El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas , volvió a quedar ayer en la mira de las autoridades brasileñas, sospechoso de lavado de dinero internacional al haber recibido US$ 850.000 de manera ilegal.
El titular de la AFI Gustavo Arribas volvió a quedar en la mira de las autoridades brasileñas Fuente: Archivo
Ya acusado el año pasado por un delator de la Operación Lava Jato de haberse beneficiado con sobornos de la compañía Odebrecht , ahora el funcionario y amigo de confianza del presidente Mauricio Macri quedó expuesto en medio de una investigación de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Administración Federal de Ingresos Públicos de Brasil para desarticular una esquema de lavado de dinero transnacional por medio de una red de empresas falsas que estafaron a varios municipios en los estados de San Pablo y Minas Gerais, donde debían proveer productos a concesionarias de limpieza urbana.
Bajo el nombre de "Operación Descarte", ayer se efectuaron 15 allanamientos en San Pablo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte y Lamim que tuvieron como eje al empresario de la construcción Atila Reys Silva, considerado el operador financiero de esta amplia trama de corrupción. Fue así que los agentes federales descubrieron que una de las células del esquema de lavado de dinero había realizado cuantiosas transferencias ilícitas a Arribas en la Argentina vía un banco asiático. En exclusiva, LA NACION entrevistó a Milton Fornazari, comisario de la Policía Federal en San Pablo, quien estuvo a cargo de la "Operación Descarte".
-¿Cómo se llegó a dar con el esquema de lavado de dinero que involucra a Arribas?
-La investigación comenzó como un desdoblamiento de la Operación Lava Jato y por el inicio de una acción fiscal de Administración Federal de Ingresos Públicos (Receita Federal) sobre unas empresas que servían como fachada para cometer ilícitos. En las dos investigaciones se halló a un operador financiero brasileño (Atila Reys Silva), que actuaba en consorcio con otros dos operadores financieros presos en el ámbito de la Lava Jato, Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, quienes firmaron acuerdos de delación premiada con la Justicia.
-¿Cómo surgió el nombre de Gustavo Arribas?
-Se descubrió que en 2013 este operador pidió a Yousseff y a Meirelles que hicieran transferencias desde su cuenta en el banco HSBC de Hong Kong para una cuenta en un banco argentino, en la Argentina, a nombre de Arribas. El origen del dinero estuvo en Brasil. Se trató de una operación fraccionada, fueron 14 transferencias bancarias que suman US$ 850.000; el fraccionamiento es algo de costumbre en ese mercado ilegal de cambio de dinero. Todas las transferencias fueron hechas en un período breve, de unas dos semanas.
-¿Cuál era banco argentino?
-No puedo revelar esa información en este momento; la investigación está en curso.
-¿Cuál fue la razón que se dio para realizar esas transferencias?
-Eso está bajo investigación. Aún no sabemos cuál fue el motivo de esas transferencias. Lo que sabemos es que fueron hechas de manera ilegal, sin comunicación al Banco Central de Brasil, es decir, al margen del sistema financiero nacional, una tipología clásica de lavado de dinero para evitar el rastreo de las autoridades.
-¿Entonces no se sabe si Arribas estaba involucrado en el esquema de fraude a municipios brasileños por medio de empresas fachada proveedoras de productos a concesionarias de limpieza urbana en los estados de San Pablo y Minas Gerais?
-No, no sabemos si está relacionado con esa red aquí. El operador brasileño comandaba una célula profesional de lavado de dinero que prestaba servicios para varios clientes, no sólo a esas concesionarias de limpieza sino también a agencias de turismo y otras empresas que no parecen tener contacto unas con otras, en esquemas independientes.
-En los casi ocho años que Arribas vivió en Brasil (2008-2015) tuvo empresas relacionadas con la gestión de jugadores de fútbol y marketing deportivo. ¿Sus firmas pueden haberse sido también clientes de este esquema?
