FLORENCIA TUCHÍN
Audiencia pública, nuevo proyecto, cambios de nombres y revisión del estudio de impacto ambiental son los pasos que realizó el Gobierno para llevar adelante las obras de los proyectos hidroeléctricos en el río Santa Cruz. De todos modos, las controversias continúan.
Poner primera y acelerar la construcción de las mega-represas en la provincia de Santa Cruz es la intención del Gobierno argentino, en alianza con inversores de origen chino. El río Santa Cruz, que nace en el deshielo de los grandes glaciares del país es, hasta el momento, el último río glaciario libre de la Patagonia. Sin embargo, su destino parecería estar pronto a cambiar. ¿Muestran, acaso, las represas una tensión entre las soluciones a la matriz energética y el cuidado al medioambiente? ¿Se subordinan los interesas nacionales a la voluntad de una firma extranjera que marca la cancha y presiona para ver réditos rápidamente?
La semana pasada, comenzó el montaje de un puente flotante para comenzar con los trabajos en el margen izquierdo del río Santa Cruz. La construcción de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, está en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo.
El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de cinco años y medio. Un dato que no debe olvidarse es que, en mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones.
Desde el inicio, activistas y organizaciones ambientales se vienen manifestando en contra de la construcción de las represas, cuyas obras se mantuvieron paralizadas hasta el momento, ya que no había estudios serios que mostraran las consecuencias que podían provocar en el ecosistema. El movimiento fue acelerando en los últimos años. "Las mega-represas son consideradas como una fuente obsoleta de energía. Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sacrificio", denuncia el abogado Andrés Napoli, director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el documental Matar al río.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se modificó el proyecto original y China aceptó las modificaciones planteadas al contrato para la construcción de las dos represas hidroeléctricas en territorio santacruceño. De este modo, se acordó que estas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto en el inicio, para evitar que la potencia impacte en el ambiente, y se reducirá el monto de la obra de u$s 7.600 millones a u$s 4.000 millones, entre otros cambios.
En octubre del año pasado, la Justicia dio lugar al nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), impulsado por el Gobierno Nacional y aprobado en el Congreso, y decidió levantar la medida cautelar contra las megarepreses. Los fallos favorecen al Gobierno que quiere arrancar la construcción cuanto antes. No obstante, a la Asociación de Abogados Ambientalistas ya le concedieron el recurso de apelación, mientras que Banco de Bosques solicitó un per saltum a la Corte Suprema. "Nosotros planteamos que estuvo mal levantada la vieja medida cautelar", dice Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas,
Además, a pesar de los cambios en el proyecto, hay glaciólogos internacionales que mostraron su inquietud por el megaproyecto patagónico. Entre dichos expertos se encuentran el científico japonés Shin Sugiyama, miembro del Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, y el doctor austríaco Helmut Rott, profesor de la Universidad de Innsbruck y un gran conocedor de los glaciares australes gracias a las campañas de campo y publicaciones que realizó, en particular sobre el Glaciar Perito Moreno. Ambos coinciden con la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos acerca de la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
En relación a la empresa de origen chino, Napoli observa: "La compañía cuenta con un historial de proyectos con graves consecuencias. Con China hay que renegociar. Hay que explicarles que lo que se está llevando adelante es algo absolutamente inconveniente para la Argentina. Esa inversión se podría destinar a otros sectores de producción de energía. Según el presidente Mauricio Macri, el Gobierno desea llegar al 20% de la producción en energía renovable. El país asiático tiene uno de los principales proyectos en Jujuy vinculado a energías limpias. ¿Por qué no redireccionar la inversión para acompañar el incremento de energía renovable o generar condiciones para mejorar la eficiencia energética? Es evidente que China quiere exportar la tecnología que en su país está en desuso".
Desde el sector privado, la marca de indumentaria Patagonia también se manifestó en contra de las represas y acompaña a las organizaciones de la sociedad civil en sus acciones. El fundador de la marca, Yvon Chouinard le manifestó al presidente argentino su disgusto por las represas. En la tienda de Buenos Aires, acercan información sobre el rio a sus clientes.
