Con aval de Mauricio Macri, el gobierno mendocino prepara la licitación para el desarrollo de un emprendimiento sobre río Grande del que podría tomar parte desde Impsa hasta Techint. Pero La Pampa elevó ante la Corte Suprema un pedido de anulación, argumentando que quieren "secar" el río Colorado
Los ánimos están caldeados entre La Pampa y Mendoza. La disputa por el agua surge como la gran causa que genera tensión de un lado y otro de la frontera.
Tras casi siete décadas discutiendo acerca del control y aprovechamiento de los ríos Atuel y Desaguadero, entre las provincias ahora estalló un conflicto en torno a un proyecto energético que podría generar inversiones por más de u$s1.000 millones.
La disputa gira alrededor de la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, habilitada por el mismo presidente Mauricio Macri y pensada para ser desarrollada a poco más de una hora de la villa turística de Malargüe, en Mendoza.
La iniciativa es de tal envergadura que tendrá un tamaño hasta cinco veces mayor al del dique Potrerillos, ubicado también en esa provincia cuyana.
En un conflicto cargado de tensión política, y sobre al que se han referido sin rodeos los gobernadores Alfredo Cornejo y Carlos Verna, el enfrentamiento alcanzó su punto más delicado en los últimos días, tras la presentación, por parte de La Pampa, de un pedido de nulidad del proyecto ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre sus argumentos, los funcionarios pampeanos denuncian que Macri actuó con "parcialidad" a la hora de dictar un laudo.
Además, señalan que, en todo el proceso arbitral que tuvo lugar hasta principios de 2018, "favoreció incluso de manera pública los intereses de la provincia de Mendoza."
Según indicaron a iProfesional fuentes de la gobernación de La Pampa, la construcción de Portezuelo del Viento afectará al río Colorado en tanto el proyecto está pautado para llevarse a cabo sobre el principal proveedor hídrico de dicho curso. Esto es, el río Grande.
En el recurso elevado ante la Corte Suprema, quienes se oponen a la iniciativa piden que "se ordene la suspensión de la obra hasta tanto se declare la nulidad del laudo arbitral, en virtud de haber sido resuelto por un árbitro parcial", y además exige se garantice:
"Mendoza nos robó un río hace setenta años, el Atuel. Ahora el presidente Macri nos está robando otro", expresaron ante iProfesional desde el oficialismo pampeano.
El mismo Verna fue más allá a mediados de enero cuando advirtió que "si Mendoza maneja Portezuelo, va a secar el río Colorado".
Fuego cruzado
La posición de La Pampa incluso recibió adhesiones de entidades de peso vinculadas al campo, como es el caso de CARBAP.
En un comunicado divulgado a principios de febrero, la confederación expresó su lamento por la "intervención presidencial ante una obra que modifica la calidad y cantidad de agua de un río vital para el sur pampeano, como es el río Colorado".
"La ausencia manifiesta del Estado Nacional en la resolución del conflicto del río Atuel fue tristemente compensada con un laudo a favor del Gobierno de Mendoza realizado por el presidente Macri, avalando la realización de Portezuelo del Viento, el cual fue rechazado por todas las fuerzas políticas pampeanas incluido el oficialista Cambiemos", remarcó la organización.
CARBAP profundizó su crítica al proyecto en tanto, a su entender, existen "objeciones y advertencias por parte de la provincia de La Pampa sobre el posible desvío del cauce del río".
Del lado de Mendoza, la postura que predomina es la de la mesura y la tranquilidad. Después de todo, la iniciativa todavía goza del apoyo que transmitió Presidencia de la Nación el mes pasado.
En paralelo, sus dirigentes aprovechan cada ocasión para dejar en claro que la represa no le quitará agua a La Pampa.
"Al tratarse de un proyecto en una cuenca interprovincial, y sobre el que La Pampa presentó objeciones, probablemente debamos presentar los estudios de impacto ambiental en el Congreso", expresó al respecto Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza.
Sin embargo, el propio funcionario aseguró que "desde el punto de vista técnico, eso no reviste ningún problema porque la iniciativa tiene bajo impacto ambiental y no afectará en nada la cuenca del Colorado".
