ANDRÉS SANGUINETTI
El objetivo es evitar el costo político que implicaría para la gestión de Mauricio Macri la quiebra de la compañía y el despido de más de 400 trabajadores. El plan sería quedarse con la refinería de San Lorenzo, en Santa Fe. ¿Quién se adueñaría de las 350 estaciones de servicio?
Con los tres interventores designados por la Justicia para delinear el futuro de Oil Combustibles S.A (OCSA) todavía acomodándose en sus sillones, desde el Gobierno ya comenzó el "operativo rescate" de la petrolera de Cristóbal López.
Para tal fin, el instrumento que en algunos despachos consideran el más adecuado es YPF. La petrolera estatal es vista como una alternativa para evitar el costo político que generaría el cierre de la compañía, que hoy emplea a más de 400 trabajadores, posee una refinería y una red cercana a las 350 estaciones de servicio.
La primera pista la dio el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien viajó desde su provincia a Capital Federal para reunirse con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero, el mandatario provincial le propuso al directivo que la firma tome el control de Oil Combustibles, de su refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo y de su dotación de personal.
El interés de YPF no llega a la red de 350 estaciones, que podría quedar bajo el mando de otro grupo petrolero, local o extranjero, como elruso Lukoil o el holandés Trafigura, dueños en el país de la marca Puma.
En el caso de la refinería de San Lorenzo, hoy día se encuentra jaqueada por las deudas, paralizada operativamente y con destino de quiebra, salvo que se ponga en marcha un ambicioso plan de salvataje.
En este sentido, el fondo OP Investment, a cargo de la petrolera y de otras empresas del ex Grupo Indalo, planteó a la Justicia comercial varias iniciativas para intentar reflotarla. Pero se encontró con el rechazo de la AFIP y de los interventores.
De hecho, el mes pasado optó por dejar de producir nafta y gasoil para abastecer a sus estaciones de servicio, resignando un mercado de 2,5 millones de litros diarios a manos de sus competidores.
En este marco, Lifschitz le pidió a Gutiérrez sostener la producción de combustibles. El gobernador considera que hacen falta inversiones fuertes para recuperar una planta que es clave para el complejo petroquímico de la zona y entiende que solamente YPF puede hacer frente a un desembolso de este tipo.
Detrás del pedido del santafesino, lo cierto es que hayfuncionarios nacionales, muy cercanos al presidente Macrique también creen que YPF es la solución a la crisis de Oil.
Esa mirada, sin embargo, se choca con el análisis que hacen en la propia estatal, que no tiene demasiado interés en hacerse de esos activos.
"No sirven para nada", aseguran. Y recuerdan que tienen por delante otros proyectos de negocios más ambiciosos, como Vaca Muerta o las futuras inversiones en varias provincias, como es el caso de Chubut.
La misma opinión se escucha en otras petroleras privadas. Desde Axion, a Pampa Energía o Shell, no hay interés por quedarse con activo alguno de la empresa fundada por Cristóbal López.
Esto abona aún más el plan oficial para queYPF tome el control, lo que evitaría que el Gobierno pague el costo político por el personal que quedará sin trabajo si es que Oil termina en la quiebra.
Por eso, y más allá de cualquier estudio de factibilidad económica, financiera y comercial que realicen en la estatal, está claro que una "orden política" será la que termine definiendo un eventual salvataje.
El camino sería esperar que los interventores designados por el juez Javier Cosentino, a cargo del proceso concursal de Oil, pusieran en marcha un plan de desinversión para juntar fondos que permitan cancelar parte de la abultada deuda.
Solamente la AFIP le reclama $8.000 millones por no haber depositado entre el 2012 y el 2015 lo recaudado por el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC). Con los intereses, ese pasivo llega a los $17.000 millones.
La apertura del concurso preventivo le permitiría ordenar este monto y hasta negociar con la AFIP un plan de pagos a largo plazo, que el entidad recaudadora le vino negando a los ejecutivos desplazados de Oil.
Concretamente, a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, socios del fondo OP Investment que, desde noviembre, se hicieron cargo de esta compañía y del resto de las empresas del Grupo Indalo.
También se levantarían las inhibiciones y embargos que pesan sobre la firma, que fueron impulsados por AFIP para tratar de recuperar parte de lo que adeudado.
Rosner mantuvo este miércoles un encuentro con los interventores. No trascendieron mayores detalles, más allá de que se aseguró que iba a seguir en su cargo como director de esta empresa.
