Los jueces Hornos y Mahiques ratificarían la posición que el máximo tribunal penal tuvo en noviembre, cerrándole la puerta al dueño de Indalo para disminuir su compromiso en el fuero penal económico.
Sepultado bajo la avalancha de noticias judiciales de la semana pasada, el dato sólo movió el sismógrafo en los campamentos más atentos. Con la firma de los jueces Liliana Catucci y Eduardo RIggi, la sala III de la Cámara de Casación Penal Federal abortó el miércoles el plan K para desplazar al juez Carlos Mahiques de ese tribunal, y apagó así una de las últimas velas que Cristóbal López mantenía encendidas para sostener el fallo de la Cámara Federal porteña que la semana pasada lo benefició bajándole el voltaje a la calificación del delito por el cual se investiga su desfalco al Fisco por 8000 millones de pesos.
¿Por qué? Mahiques integra además la sala I de la Casación, que recibirá las apelaciones de la AFIP y del fiscal Germán Moldes respecto de aquella sentencia cuyos escandalosos ecos aún resuenan. El juez y otro de los miembros de ese tribunal, Gustavo Hornos, sumarían sus votos para volver a encuadrar el caso Oil Combustibles como una defraudación al Estado y mantenerlo en el fuero federal. Se descarta, en cambio, el voto favorable al empresario K de la doctora Ana María Figueroa, filosa espada kirchnerista en la Casación.
Ese rápido intento por voltear a Mahiques -atacado por la abogada Graciana Peñafort, en una causa contra Martín Sabbatella en la que entiende la sala III- había buscado sacar partido del fallo de la Corte que anuló el Tribunal Oral Federal 9, porque tras el traspaso desde la justicia ordinaria no había sido habilitado por el máximo tribunal. Como el camarista también llegó a la Casación Federal trasladado por el Consejo de la Magistratura desde la Cámara de Casación Penal, Peñafort pidió que esa designación sea anulada.
Su deseo fue rechazado. Un día después, la Asociación de Abogados por la Justicia social de La Plata, Berisso y Ensenada presentó un amparo ante la Justicia Contencioso Administrativa. Si el plan también falla -como se cree- aún quedará recusar a Mahiques porque su hijo Ignacio es fiscal ayudante de Gerardo Pollicita en varias causas de corrupción kirchnerista que tramitan ante el juez Julián Ercolini, aunque no en la de Oil Combustibles. Si pasa, pasa.
Lo más probable, sin embargo, es que el doctor Mahiques se siente en su silla de subrogante en la sala I de la Casación, que esta semana recibirá las apelaciones del caso Cristóbal López. Ex ministro de justicia de María Eugenia Vidal e impulsado por el macrismo en el salto a la Casación Federal, el juez tendría la convicción de que el fallo que hace nueve días emitieron Jorge Ballestero y Eduardo Farah no tiene sustento jurídico, y además se choca de frente con una sentencia de la propia Casación firmada el 22 de noviembre pasado, hace sólo cuatro meses. El otro suplente en la sala I, Gustavo Hornos, podría ser aún más terminante en el rechazo a la sentencia que liberó al zar del juego y desató el escándalo.
El tercer voto, en minoría, sería el de la doctora Figueroa, quien sin embargo es la única jueza titular en la sala I. Eso le permitiría manejar -y retrasar lo más posible- los tiempos, como ya hizo en otras causas con funcionarios K que pasaron por sus manos. Si lo intentara, la presión social y la mirada de la Corte podrían ser claves para lubricar el proceso.
En aquel fallo de noviembre, cuando la Casación rechazó el pedido del juez Ercolini de pasar el caso al fuero penal económico, el voto mayoritario de los jueces Riggi y Catucci -ambos subrogantes en la sala I durante 2017- alertaba sobre la íntima vinculación del caso Oil con otras causas que investigan la corrupción kirchnerista en el fuero federal. "Lo que se vislumbra es una compleja maniobra, con comunidad probatoria, engarzada jurídicamente, por lo que sus desvinculaciones, podrían incidir en contra del descubrimiento y juzgamiento de la verdad real", alertaban.
