La escenografía de la previa a la paritaria se completa con el imperativo que bajó el gobierno, y conforma a los empresarios, de no exceder el 15 por ciento en los aumentos que se otorguen a los trabajadores ni conceder cláusulas de actualización por inflación. Los sindicatos irán al menos por una cláusula de revisión a fin de año para comparar la suba con el avance del índice de precios.
La paritaria petrolera de 2017 se cerró con posterioridad a la firma de la denominada adenda al Convenio Colectivo de Trabajo de los petroleros que se desempeñan en los pozos de gas y petróleo de Vaca Muerta, que significó en la práctica de pérdida de al menos el 30 por ciento de los ingresos que preveía el convenio original para la mano de obra.
Las empresas entonaron un grito de guerra al cielo, con escala en la oficina principal de la cartera de Energía y Minería del gobierno de Mauricio Macri, porque aseguran que en los yacimientos no ha sido lisa y llana la aplicación de la adenda. Los sindicalistas, en cambio, dicen que los cambios al convenio se cumplieron a rajatabla.
Este año apareció un nuevo punto de conflicto. Dos o tres empresas les dieron bonos compensatorios a su personal en los pozos en pago por actividades que habían sido restringidas en la adenda. Los empresarios adjudicaron esa conducta a presiones de las segundas líneas del sindicato de Pereyra. El gremialista no sólo desmintió esas versiones también cuestionó el pago del bono porque “no pasó por la discusión con el sindicato”.
Los petroleros arreglaron el año pasado un 20 por ciento de aumento salarial con cláusula gatillo por inflación. Ese acuerdo tiene vigencia hasta la liquidación salarial de marzo, en los primeros días de abril. Los gremios reclaman que desde las liquidaciones de febrero se active el gatillo por inflación.
La mejora por la cláusula gatillo debieran percibirla los afiliados al gremio antes de que se acuerde el aumento para el año en curso.
La inflación superó el aumento salarial. Petroleros piden que se compense el desfasaje.
Reunión a puertas cerradas
El cónclave convocado por Aranguren con los empresarios y sindicalistas se desarrolló el viernes y lo que se conoció de él fue expresado por Pereyra, quien fue a la reunión con Manuel Arévalo, líder de los petroleros jerárquicos, mientras desde la industria sólo se deslizaron algunos trazos del encuentro sin grabadores encendidos cerca.
La relación entre las patronales y los representantes de los trabajadores del petróleo está tensa como pocas veces desde que Aranguren desembarcó como ministro del gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. Esto, a pesar (o como consecuencia, según quién lo analiza) de que las expectativas actuales para los negocios con los no convencionales son tremendamente mejores que las que había durante el primer año de la gestión del ex presidente de Shell en Argentina al frente del Ministerio.
“Hay muchas cosas por rediscutir con las empresas”, le dijo un dirigente encumbrado de los petroleros a este diario.
¿Por qué rediscutir? Sencillo: la fuente explicó que cuando se acordó la pérdida de ingresos para los trabajadores, en el primer trimestre del año pasado el precio internacional del petróleo estaba a la mitad que en el presente y las inversiones hidrocarburíferas venían planchadas desde hacía más de un año.
“Hoy el panorama es diferente”, enfatizó la fuente al mismo tiempo que reconoció que “las condiciones de negociación están cada vez más duras para los sindicatos”.
Polémica por un bono extra
“Hay algunas empresas que empezaron a otorgar beneficios fuera del ámbito de las paritarias y esto está provocando desigualdad porque se genera fuera de las paritarias nacionales. Esta anomalía la vamos a emparejar hacia arriba”. La declaración corresponde al líder sindical Guillermo Pereyra sobre el pago de algunas petroleras, “dos o tres”, dijo, de un bono extra a sus trabajadores sin aviso al gremio.