-Arribas está investigado como destinatario de una parte de los valores de una red de lavado de dinero. Recibió US$ 850.000 que fueron enviados de manera ilegal de Brasil para la Argentina. Lo que queremos saber es por qué recibió esos valores de manera ilegal y cómo se benefició en esa operación.
-¿Arribas fue el destinatario que recibió mayor cantidad de dinero del esquema de lavado descubierto?
-No, la mayor parte del dinero de esa red fue para personas jurídicas brasileñas, empresas de gran porte.
-¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación sobre Arribas?
-Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para la investigación criminal. Por medio de los acuerdos de cooperación jurídica internacional se pedirá la colaboración de la Justicia argentina, se analizarán todos los documentos que se han conseguido en los allanamientos, y definiremos cuáles son las herramientas más adecuadas para esta investigación sobre una sospecha de un crimen transnacional, internacional.
-¿Arribas podría ser citado para declarar en Brasil?
-Sí, es posible, no se puede descartar esa hipótesis.
-Como parte de la Operación Lava Jato, Arribas ya había sido acusado por Youssef y Meirelles de haber recibido sobornos de Odebrecht. ¿Estos nuevos hallazgos complican la situación de Arribas en Brasil?
-Diría que la investigación está avanzando en relación a la transferencia de valores que se hizo hacia la Argentina. Nosotros no investigamos personas sino hechos; necesitamos ver cuál es la naturaleza jurídica de esos hechos, qué revelan esas transferencias de dinero, si es que apuntan a otros crímenes. Ya sabemos que ese dinero fue enviado ilegalmente para la Argentina, ahora tenemos que investigar por qué.
-¿Se prevé que pueda ser acusado formalmente?
-Por ahora él está como investigado.
-¿Ya tuvieron algún contacto con las autoridades judiciales argentinas?
-No, aún no. Estamos estudiando cómo proseguir a partir de todo lo descubierto ahora.
La petrolera brasileña Petrobras informó este jueves que la Corte Federal de Nueva York aprobó ayer el acuerdo por el que, a cambio de evitar un juicio, se comprometió a pagar 2.950 millones de dólares de indemnización a accionistas que presentaron denuncias en su contra en Estados Unidos.
El acuerdo busca poner fin al proceso colectivo abierto por varios accionistas de la petrolera ante la Corte de Nueva York en el que dijeron sentirse perjudicados debido a que invirtieron en una compañía cuyos papeles se desplomaron tras la revelación de que era usada por una red de corrupción para desviar recursos públicos.
La decisión, aún preliminar, “representa un paso importante para resolver los procesos contra Petrobras en la Corte Federal de Nueva York relacionados a crímenes practicados contra la compañía que fueron descubiertos por la Operacion Lava Jato” (investigación que destapó un gigantesco escándalo de corrupción), informó Petrobras en un comunicado.
De acuerdo con la compañía, el acuerdo pondrá fin a todas las demandas pendientes y a otras eventuales denuncias de compradores de papeles de Petrobras en Estados Unidos.
La empresa agregó que el juez del caso aún analizará posibles objeciones que presenten los demandantes y realizará una audiencia el 1 de junio próximo para determinar “si el acuerdo es justo y razonable”, tras lo cual se pronunciará de forma definitiva sobre la propuesta.
Petrobras insistió en su comunicado en que su propuesta para indemnizar a los inversores en Estados Unidos no representa un reconocimiento de culpa o de práctica de actos irregulares.
“En el acuerdo la compañía niega expresamente cualquier responsabilidad. Eso refleja su condición de víctima de los actos revelados por la Operación Lava Jato, como lo han reconocido las autoridades brasileñas, incluso la Corte Suprema”, agrega la nota.
Petrobras afirmó que, por su condición de víctima de los millonarios desvíos, ha conseguido que le devuelvan hasta ahora 1.475 millones de reales (unos 460,9 millones de dólares) de los recursos que fueron desviados de la compañía.