Desde el círculo de Cornejo destacan el hecho de que poner en marcha un emprendimiento de esta magnitud aportará 210 megavatios de potencia, beneficiando a la matriz energética nacional.
Además, se trata de una cifra ampliable a partir de una cadena de embalses que se podría desarrollarse a futuo.
Por eso ahora la preocupación pasa por el nivel de inversión y los puestos de trabajo que podrían perderse si la usina no se desarrolla.
Desde el gobierno cuyano indicaron a este medio que sólo el plan Portezuelo del Viento generará 3.000 empleos directos y alrededor de 2.000 indirectos.
Semejante iniciativa tiene expectante a un nutrido grupo de compañías, que aspiran a quedarse con una licitación que Mendoza espera inaugurar a más tardar durante el mes de julio.
Esto, siempre y cuando La Pampa no consiga alzarse antes con un pronunciamiento favorable por parte de la Corte Suprema que bloquee las obras.
Entre las primeras en presentar avales para la futura compulsa se ubica la mendocina IMPSA, que goza de la simpatía de Cornejo y su equipo, en tanto se trata de la única compañía doméstica con capacidad de asegurarle turbinas a la eventual represa.
Hace seis años, una asociación entre la ex IECSA -al mando de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri- e integrada además por Chediak, Ghella, Rovella y Panedile, acercó una propuesta para hacerse cargo de la construcción.
En tierra cuyana aspiran a que la misma UTE diga presente cuando estén listos los pliegos.
Por otro lado, también se prevé la presentación de ofertas por parte de Cartellone, Queiroz Galvao y Decavial.
Entre las internacionales que ya manifestaron sus "ganas" de participar en la construcción de Portezuelo del Viento hay que incluir a la china Sinohydro y la brasileña OAS.
"Si bien se conocen los nombres de quienes apuntan a quedarse con el negocio, no hay que descartar la aparición de nuevos competidores de acá hasta que salga el emprendimiento. En ese sentido, no estaría mal incluir a Camargo Correa o a la misma Techint. Son empresas de peso que seguro miran con expectativa esto que se está definiendo en Mendoza", apuntó una fuente cercana a la provincia.
La iniciativa contempla que, una vez construida, la represa opere bajo control de la local Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA).
"El origen del plan está en el pago de una deuda que Nación todavía mantiene con Mendoza. Esa deuda se terminará saldando justamente con este proyecto de obra pública. Cuando la represa esté concluida, pasará a ser propiedad de la Provincia. Y Mendoza ha decidido darle la concesión de la explotación a EMESA", detalló Guiñazú.
Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica pensada en la década de los '50 que pasó al olvido tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón.
A fines de los '60, una serie de obras de riego desarrolladas en el sur de Mendoza devolvió el interés por el proyecto.
Pasaron casi 40 años hasta que se retomó la idea de abrir una licitación.
Pero distintos tironeos entre los gobernadores en tiempos del kirchnerismo derivó en una parálisis que recién ahora podría verse superada.
El emprendimiento comprende el desarrollo de un embalse de casi 200 metros de altura por 500 de largo sobre el río Grande, el cual estará dotado con una potencia instalada de 210 megavatios.
La intención de los funcionarios mendocinos es iniciar la colocación de tres turbinas antes de que concluya 2018.
La obra contempla la modificación de una parte de la traza de la ruta nacional 145 y la instalación de una línea de alta tensión con llegada a Malargüe.
Especialistas consultados indicaron que Portezuelo del Viento operará como la segunda instalación para la regulación de caudales en esa región de la Argentina.
En el área ya se encuentra en funcionamiento Casa de Piedra, proyecto que "toca" las jurisdicciones de La Pampa y Río Negro.
De activarse, la construcción de la represa generará que la localidad de Las Loicas quede bajo el agua, por lo que sería relocalizada en algún punto al sur del futuro lago.
Entre los habitantes del pueblo emergen críticas al gobierno cuyano en tanto, hasta el momento, nadie brindó precisiones respecto de cómo los habitantes podrán seguir llevando a cabo actividades vinculadas con la cría de animales con fines comerciales, dado que la nueva zona en estudio tiene escasas pasturas.
Este éxodo, por supuesto, permanece atado a la concreción de un emprendimiento que en lo inmediato es fuente de una batalla sin cuartel.