El financista había cerrado un polémico contrato con Cristóbal López para quedarse con el Grupo Indalo a cambio de encarar un ambicioso plan de reestructuración y de rescate.
De hecho, hasta cambiaron el nombre por el de Grupo Ceibo y buscaron acordar convenios con varios players locales y con el grupo ruso Lukoil para inyectarle fondos a Oil.
Con Rosner y Dellatorre desplazados (y con Cristóbal López sin chances de retomar su gestión en la petrolera), desde el Gobierno verían "con agrado" un cambio en la estrategia de la AFIP a partir del desembarco de Leandro Cuccioli en reemplazo de Alberto Abad.
El plan del organismo es enfocar sus esfuerzos en darle un giro a la decisión judicial que les permitió a López y a su socio Fabián De Sousa, salir de la cárcel.
Por eso, la semana próxima el abogado de la AFIP, Ricardo Gil Laavedra, presentará una apelación ante la Cámara de Casación para que se respete la denuncia inicial de malversación y se deje de lado la de evasión.
El cambio de carátula que decidió la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones porteña derivó en un escándalo político, con denuncias en contra de los jueces que fallaron a favor del empresario kirchnerista.
El objetivo de la AFIP es que la causa se mantenga en el fuero penal federal, donde se tramita en el juzgado de Julián Ercolini, y así evitar que sea la justicia comercial la que unifique las investigaciones, ya que esto les permitiría a los fundadores de Indalo permanecer fuera de prisión.
Desde el Gobierno aseguran que el futuro de Oil será independiente a esta presión judicial. Y plantean queal menos la refinería pase a manos de YPF.
De hecho, la planta fue fundada por la petrolera estatal en 1938. Con la desregulación del mercado de 1990 dejó de ser una sociedad del Estado y se transformó en una sociedad anónima. Luego pasó por varias manos: Perez Companc, Soldati, Repsol, PeCom Energía, Petrobras y Grupo Indalo.
Más allá del futuro de la refinería, Oil acumula un pasivo post-concursal superior a $1.400 millones, que deberá ser resuelto por los interventores, quienes se mantendrán en sus funciones hasta agosto, según consta en el fallo del juez Cosentino.
Aunque hoy se encuentra en una fase de virtual paralización, Oil llegó a representar una porción respetable del mercado local de combustibles.
Hasta antes de la crisis, la refinería de San Lorenzo era responsable del 8% de la refinación total.
Al estar ubicada en el corazón del negocio agrícola del país, ha sido una planta clave para su estrategia comercial: la compra de crudo para su posterior refinación.
En Ceibo -el grupo que había tomado la continuidad de los negocios de López- aseguran que no sólo es importante desde el punto de vista productivo, sino también del transporte de granos, ya que el 70% de la producción nacional se mueve alrededor de la refinería y su puerto.
También explican que, en lo referido al transporte por la hidrovía, se encuentra localizada en una zona privilegiada para abastecer tanto a los remolcadores como a los barcos mercantes que se llevan la producción agrícola que se exporta.
Con este escenario de fondo y la esperanza puesta en que la producción agrícola se incremente, Ceibo había puesto primera en la búsqueda de alternativas de inversión para la refinería de San Lorenzo.
En el grupo aseguran tener "la oportunidad de crecer por encima del promedio de mercado por estar en la zona tributaria de este negocio". Transcurridos 80 años desde su creación, procesa petróleo crudo que proviene por vía marítima de las Cuencas Neuquina, Austral, del GolfoSan Jorge y también del exterior.
Posee tres unidades de destilación atmosférica, dos de destilación al vacío, una de cracking térmico, tanques de almacenamiento, productos intermedios y finales e islas de despacho tanto para productos livianos (nafta y gas oil) como para pesados (fuel oil, IFO y asfalto).
Tiene también tres muelles y una playa de 84 tanques para almacenar crudo, asfaltos, fuel oil, IFO, naftas y destilados medios entre otros, lo que brinda una capacidad de almacenaje de 340.000 metros cúbicos.
La estructura original de Refinería San Lorenzo data de 1938. Está localizada sobre la Hidrovía del Río Paraná y en el corazón agrícola del país. Cuenta con capacidad para procesar 8.000 m3 por día de crudos livianos y medios, el 8% de la capacidad de refinación del país.
Tras ser apartado hoy, junto a Santiago Dellatorre, de la admnistración de la petrolera de Cristóbal López, los representantes de OP Investment criticaron duramente a los restantes coadministradores, a la Afip y al Gobierno por poner trabas a las posibilidades de recuperación de la empresa.
