Ayer fue promulgada la Ley N° 30737 que asegura el pago de la reparación civil, en reemplazo del DU 003. La venta de la hidroeléctrica a China Three Gorges se aleja de acuerdo a fuentes consultadas por Gestión. Detalles aquí.
La norma que reemplazará al DU 003 (Ley N° 30737) complica la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla. La semana pasada, Gestión.pe dio cuenta que los bancos que financiaron la obra impedirían que esta se concrete, debido a que la retención del 50% de la transacción para el fideicomiso, que asegura la reparación civil de Odebrecht, pondría en riesgo la deuda que tiene la concesionaria de US$ 320 millones, más intereses.
A lo que se añade, las deudas que tiene la operadora de Chaglla, de Odebrecht, con bancos, proveedores, trabajadores y otros que asciende a US$ 840 millones. ¿Esta situación ha cambiado con la Ley N° 30737 que reemplaza al DU 003?
Fuentes bancarias indicaron que no hay condiciones para la venta, pese a la ley promulgada ayer. Incluso, sostuvieron que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia estaban al tanto que una de las condiciones para que esta operación se concrete, establecido en el contrato, era asegurar el pago a los bancos que financiaron la obra.
Pero que pese a tal situación, tomándose en cuenta que la retención del 50% impediría cumplir con este requisito, el proyecto de ley fue finalmente promulgado con esta consideración.
El Ministerio de Economía y Finanza (MEF) afirmó que si la la venta no ocurre, Chaglla seguiría operando y, por el contrario, no se rompería la cadena de pagos.
Dijo también que si la venta salía adelante, se "realizará las retenciones de los pagos a favor del fideicomiso de reparación civil del Ministerio de Justicia, las mismas que no afectarán a la cadena de pagos del proyecto".
La Ley 30737, promulgada luego de semanas de debate en el Congreso, sustituirá al Decreto 003 para garantizar el pago al Estado ante casos de corrupción e impedir que los proyectos de inversión se paralicen.
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y que reemplaza al Decreto de urgencia 003.
Las medidas dispuestas en la ley para asegurar el pago son la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.
Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.
También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.
Según el Ejecutivo, esta norma permite que los proyectos de inversión no se paralicen y, al mismo tiempo, sancionar los casos de corrupción como el de Odebrecht.
Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.
La ley aplica de la misma manera para todos aquellos vinculadas a las personas jurídicas.
El texto del dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.
En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.
La Ley 30737 fue promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno del Congreso, tras haber sido dictaminada por las comisiones de Justicia y de Economía de este poder del Estado.
Según el Ejecutivo, esta norma permite que los proyectos de inversión no se paralicen y, al mismo tiempo, sancionar los casos de corrupción como el de Odebrecht.
