El Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López , quedó a solo un paso de la quiebra, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) le cerró ayer la puerta a cualquier posibilidad de obtener un plan especial de pagos, quita u otro beneficio singular.
Convocados por el juez del concurso de Oil Combustibles -el motor del Grupo Indalo-, los funcionarios de la AFIP plantearon que las opciones que le quedan ahora a la petrolera son mínimas. O inexistentes, en la práctica, para una empresa cuya situación calificaron de "crítica", según dijo hoy Hugo Alconada Mon en La Nación.
Durante una audiencia que mantuvieron con los interventores judiciales y los síndicos de Oil, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, y dos abogados del organismo alertaron que los planes de facilidades de pago previstos por la ley en la actualidad no alcanzan al impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Es decir, están vedados para el tributo que López y su socio Fabián de Sousa no remitieron a la AFIP durante años.
Devoto y los letrados también indicaron que por esa deuda que López y De Sousa acumularon por unos $10.000 millones hasta presentarse en concurso solo podría habilitarse un plan general de pagos hasta en 12 cuotas. Pero la compañía no registra, hoy, ingresos, lo cual en la práctica lo torna inviable.
Los interventores judiciales presentes en la audiencia -Carlos Bianchi y Francisco Cárrega- tampoco se mostraron optimistas. "En líneas generales, la sociedad hoy no puede pagar el pasivo posconcursal y ni siquiera se conoce que hubiera comenzado a hablar sobre la deuda preconcursal, teniendo en cuenta que el período de exclusividad vence en agosto", indicó Cárrega.
"En síntesis, no se ve un negocio que permita pagar esto, por lo que el único escenario en el cual los acreedores dejarían de perjudicarse a sí mismos sería una eventual quiebra. Máxime teniendo en cuenta que nadie inyecta fondos a la terminal portuaria ni a los tanques de almacenaje", abundó el interventor, según surge del acta que se redactó de la audiencia.
Tanto los interventores como los funcionarios de la AFIP, sin embargo, evitaron solicitarle al juez que dicte la quiebra, posibilidad que sobrevoló toda la audiencia, aunque los letrados del organismo indicaron que no estaban "en condiciones de evaluar", en ese momento, "si se configuran los requisitos" para solicitarla.
De todos modos, si la AFIP no termina por solicitar la quiebra de la petrolera -que solo por deuda posconcursal le debe unos $1500 millones-, el pedido formal podría concretarse en los próximos días, ya que Oil también acumula deudas con terceros por otros $500 millones.
Para López y De Sousa, formalizar la quiebra implicaría el fin de sus planes de retomar el control del Grupo Indalo y superar sus problemas judiciales, en los fueros Comercial y Penal. Allí, otro abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, apeló ayer ante la Cámara de Casación Penal el fallo de la Cámara Federal que los excarceló y modificó el delito por el que se los acusa.
La Cámara Federal, sostuvo Gil Lavedra, "desoyó lo resuelto por el superior [por la Casación] y volvió a calificar los hechos, en un sentido que importó abrir el camino para que la acción penal se extinguiera y, de ese modo, todo concluyera en la más absoluta impunidad".
Al contrario de lo que concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero al sostener que se trataría de una evasión, el letrado de la AFIP consideró que en esa causa "se investiga una asociación ilícita entre funcionarios del Estado y empresarios ligados a estos, dentro de la cual se enmarca una maniobra fraudulenta que ha ocasionado un perjuicio al Estado nacional", por lo que pidió a la Casación que "subsane" el fallo.
Durante la audiencia, en tanto, la AFIP también le cerró la puerta a cualquier posibilidad de una quita para el Grupo Indalo. Recordó que la ley lo prohíbe y que para acceder a ese beneficio "se requeriría una ley formal del Congreso".
Los interventores aclararon entonces que ellos no buscaban que Oil obtuviera una "quita", y que acaso el último escrito que presentaron en el expediente del concurso "no se entendió bien", sino que solo habían buscado preguntarle a la AFIP cuáles eran todas las opciones disponibles para el Grupo Indalo.