"En modo alguno a esta altura del proceso puede descartarse que se trate de operaciones encadenadas en un plan delictual preconcebido que debe quedar centrado en un mismo objeto procesal. Si bien los jueces en lo Penal Económico revisten el carácter de federales para el juzgamiento de ciertos delitos tipificados en leyes de aquel orden –como los tributarios, el contrabando, etc.-, ello no implica que necesariamente pueda ampliarse esa competencia cuando se trata de dirimir la misma con el propio fuero federal, de indudable competencia más amplia". Una respuesta contundente al mismo planteo que la Casación volverá a recibir esta semana.
La AFIP propuso ayer ante la Justicia que el empresario kirchnerista Cristóbal López pague sus millonarias deudas con el organismo tributario con los activos de sus empresas e, incluso, con sus propios bienes.
El organismo ya no hizo referencia a la deuda por el impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) que acumuló $8000 millones durante el kirchnerismo, sino a otros $2000 millones de deuda que habría acumulado la petrolera Oil Combustibles SA por el mismo tributo, pero después de haber ingresado en el concurso comercial.
"Se hace saber si Cristóbal López y Fabián De Sousa están dispuestos a aportar capital para sobrellevar la situación de crisis. Son propietarios de diversos bienes y créditos por la venta de la participación accionaria en otras sociedades, así como otros radicados en el exterior", sostuvo la AFIP en la nota presentada ayer ante el juez Javier Cosentino.
"Cristóbal López tiene tres aviones. ¡Que los venda si quiere que la gente no se quede en la calle!", reclamó, más coloquial, una alta fuente de la AFIP. Y adelantaron que cuando el lunes se presente ante el juez Cosentino, los representantes legales del organismo rechazarán abrir cualquier nuevo plan de pago para regularizar la deuda con beneficios como cuotas o intereses especiales.
"A esta altura no se puede soslayar que sería incurrir en el mismo error que precisamente llevó a este estado a Oil Combustibles, que consiste en basar la continuidad de la empresa, exclusivamente, en un nuevo financiamiento o tratamiento especial por parte de la AFIP, pero ahora para la deuda posconcursal", sostiene el escrito judicial al que accedió LA NACION.
Durante la gestión de Ricardo Echegaray, la AFIP le ofreció más de 100 planes de pagos a Oil Combustibles (todos incumplidos) para regularizar la deuda por el ITC. Por esa deuda multimillonaria, Cristóbal López, Fabián de Sousa y el propio Echegaray están procesados por la Justicia penal.
El empresario kirchnerista usó ese dinero para expandir su emporio con la compra de un canal de TV, radios y una constructora, entre otras decenas de firmas. "Sigo siendo el dueño del Grupo Indalo", afirmó el empresario el viernes pasado, apenas salió del penal de Ezeiza.
La AFIP advirtió que el Grupo Indalo pretende realizar una maniobra similar con la deuda posconcursal.
La Justicia detectó que mientras Oil Combustibles generaba más deuda, los administradores del holding realizaron transferencias a distintas sociedades del grupo y, también, incurrieron en otros gastos millonarios como el pago de honorarios a asesores o el retiro de millonarios salarios para los administradores.
La deuda posconcursal y los gastos motivó que el juez Cosentino interviniera el martes Oil Combustibles, apenas cuatro días después de la liberación de Cristóbal López. El juez en lo Comercial consideró que la firma está en una situación de crisis extrema y que dispuso desplazar de la conducción a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, los hombres que habían prometido inyectar fondos cuando reemplazaron al empresario kirchnerista en la administración.
El organismo tributario reclamó con esa nota ante la Justicia que el dinero girado a otras empresas mientras aumentaban la deuda por el impago de impuestos sea rastreado por los nuevos administradores y, entonces, que sea utilizado para pagar la deuda posconcursal.
La AFIP y los representantes del Grupo Indalo quedarán frente a frente pasado mañana, cuando concurran a la reunión convocada por el juez Cosentino para resolver la crítica situación de la empresa
Tras la intervención judicial el titular de OP Investments comunicó que se aleja del manejo del conglomerado de empresas
El fondo de inversión OP Investments, radicado en Estados Unidos y manejado por el financista Ignacio Rosner, comunicó su alejamiento del manejo de las empresas del empresario Cristóbal López, informó Gaceta Mercantil.
Lo hizo horas después de la que justicia comercial decidiera la intervención del conglomerado conocido bajo el paraguas de Grupo Indalo.