Los ejecutivos Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, hasta hoy administradores de Oil Combustibles S.A (OCSA) en el marco del Concurso Preventivo que se tramita en el Juzgado a cargo de Javier Cosentino, responsabilizaron a los otros tres coadministradores puestos por el magistrado, a la AFIP y, en definitiva al Gobierno, por la decisión judicial de apartarlos de la gestión de la empresa que, en los papeles, aún pertenece a Cristóbal López.
En un comunicado, Rosner y Dellatorre sostienen que el falló que los desplazó “se basó en informes elaborados por los coadministradores, Carlos O. F. Bianchi, Franciso J. Cárrega y Liuba Lencova Besheva, quienes desde un comienzo asumieron una posición de auditoría de gestión sin orientar sus esfuerzos y dedicación a las urgencias financieras y comerciales del negocio de la compañía, base de la sustentabilidad de largo plazo”.
“Más allá que en oportunidad de realizar próximamente la apelación del fallo del Juez Cosentino, rebatamos los fundamentos esgrimidos para intervenir la compañía, este Directorio quiere aclarar que en la última Asamblea de accionistas se puso de manifiesto que la dinámica de trabajo con la coadministración era inviable para solucionar los problemas de OCSA.
Luego de un relato minusioso sobre lo que califican como trabas, obstáculos y falta de voluntad de los coadministradores, la AFIP y el Gobierno para colaborar en una salida a la crisis de la petrolera, los ejecutivos adelantaron que en los próximos presentarán “una propuesta de un importante grupo inversor que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo”.
“En este camino, el Directorio está en condiciones de anticipar para los próximos días la presentación de una propuesta de un importante grupo inversor que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo”, dice el comunicado.
Antes, los ahora exadministradores, las caras de OP Investment, el fondo inversor que había pactado con Cristóbal López la compra –no autorizada por la Justicia– de las 170 empresas que componían el ex grupo Indalo, rebautizado Ceibo, relatan que mientras el “Directorio integrado por Dellatorre y Rosner pugnaba por concentrar los esfuerzos en la continuidad operativa de la empresa”, los restantes coadministradores, “en 25 días de gestión” realizaron “62 pedidos de informes pormenorizados”. Argumentan que “no parece razonable que la demora en responder alguno de dichos pedidos de informes pueda ser causal de remoción de las autoridades del directorio, cuando las mismas estaban en proceso de elaboración o solo respondían a filosofías operativas distintas”.
“Durante dicho lapso, el Directorio siempre estuvo enfocado y concentrado en cerrar un contrato de suministro de combustibles que garantizara el abastecimiento de la red de estaciones de servicio de Oil, y fundamentalmente proteger el prestigio de la marca, ambos dos nuestros principales activos junto al personal. Sin embargo, este objetivo no fue alcanzado por las sucesivas oposiciones de parte de la AFIP que, por ejemplo, rechazó un acuerdo de suministro con la sociedad Victorio Podestá que permitía mantener la red abastecida. Luego, se logró consensuar un esquema de compra de gasoil con YPF, que misteriosamente se "trabó" a pesar de haberse luego modificado para ofrecer un pago de contado”, recuerda el comunicado.
Sostiene que “lo mismo ocurrió con el acuerdo alcanzado con Trafigura que, junto a la oferta que ya se había recibido de Pampa Energía, iba a permitir financiar la primera compra de gasoil, para la que Oil no contaba con recursos suficientes, mantener abastecida la red, disponer de gasoil fuera de norma para cancelar deuda fiscal, cerrar un acuerdo de abastecimiento de largo plazo sustentable y no incrementar la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Esta última propuesta, que fue informada a los coadministradores, también fue rechazada sin haberse reunido con el Directorio y la Gerencia para evacuar dudas y analizar diferencias y soluciones a las objeciones que finalmente manifestaron unilateralmente los coadministradores. Según Rosner y Dellatorre “todas estas acciones demuestran la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia que el Directorio de Oil Combustibles puso en marcha con el objeto de la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, más cuando la AFIP también rechaza toda solución presentada por OCSA, arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”.
