El Ministerio de Seguridad de la Nación envió Gendarmería a la ciudad, pero los efectivos fueron reprimidos por dirigentes y militantes kirchneristas.
“Esto recién empieza, para todos los que nos entregaron”, señala un encapuchado desde dentro de la mina.
Un grupo en encapuchados tomó en las últimas horas la mina de Río Turbio en Santa Cruz, involucrada en varias causas de corrupción que incluso derivaron en la detención de su propio intendente, Atanasio Pérez Osuna, y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Según precisó el canal TN, los manifestantes tendrían el apoyo del gobierno provincial de Alicia Kirchner. De hecho, el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich envió efectivos de Gendarmería Nacional a la ciudad, pero los agentes fueron reprimidos por dirigentes y militantes kirchneristas antes de ingresar.
“Esto recién empieza, para todos los que nos entregaron”, señala un encapuchado desde dentro de la mina en un video que comenzó a circular en la noche de este jueves. Los manifestantes también agredieron a los oficiales de la Prefectura que custodiaban el lugar.
Samir Zeidán, concejal por Cambiemos, apuntó a “ciertos personajes que no quieren dejar la intervención y hacer el esfuerzo necesario para sacar el yacimiento adelante”. “Hay gremialistas que cobran más de 100 mil pesos y son los que no quieren perder los privilegios”, sostuvo.
Sobre los ocupantes, precisó que apenas son “cuatro o cinco personas”. “Es una situación muy preocupante. El minero quiere trabajar, quiere entrar a sacar el carbón y no puede”, afirmó. Y acusó al gobierno provincial de movilizar a la policía local para proteger a los encapuchados.
La tensión en Río Turbio se intensificó desde el último lunes, cuando el intendente K de la ciudad y ex interventor de la empresa estatal Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Atanasio Pérez Osuna, fue detenido en una causa por malversación de fondos. El juez federal Luis Rodríguez ordenó su prisión preventiva en una causa que investiga el pago de 50 millones de pesos por una avenida en Río Turbio de siete kilómetros que nunca se terminó.
Por la misma causa también fueron detenidos uno de los ex gerentes de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina, y el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, quien este jueves fue beneficiado con la excarcelación a cambio de una fianza de 100 mil pesos.
Esta no es la primera toma de la mina. A fines de enero pasado, doce empleados de YCRT habían ingresado al lugar para expresar su rechazo a la decisión de reducir la planta de trabajadores por parte del Gobierno nacional, a la cual pertenece la intervención de la compañía.
LA OPINIÓN AUSTRAL
La Secretaría de Seguridad Provincial firmó un acta acuerdo con el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, por el que se convino que esa fuerza nacional “replegará los efectivos de la Unidad Móvil a su asiento anterior”. “Es un triunfo de la democracia y la racionalidad”, afirmó Lisandro de la Torre.
El acta acuerdo fue suscrito ayer por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta allí viajó el secretario de Seguridad de la provincia, Lisandro De la Torre para reunirse con la ministra Patricia Bullrich y su par a nivel nacional, Gerardo Milman.
“Confórmese un Comité Operativo Conjunto integrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la provincia y la Gendarmería Nacional a fin de velar por la seguridad ante hechos que podrían ocasionarse a raíz del conflicto suscitado en el Yacimiento de Río Turbio”, señala el primer punto del acuerdo.
Agrega que “las partes se comprometen a trabajar de manera conjunta brindando mutua información útil a fin de garantizar lo dispuesto en el punto anterior”.
En ese sentido, se pactó que “Gendarmería Nacional replegará los efectivos de la Unidad Móvil, a la fecha en la ciudad de Río Gallegos, a su asiento anterior”. “Es un triunfo de la democracia y la racionalidad”, destacó el funcionario.
En declaraciones radiales, De la Torre contó que “las autoridades de Nación nos comentaron que el pedido –de intervención de las fuerzas- llegó de parte de (el ministro de Energía, Juan José Aranguren) por medio del senador nacional Eduardo Costa”.
Para el responsable de la Cartera de Seguridad Provincial “primó la razón por sobre las hipótesis falsas. Fueron esas versiones de Costa y (el interventor de YCRT, Omar) Zeidán las que motivaron el envío de las fuerzas a Río Turbio y 28 de Noviembre”.
“Ojalá entiendan las autoridades de la empresa y el senador Costa que la solución no viene por el lado del uso de la fuerza, sino por atender el reclamo de los mineros y con entender que la empresa se constituyó en esa región para establecer soberanía”, enfatizó.
Además, el funcionario aclaró que desde “Gendarmería de la zona opinaban que no era necesario el despliegue de fuerzas federales en la Cuenca. Ellos coincidían en que la llegada de fuerzas federales sólo generaban un grado de incertidumbre”, agregó.
“Queremos dejarle en claro a toda la ciudadanía, especialmente a la Cuenca Carbonífera, que todo volvió a la normalidad. La paz y el orden público se mantiene por el repliegue de las fuerzas federales”, destacó.
Sergio Lumachi, coordinador general de YCRT, dijo que desde el Gobierno Provincial “están instalando un clima de confrontación, agrediendo a los directivos y trabajadores de la empresa”.
“¿No sabe el secretario (Lisandro de la Torre) que hace unas semanas le entraron a la casa a una diputada nacional (Roxana Reyes), o que diversos grupos atentan sistemáticamente contra funcionarios de la empresa sin que existan tareas de prevención ni de vigilancia por parte de las autoridades policiales?”, quiso plantear.
Lumachi agregó que “al igual que con el resto de los temas, la educación, la salud, o los salarios, el Gobierno de la provincia abandonó a los santacruceños”.
El extitular de la UIA había sido detenido por supuestas irregularidades en obras para la remodelación de la mina de carbón.
El juez federal Luis Rodríguez le concedió la excarcelación al extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, en la causa en la que se investigan irregularidades relacionadas con la modernización de la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz.
Por otro lado, el juez Rodríguez se opuso a excarcelar al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina.
El jefe comunal de la localidad santacruceña y el otrora ejecutivo industrial están acusados en una causa conexa a la que investiga un supuesto multimillonario fraude en el yacimiento Carbonífero Río Turbio y que derivó en la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.
Lascurian había sido detenido este martes luego de presentarse espontáneamente ante el magistrado que investiga la causa. Su entrega en los tribunales federales de Comodoro Py ocurrió luego que el juez emitiera una orden de detención contra el extitular de la entidad industrial. Vale recordar que Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En la causa se investiga el cobro de un adelanto de 50 millones de pesos del Estado nacional para el trazado de una ruta de 7 kilómetros en Río Turbio que no se hizo y que tenía asignada un presupuesto de casi 500 millones de pesos. La obra había sido asignada a la empresa Fainser, que tenía en su directorio a Lascurain, a mediados de 2015, y tras el cambio de gobierno no se había comenzado a construir.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien fue designado por el gobierno de Mauricio Macri. Pérez Osuna declaró por más de 3 horas ante el juez Rodríguez y dijo que fue él quien le advirtió a Zeidán que debía determinar si avanzar o no con la obra de la ruta que ya había sido asignada.
Pérez Osuna dijo que en junio de 2017 le advirtió a Zeidán que el municipio no tenía los fondos para afrontar la obra prevista y que sólo se llevaría a cabo si los enviaba la Nación, pero que aún así se había establecido una caución que permitía recuperar el adelanto abonado si no se realizaba la obra.
