Con el final del ajuste tarifario, el Estado se ahorraría hasta US$ 3.400 millones en juicios, por el compromiso de las empresas de desisitir de los juicios contra Argentina en el CIADI.
Los nuevos valores de las facturas de gas completan el ciclo de ajuste para que las empresas distribuidoras y transportadoras dejen de operar en perdida, con lo cual darían de baja sus juicios contra el país
El aumento tarifario en gas no sólo actualiza la estructura de costos del sector, algo que el ministro de Energía Juan José Aranguren menciona en todas sus declaraciones públicas, sino que también abre la puerta para que el Estado argentino se libere de los juicios en su contra por parte de las empresas del sector gasífero.
La actualización anunciada la semana pasada, con aumentos de hasta el 40%, marca el final de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que Energía coordinó con las distribuidoras y transportistas para que se les diera el precio necesario para prestar el servicio.
A cambio, las empresas debían cancelar juicios por unos USD 3.400 millones que iniciaron contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
"La Argentina es tercer país con más casos abiertos frente al CIADI, por debajo de España (29) y Venezuela (22) El desistimiento de esos juicios no es el único guiño del sector hacia el Gobierno. Las distribuidoras y " transportistas de gas firmaron compromisos de inversión por $45.000 millones hasta 2021. Por lo tanto, a partir del domingo, las empresas tienen tres meses para desistir de sus juicios en proceso frente a la entidad que depende del Banco Mundial. Esto implicaría una señal fuerte hacia los inversores extranjeros, ya que Argentina es, luego de Venezuela, el país de la región con más casos abiertos en contra.
Varios de los juicios del sector frente al organismo y otros tribunales internacionales datan del 2001 a partir del congelamiento y la pesificación de las tarifas energéticas.
Las empresas distribuidoras, entre otras concesionarias, habían iniciado demandas ante el Ciadi por la violación de contratos; en la renegociación con el Gobierno se comprometieron a desactivarlas
Los periódicos aumentos en los servicios públicos que aplicó desde su llegada al poder el presidente Mauricio Macri, quizás una de sus decisiones más antipáticas para la población, arrojarán en los próximos tres meses algunas buenas noticias para la Casa Rosada.
Sucede que en el marco de la renegociación tarifaria integral (RTI) que llevó adelante la administración nacional con las empresas para normalizar el sector tras años de congelamiento en sus ingresos, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su equipo introdujeron un ítem de especial importancia desde la mirada oficial: a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de varios juicios que hace años radicaron contra el país en el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en otros tribunales internacionales.
Tal desestimiento se producirá en los próximos 90 días, en línea con los compromisos que firmó el sector privado con el Gobierno. Según las cuentas de Energía, los litigios que tachará la Argentina en las próximas semanas suman unos 3400 millones de dólares.
La historia que culminará en poco tiempo más es una de las estelas que aún quedan de la crisis de 2001/2002. Tras la devaluación y el congelamiento y la pesificación de las tarifas de servicios públicos, las compañías acudieron en tropel al Ciadi para litigar contra la Argentina.
Su reclamo se basó no solo en la ruptura de las "reglas de juego", un término cuyo empleo creció de manera exponencial en aquellos años, igual que el reclamo por mayor "seguridad jurídica", sino también en que en la década del 90, el país había firmado acuerdos de protección recíproca de inversiones con otras naciones.
Esa fue la fórmula que promocionaron el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, para atraer inversores. Pero también abrió la puerta para que empresas radicadas en Estados Unidos, España e Italia, solo para poner ejemplos conocidos, tuvieran por contrato la posibilidad de reclamar fuera del país ante un conflicto.
Tras la crisis de 2001, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre los países más demandados ante ese tribunal, solo después de Venezuela.
Aunque pasaron 17 años, aún hay 13 juicios pendientes de resolución en el Ciadi. Entre los demandantes están la española Abertis (concesionaria de autopistas), la italiana Impregilo (obras públicas), una subsidiaria de la norteamericana Exxon, Suez (la operadora francesa del servicio de aguas, exdueña de Aguas Argentinas), Camuzzi (distribuidora de gas italiana) y la generadora de energía AES, de origen norteamericano.
La Casa Rosada sigue el tema de cerca por varios motivos. En un contexto de déficit fiscal, cualquier erogación por encima de lo previsto -como el pago de juicios perdidos- tiene como destino final ensanchar el rojo del Estado.
El propio presidente se hizo eco de esa situación en julio pasado, cuando se conoció un fallo contra el país por la estatización de Aerolíneas Argentinas. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas, el país fue condenado a pagar US$320 millones más intereses", señaló el Presidente, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Sensiblemente molesto, agregó: "Nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados".
La cancelación de juicios contra el país es otro paso más para atraer a los inversores internacionales, uno de los objetivos sobresalientes del Gobierno para fortalecer la marcha de la economía. Sucede que las empresas internacionales miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi al momento de definir sus inversiones.
La disminución de los perjuicios contingentes (así se define entre los abogados del Estado el riesgo de perder un juicio y estar obligado a pagarlo) es uno de los objetivos que se fijó el Gobierno en los últimos meses. Según una investigación que hizo LA NACION, hasta diciembre pasado el Estado enfrentaba 2.240.000 juicios en tribunales federales y en instancias internacionales, que sumaban posibles daños por más de US$37.000 millones.
El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representaba un 60% más que el déficit fiscal de 2017. Y era casi cuatro veces más que los US$9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.
La firma demandó al Estado argentino luego de la estatización de las antiguas AFJP. El juicio comenzó en 2008 y la firma se basó en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre EE.UU. y la Argentina
Abertis Infraestructura
En 2015 presentó una demanda de arbitraje contra el país ante el Ciadi por un conflicto relativo a los peajes de autopistas
Salini Impregilo
La empresa italiana presentó una demanda ante el Ciadi en septiembre de 2015, invocando la violación del Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Italia de 1990
Casinos Austria
La firma que tiene las concesiones del juego en la provincia de Salta demandó a la Argentina y a esa provincia ante el Ciadi por US$150 millones
Teinver SA
Por Aerolíneas y Austral, Teinver, Transportes de Cercanías SA y Autobuses Urbanos del Sur SA, inició una causa contra la Argentina en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones entre el país y España
Hochtief
La constructora alemana era la encargada de la obra Puente del Litoral e inició una demanda contra el país en el Ciadi
Mobil Exploration
La petrolera tiene una demanda iniciada en 2004 por cambios en las reglas que afectaron sus áreas en Neuquén y en Salta
Unisys Corporation
Tras la pesificación y por la falta de pago, la firma tiene una demanda en el Ciadi. Tenía un contrato para mantener y renovar la red informática del Poder Judicial
Suez
Tenía una demanda contra el país en el Ciadi por la pesificación de las tarifas y la nacionalización de Aguas Argentinas
Gas Natural SDG
La firma española tiene un juicio contra la Argentina. Está suspendido, pero no levantado
Camuzzi International
Tiene juicios contra el país por el congelamiento tarifario
AES Corporation
La empresa de origen estadounidense también había decidido suspender su juicio contra la Argentina