Rosner: No va más, con palos a la AFIP
En un comunicado, el fondo responsabiliza a la Administración Federal de Ingresos Públicos que aún conduce Alberto Abad por lo ocurrido: "Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida".
Además, manifiesta que las soluciones que propusieron "eran urgentes debido al descalabro financiero" del grupo y que, de otro modo, se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio.
Liberados. De Souza y López, en el laberinto de Indalo
Buenos Aires, 23 de marzo de 2018.-
Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida.
Hemos advertido desde un principio que la implementación de las soluciones que propusimos eran urgentes debido al descalabro financiero existente, y que de otro modo se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio (principal activo de la empresa).
Y considerando que:
i)la AFIP rechazó todas las propuestas que recibió sin siquiera molestarse en proponer o sugerir cambios que pudieran hacer las mismas aceptables:
ii)la demora desde noviembre de 2017 de la justicia nacional en lo criminal y correccional federal (Justicia Penal ) en aprobar la transferencia de la propiedad de las acciones de OCSA a OP INVESTMENTS, entre otras, para poder garantizar a los inversores opciones de ingreso al capital, la identidad de con quien contratan y la licitud de dicha contratación, condiciones necesarias para un inversor pueda cumplir con las normas de KYC. lavado de dinero, FCPA, entre otras;
iii)que no se han podido liquidar activos no estratégicos para fondear capital de trabajo y pagar deuda fiscal, al no obtenerse las autorizaciones necesarias por la existencia de inhibiciones sobre los activos de OCSA y sus sociedades controladas, improcedentes por haber sido trabadas en causas de naturaleza penal contra sus accionistas, lo que ha impedido formalizar innumerables potenciales operaciones de venta de activos no estratégicos;
iv)la indisponibilidad de contar con cuentas bancarias para operar un giro de negocios por cerca de 17.000 millones de pesos anuales;
v)la incertidumbre creada en torno al pasivo concursal en relación al monto, por un lado conforme a las disposiciones de la ley 27.260 que dispone la posibilidad de adherirse a un plan de pagos, aplicable en el marco del Concurso Preventivo, contra los $17.000 millones que dice adeudársele la AFIP en razón de la acción civil iniciada ante la Justicia Penal por el Dr. Gil Lavedra, abogado contratado por la misma AFIP. Ello hace que sea incierto el monto del pasivo fiscal y la condición de pago para los potenciales inversores;
vi)la inseguridad jurídica e institucional que genera la caída y reapertura del Concurso Preventivo, la intervención de diversos fueros en un tema puramente comercial, la conducta errática de la AFIP y la indefinición del Poder Ejecutivo Nacional;
vii)la confusión y daño que produjo no separar la responsabilidad de los accionistas o directivos, de la responsabilidad de las empresas, tal como como mandó establecer la resolución de la Sala D de la Cámara Comercial conforme a los principios básicos de derecho comercial argentino y otras legislaciones modernas. Esa indebida confusión entre los titulares de las acciones y nosotros, alentada mediáticamente en forma desmesurada, nos puso en un "estado de sospecha" que no hemos podido revertir;
viii)la falta de voluntad de seguir el principio rector de la Ley de Concursos de la conservación de la empresa y la preservación de las fuentes de trabajo sumado al desinterés de la AFIP de buscar soluciones que permitan cobrar, en la máxima medida posible su crédito fiscal dentro de los paràmetros fijados por la Justicia Comercial; y
ix)la imposibilidad de los ejecutivos de atender de forma simultánea a los requerimientos de la Justicia Comercial, de la Justicia Penal, de los Coadministradores, de los Síndicos, y de los veedores de OCSA a la par de atender y solucionar en tiempo real una emergencia comercial, financiera y económica.
Es por eso que nos hemos puesto a disposición de la reciente intervención de OCSA (cuya resolución de intervención apelamos por la inexactitud de sus fundamentos).
En función de todo lo expuesto hemos decidido iniciar ordenadamente nuestra salida. A efectos que la misma sea conducente a los objetivos con los que asumimos, nuestros asesores legales están evaluando distintas alternativas, entre ellas poner a disposición nuestra posición contractual respecto de OCSA, terminar el contrato de compra por las acciones de OCSA, prestar el consentimiento para renunciar al "período de exclusividad" de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal ("cramdown") en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa, el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo.
La Dirección de OP Investments