Los letrados de la AFIP aclararon, de todos modos, que no solo sería ilegal acceder a una quita, sino que el todavía titular del organismo, Alberto Abad, emitió una resolución general por la que, además, se vedó a sí mismo de conceder planes "especiales", como los que el artículo 32 de la ley 11.683 le habilitaba a conceder.
Esa decisión de Abad -adoptada al asumir el cargo- significó un claro contraste con su antecesor, Ricardo Echegaray, quien emitió planes "a medida" y discrecionales, por más de $29.000 millones. Entre ellos, recordaron los letrados de la AFIP, dos para beneficio de Cristóbal López, "y ello motivó las denuncias penales".
En ese contexto, el organismo también sostuvo que sería oportuno clarificar cuál es la voluntad real de López y De Sousa por salvar el holding. En particular, recordaron, "cuando tienen cuantiosos bienes personales en el país y en el exterior, por lo que podrían solventar la deuda posconcursal", que en total ronda los $2000 millones. "Sin embargo, no se advierte que su postura tienda a ello", desafiaron, "más bien lo contrario".
En la sala I de la Casación, el nuevo magistrado ya votó en noviembre que la causa Oil debe quedar en la justicia federal.
Las tachaduras y remiendos en la nómina de jueces que integrarán la sala I de la Cámara de Casación Penal Federal para entender en el caso de la petrolera Oil de Cristóbal López terminó, y el equipo está completo: finalmente el juez Carlos Mahiques se excusó de opinar en esta causa -su hijo Ignacio es fiscal adjunto de Gerardo Pollicita en varias causas de corrupción K que podrían conectarse a la de López- y su lugar lo tomará el veterano magistrado Eduardo Riggi, destacó Clarín.
Junto a Ana María Figueroa y Gustavo Hornos, tendrán en sus manos el futuro penal del jabonoso dueño del grupo Indalo.
La oficialización del doctor Riggi confirma la dirección que esa decisión podría tener, en contra de los intereses - y de los onerosos esfuerzos- de Cristóbal López: el camarista fue uno de los autores del fallo que el 26 de noviembre pasado volvió a decirle al empresario K y su socio Fabián De Sousa que el expediente por la deuda que su empresa Oil contrajo con la AFIP por no pagar durante años el Impuesto a la Transferencia de Combustibles debía ser tratado en la justicia como una defraudación al Estado, y que la sede correcta para hacerlo era la justicia federal.
Con esa sentencia, el caso quedó firme en manos del juez Julián Ercolini, quien menos de un mes después ordenó detener a López y De Sousa por el supuesto entorpecimiento de la investigación.
La apelación a esa prisión preventiva fue la que recibieron los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia en la sala I de la Cámara Federal. Como ambos votaron enfrentados, Ballestero convocó a Eduardo Farah, uno de los dos miembros de la sala II del tribunal. Esa selección no fue realizada mediante un sorteo, como Ballestero admitió en su respuesta a una inquietud de la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos cómo votó Farah, y el terremoto que desató con su firma.
El segundo tiempo de este partido se jugará en la Cámara de Casación, cuya sala I ya opinó en este caso. La única jueza titular allí es la doctora Ana María Figueroa, fiel bastión del kirchnerismo en ese tribunal, quien sin embargo ayer sorprendió diciendo que “no integré nunca Justicia Legítima, ni tuve cercanía con el kirchnerismo”, además de advertir que “el Presidente y los ministros no deberían opinar sobre los fallos judiciales”. Junto a ella, votarán como subrogantes Gustavo Hornos y, ahora, Eduardo Riggi. Ninguno de los dos convalidará el fallo de Ballestero y Farah. Esa certeza devolverá la mirada a la jueza Figueroa, quien podría manejar los tiempos para retrasar una decisión incómoda.