La Lava Jato destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, que tuvo a Petrobras como protagonista y víctima debido a que numerosas empresas pagaban sobornos a funcionarios de la compañía y a los políticos que amparaban las corruptelas para adjudicarse millonarios contratos con la estatal.
El escándalo, con ramificaciones en varios países, ha llevado a la cárcel a decenas de ex altos funcionarios de Petrobras y a influyentes políticos, y provocó elevadas pérdidas a la compañía y a sus papeles bursátiles.
El valor de la indemnización propuesta a los accionistas estadounidenses equivale a casi dos veces todos los beneficios que la empresa obtuvo en los nueve primeros meses de 2017.
Se trata de un acuerdo judicial histórico para una compañía brasileña y del quinto mayor de una empresa para evitar que sus propios accionistas la lleven a juicio en Estados Unidos.
Hasta ahora los mayores acuerdos de empresas listadas en la bolsa de Nueva York para evitar juicios colectivos de sus accionistas por problemas contables o de corrupción fueron los de Enron (7.200 millones de dólares), WorldCom (6.130 millones de dólares), Tyco International (3.200 millones de dólares) y Cedant Corporation (3.180 millones de dólares), según datos de la Cámara de Compensación Stanford Law School.
La Fiscalía brasileña pidió hoy que el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht y condenado por el escándalo de corrupción en Petrobras, abone unos 63 millones de reales (19,4 millones de dólares) como parte del acuerdo de colaboración que firmó con la Justicia.
La solicitud, enviada a la Corte Suprema por la fiscal general de la República, Raquel Dodge, se basa en un nuevo cálculo por parte de las autoridades, que entienden que el valor total a ser pagado por el empresario es de 65,2 millones de reales (unos 20,1 millones de dólares).
Odebrecht, que se encuentra en prisión domiciliar tras dos años y medio entre rejas en una cárcel de la ciudad de Curitiba, depositó 2,1 millones de reales (unos 647.000 dólares) como parte de un acuerdo de colaboración que le permitió reducir sus penas por los actos ilícitos cometidos.
Sin embargo, esa cifra ha sido alterada sustancialmente por la Fiscalía después de revisar las informaciones prestadas por el propio empresario.
Dodge también pidió que el máximo tribunal del país ordene a Odebrecht prestar una nueva declaración tras el nuevo análisis técnico que realizó la Secretaria de Pericias, Pesquisas y Análisis de la Fiscalía y que provocó el incremento del valor cobrado.
En ese análisis fueron considerados testimonios de Odebrecht en los que afirma que, entre 2006 y 2015, fueron depositados 70,5 millones de reales (unos 21,5 millones de dólares) en una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa propiedad de él y de su esposa a partes iguales.
Los abogados de Odebrecht alegaron entonces que el embargo de esa cuenta debería incidir solo sobre el 50 % que controla su defendido excluyendo la otra mitad que posee la esposa, pero la Fiscalía considera que la pérdida de esos activos incluida en el acuerdo de colaboración tiene que ser sobre el total de ese valor.
La Fiscalía estima que solo deben ser descontados del total a ser abonado las multas y los impuestos pagados por Odebrecht en el momento en el que regularizó sus activos, en el marco del acuerdo de colaboración.
Por otro lado, en relación a la multa pecuniaria establecida en ese acuerdo de colaboración, que alcanzaba los 73,3 millones de reales (unos 22,6 millones de reales), la Fiscalía informó que ya fue efectivamente depositada el año pasado.
A finales de 2016, Marcelo Odebrecht y otros 76 exejecutivos de la empresa se sentaron con las autoridades y confesaron las prácticas corruptas que llevaron a cabo en Brasil y en otros países de Latinoamérica.
El escándalo, que destapó una vasta trama corrupta en el seno de la petrolera estatal Petrobras, ha provocado que importantes empresarios y políticos sean condenados, entre ellos al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