“El escenario es aún de mayor gravedad al tener una coadministración que no dispone de tiempo para resolver las urgencias y que insiste con pedidos escritos de información que debe atender un equipo de ejecutivos diezmado, desmotivado y exhausto. Reclamos que van en detrimento de la búsqueda de soluciones a las urgencias de la empresa”, critican. Y agregan: “De manera adicional, se fundamenta el desplazamiento de este Directorio sobre la base de informes que plantean la contratación de asesores que no fueron tomados por esta gestión, como por ejemplo el Dr. Martin Redrado, el Dr. Carlos Beraldi entre otros. También se presenta como inconveniente haber contratado ejecutivos especializados en financiamiento, venta y disposición de activos con una amplia red de contactos nacional e internacional, personal que no estaba en la plantilla de Oil Combustibles.
Se objeta además que los directores tengan funciones laborales cuando ha quedado en evidencia de que se trata de un grupo de profesionales que trabaja en OCSA de lunes a lunes diligentemente”.
“Nos ha causado gran sorpresa además haber leído en los medios de comunicación noticias anticipando el fallo del Juzgado, que se iba a desplazar a este directorio y nombrar interventores en OCSA con el supuesto propósito de cumplir con el deseo de la AFIP y del Gobierno de empujar la empresa a la quiebra. Es de esperar que se trata de una falsa aspiración la quiebra y desguace de la empresa y que quienes están asumiendo el rol de interventores de la petrolera puedan desempeñar sus tareas sin trabas y en pos de una solución definitiva a la crisis financiera que ahoga a Oil Combustibles”, dice en otro párrafo el comunicado.
Algunos pagos de Oil Combustibles, bajo la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, llamaron la atención del juez Javier Cosentino, que ordenó la intervención judicial de la principal compañía de de Cristóbal López.
Los ahora interventores judiciales de la compañía comprobaron que en el mes de enero una Asamblea aprobó honorarios excesivos para sus directivos, por $ 22,8 millones, pese a que la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado. "Es decir, que se aprobaron honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa", dijo el juez Cosentino.
Uno de ellos fue el pago de $8,1 millones en honorarios a Rosner y Dellatorre, dueños del fondo de inversión OP Investment, que tuvieron que devolver ante el reclamo de los entonces tres co administradores judiciales -ahora interventores de la compañía-.
En simultáneo, ambos directivos se habían contratado como empleados de Oil Combustibles en relación de dependencia, el 1 de diciembre pasado, con sueldos netos de $ 219.000 y $ 194.000 mensuales, respectivamente, sin la "autorización del Juzgado del concurso". El cargo que Rosner y Dellatorre tenían en sus recibos de sueldo era de vicepresidentes de Reestructuración Financiera".
Otros gastos irregulares mencionados por el juez Cosentino fueron la "conformación de un Centro de Costos Corporativos, que implicó un pasivo de más de dos millones de pesos en dos meses a cargo de Oil, que se halla en una situación de crisis extrema".
Además, hubo pagos por $ 2,3 millones para el economista Martín Redrado, por "asesoramiento financiero"; aunque los actuales interventores de la compañía aclararon que los servicios prestados "fueron a sociedad de medios y no a Oil Combustibles, pero por indicación del actual directorio el costo fue cargado a Oil".
También había una orden de pago por $ 435.000 para el dirigente peronista Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como reveló Clarín. Los actuales interventores señalaron que esa factura estaba "pendiente de pago" y que correspondía a "servicios de asesoramiento en materia penal prestados a los señores Cristóbal López y Fabián de Sousa, autorizado por el actual directorio. Desde la gerencia respectiva se pidió documentación de respaldo, pendiente de respuesta".
Para Alberto Fernández, esa factura fue "librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada". El ex jefe de Gabinete kirchnerista aseguró que si bien "asesora" a las "actuales autoridades de Grupo Indalo", sus tareas como abogado "en nada se vinculan" con la defensa legal de Cristóbal López y De Sousa.
Los actuales interventores judiciales de Oil Combustibles señalaron que hubo pagos por $ 2,6 millones para el estudio contable y jurídico Lisicki, Litvin y Asociados, que prestaban servicios para OP Investment, pero fueron pagados por Oil Combustibles.
Además, hubo otros $ 13,4 millones para el abogado penalista Carlos Beraldi, representante legal de Cristóbal López (y de Cristina Kirchner), de los cuales todavía se le adeudan $ 2,5 millones.
Entre los pagos cuestionados por los actuales interventores de la principal empresa de Cristóbal López, también figuran $ 7,2 millones para el lobbista Jorge Rottemberg, por "servicios de asesoramiento y consultoría"; aunque "se desconoce si efectivamente se prestó el servicio y el alcance del mismo".
