructural. Esta vez, el juez apuntó al verdadero demiurgo de la maniobra, el omnipresente ex ministro Julio De Vido, que siempre fue cuidadoso para esconder su mano en los negocios irregulares que organizaba y que ordenaba. Cuando estalló el caso Skanska, los jueces llegaron hasta el entonces titular del ente regulador Enargas y el jefe de los fideicomisos del Banco Nación, que habría participado en el esquema para financiar el asunto. Es decir, dos poligrillos incapaces de mover todas las palancas necesarias para coordinar las resoluciones.
adjudicaciones, pagos y certificaciones que implican mega contratos como los de los gasoductos.
Como en el eterno retorno que Nietzche ponía en boca de Zaratustra, ahora la justicia vuelve a tener la oportunidad para llegar hasta el fondo de la organización que entre los más altos ex funcionarios y varios grupos empresarios animaron para esquilmar al Estado. Si por el contrario, los expedientes sobre Odebrecht no avanzaran, será dificil que los retornos no sean eternos.
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