Es Luis Rodríguez, quien corrió de la investigación por la mina de Río Turbio al fiscal Stornelli. La presentación la hará la Oficina Anticorrupción. En el oficialismo advierten que puede ser una maniobra para beneficiar al ex ministro
En un escrito con duros cuestionamientos al juez federal Luis Rodríguez, el Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, pedirá el apartamiento del magistrado y anular la separación del fiscal Carlos Stornelli de la causa por el desvío de fondos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. En el Gobierno consideraron que la decisión favoreció a Julio De Vido y no descartaron, como había advertido Elisa Carrió, que forme parte de un plan para liberar al ex ministro de Planificación Federal.
En el documento de once páginas, al que tuvo acceso Clarín, el organismo dirigido por Laura Alonso definió como “infundada, arbitraria, inconsistente, contradictoria y con carencia de fundamentación” la resolución de Rodríguez en la que aceptó la recusación formulada por la defensa de Roberto Baratta -mano derecha de De Vido- y apartó a Stornelli de la causa por “sensación fundada de pérdida de objetividad”. El juez argumentó que el fiscal usó como prueba contra Baratta convenios que no habían sido firmados por el ex funcionario.
El escrito, que será presentado hoy ante el juez Rodríguez -en caso de no dar lugar a la apelación la OA irá en queja a la Cámara federal-, el organismo consignó que el juez “se limitó a transcribir primero y reescribir después los argumentos del defensor” de Baratta, consideró que la resolución “revela la existencia de una cuestión funcional (y acaso personal) con el representante del Ministerio Público ajena a un correcto desempeño judicial” y rechazó el argumento para decidir el apartamiento: “La mentada pérdida de objetividad está reducida a la certeza o inexactitud de una de las numerosas afirmaciones de los escritos del MPF que sostienen la acusación contra Baratta”.
El pedido de apartamiento sucede en medio de la puja entre el Gobierno y un sector de la Justicia, y luego de la liberación del empresario Cristóbal López por el fallo de los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la decisión de la Corte de invalidar el tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner y la confirmación por parte de Mauricio Macri de la candidatura para la Procuración de Inés Weinberg de Roca, ajena a la corporación judicial. En la Casa Rosada otra vez se preocuparon por tomar distancia de una eventual liberación de De Vido, ante la sospecha que expresó Carrió y compartida en privado por algunos funcionarios. “No lo sabemos, pero a De Vido le conviene que el fiscal no sea Stornelli y no descartamos que vaya en esa dirección, como parte de la entente de jefes federales y de la Corte”, dijo a Clarín uno de los que siguió de cerca la presentación contra Rodríguez.
En la apelación, la OA expresó esa sospecha de manera indirecta. “Pareciera entonces que el cuestionamiento de V.S. ya no pasa por una eventual actuación del fiscal durante la tramitación del legajo sino por un mero desacuerdo con los argumentos utilizados para fundar el pedido de prisión preventiva, lo que lleva a preguntarse si el trasfondo de la decisión adoptada no obedece más a una directa intención de 'deshacerse' del Dr. Stornelli”, deslizó el organismo dirigido por Alonso. En el Gobierno remarcaron que Rodríguez había rechazado la detención de De Vido y Baratta ante el pedido del fiscal, y luego la Cámara Federal dispuso la prisión del ex ministro. Baratta quedó libre a principios de este mes por otra causa, vinculada a negocios con el gas licuado.
Otro tramo del texto elaborado por la OA: “Ante la falta de un fundamento razonable expreso en la decisión de VS, sólo puede suponerse que o bien hay una cuestión personal de VS con el Dr. Stornelli (que por inaceptable basta para su apartamiento) o bien hay alguna otra motivación que no se puso de manifiesto, lo que es igualmente grave en términos institucionales”. Entre las especulaciones enumeraron varias posibilidades e incluso no descartaron coimas, como circuló en privado sobre los camaristas que dejaron libre a López.
La Oficina Anticorrupción también hizo referencia a las resoluciones de la Cámara para anular y revocar decisiones de Rodríguez que favorecían el pago a proveedores privados luego imputados en la causa. Y remitió a un apartamiento hace dos años por el sobreseimiento a Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini. “La conducta del juez fue muy sinuosa en este caso y en otros. Y en los últimos días el expediente de Río Turbio tomó un camino muy raro”, extendieron las sospechas en la Casa Rosada, en referencia entre otros puntos a la detención y liberación del ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain. La sala II de la Cámara Federal porteña que decidirá sobre la presentación está integrada por Martín Irurzun y Farah.