Las principales críticas de las organizaciones de las sociedad civil en relación a estas obras se vinculan con la posibilidad de afectar glaciares y provocar inundaciones; el peligro en que se pone al Maca Tobiano, ave que únicamente se encuentra en la provincia de Santa Cruz; el riesgo de perder sitios arqueológicos de pueblos originarios; y las mentiras en relación a puestos de trabajo estables. "El tiempo que se tomó para hacer el estudio de impacto ambiental fue muy corto. Ese tipo de estudios lleva al menos dos años", marca Ignacio Roesler, becario posdoctoral del Conicet.
Varios puntos del estudio de impacto ambiental, realizado por la empresa estatal Ebisa son cuestionados. "Solo se estudiaron tres glaciares (Perito Moreno, Upsala y Spegazzini) de cientos que hay en el lado argentino. Si contamos el lado chileno, hay miles", puntualiza Fernández.
De acuerdo a Nápoli, achicar los plazos de la obra no hace más que establecer la fragilidad de la evaluación de impacto ambiental. En esta línea, una fuente cercana a la situación que pidió la reserva de su nombre cuenta que el Subsecretario de Infraestructura Energética Alberto Brusco estuvo en Calafate y aseguró que la primera turbina iba a funcionar en 2022. Comenta: "Luego, se filtró en los medios que se adelantó la obra un año. En una semana cambio el plazo. Es extraño el discurso oficial".
Sabina Muñoz es guía de turismo del Parque Nacional Los Glaciares. Según relata, hace cuatro años, un grupo de vecinos de la provincia comenzaron a movilizarse en contra de las represas. Y, hace un año, el grupo se consolidó más por una convocatoria internacional para hacer una foto con el hashtag: "Por un Río Santa Cruz Libre".
"En la provincia tenemos un déficit en relación a la salud y la educación. Con la llegada en masa de personas para trabajar en las represas, los servicios no van a dar abasto. Además, muchas gente de la provincia cree que va a tener trabajo estable por 10 años y eso no es cierto. De esta forma, se crea una polarización. No estamos en contra del trabajo, sino del tipo de trabajo que ofrecen", señala Muñoz.
El Diputado Nacional de Cambiemos Juan Carlos Villalonga dice que él no es 100% anti-represas. Sin embargo, tiene algunas críticas al plan energético.
"Las represas tienen un nivel de impacto relevante, eso es innegable. De todos modos, se considera que esos impactos son menores a los que implicaría utilizar otras fuentes energéticas o no tener energía. Uno puede aceptar o rechazar las represas en función del plan energético. En nuestro caso, creo que todavía hay una simple acumulación de proyectos que vienen del pasado. Tenemos una serie de inconsistencias", apunta el exGreenpeace.
Y considera que un plan energético que apueste por las renovables necesita un complemento de fuentes convencionales muy flexibles para acompañar las oscilaciones. "Las fuentes flexibles son dos: gas y represas hidroeléctricas. Así, se deja de lado el carbón y las nucleares", concluye.
Desde 1912 se han demolido más de 750 represas en los Estados Unidos, principalmente por motivos de seguridad y económicos. Actualmente, los aspectos ambientales toman mayor relevancia en la agenda pública, por lo que, en algunos países, estas construcciones se están desmantelando para llevar adelante programas de restauración de ríos y riberas.
Aunque el mayor número de represas demolidas corresponde a infraestructuras pequeñas de menos de 12 metros de altura, también se eliminaron algunas de gran tamaño, como la represa del Occidental Chem Pond, en Tennessee, de 48 metros. Esta se desmanteló en 1996. En la mayoría de los casos, el costo de las demoliciones es menor que el de reparación y mantenimiento de estsa estructuras.
En la Unión Europea, Francia ha sido el país pionero en la demolición de represas. En 1998 se eliminaron dos en la cuenca del Loira para favorecer la recuperación del salmón atlántico en la zona.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación conversó con El Cronista y brindó su opinión sobre el largo proceso vinculado a las represas del río Santa Cruz. Su relación con el Ministerio de Energía y Minería.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control. La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