Por el momento, Mendoza "manda" desde el mismo momento en que cuenta con un explícito apoyo presidencial.
Pero la agresiva oposición pampeana, trasladada ahora al ámbito judicial, deja entrever que esta renovada "guerra por el agua" todavía está muy lejos de declarar un franco ganador.
El financiamiento alemán tiene respaldo del país. Es por un tramo de 700 millones de dólares. El italiano, por 1.200 millones, está un paso más atrás.
El gobernador Omar Gutiérrez anunciará hoy los plazos que está dispuesto a esperar para esta variante. Hubo contactos en los últimos tres días.
El gobierno volverá a licitar Chihuido en los próximos 90 días si el consorcio de empresas liderado por Helport no consigue formalizar los trámites del financiamiento, ahora con promesa de capitales de Alemania e Italia, y firmar el contrato de obra en ese plazo.
El ultimátum al grupo liderado por Eurnekian lo dará a conocer esta tarde el gobernador Omar Gutiérrez en el discurso que pronunciará ante los diputados, donde dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias (ver página 5).
Entre el lunes y ayer Gutiérrez mantuvo tres reuniones (en rigor fueron contactos telefónicos que él denominó call) con representantes del grupo alemán, de la cartera de Rogelio Frigerio y con el ministro de Finanzas Luis Caputo, el funcionario del macrismo que es investigado por la justicia por sus actividades en paraísos fiscales.
El proyecto Chihuido consiste en la construcción de una central hidroeléctrica sobre el río Neuquén que demanda una inversión de 1.900 millones de dólares de capitales privados más un aporte nacional del 300 millones de dólares.
Tras fracasar los intentos por obtener recursos en China y Rusia, la UTE que se referencia en Helport acercó dos nuevas propuestas, una de Alemania, Voith Megovia, y otra de Italia, Salini Impregilio SpA. La primera, explicó ayer Gutiérrez a “Río Negro”, ofrece 700 millones de dólares y, según dijo el mandatario, tiene respaldo del gobierno alemán porque “es una obra con prioridad estratégica” para ese país europeo.
En el caso del aporte italiano a través de Salini Impregilio, se trata de una cifra de 1.200 millones de dólares, pero en este caso aún no está resuelta la garantía del gobierno. “Los alemanes están un paso más adelante”, graficó el gobernador.
Gutiérrez definió a esta nueva instancia de Chihuido como “una recta final para cerrar el financiamiento, las garantías y comenzar la obra”. En cuanto al plazo que se dará al grupo que encabeza Eurnekian para resolver este tramo vital del proyecto, el gobernador dijo que este mes se deberá cerrar el respaldo completo del financiamiento, en abril dejarlo constituido y en mayo firmar el contrato de obra para iniciar los trabajos. Si esto no sucede, habrá un nuevo llamado a licitación, aclaró.
La provincia acumula años de frustraciones con un proyecto que despierta expectativas de mucho trabajo (unos cinco mil entre puestos directos e indirectos) y un movimiento extraordinario de la economía. Es la joya inalcanzable con la que ya soñaron varios gobernadores y muchos intendentes de localidades vecinas que se verían beneficiadas por el impacto de una obra de estas características.
En términos políticos, el inicio de Chihuido es la llave para relajarse hacia una reelección, por lo que si alguna gestión consigue avanzar con este megaemprendimiento tendrá motivos para celebrar.
El proyecto original para regular crecidas del río Neuquén y generar energía hidroeléctrica es de la década del ´70 y fue una idea de técnicos y profesionales Agua y Energía, una empresa estatal que fue creada por el peronismo en 1947 y cerrada en 1992 por la versión liberal del peronismo que encarnó el gobierno de Carlos Menem.
Los embalses, diques compensadores, represas y otras obras sobre el sistema hídrico de la provincia del Neuquén permiten aprovechar ríos para inyectar energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, el cual tiene una potencia máxima anual de 19.500 MW.
Seis centrales hidroeléctricas, cinco de ellas sobre el río Limay compartidas con la provincia de Río Negro, y una sobre el Neuquén, totalizan, en su conjunto, 4.500 MW de potencia instalada, correspondiendo 2.529,5 MW a la provincia del Neuquén.
Según un informe de Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado, el proyecto de la presa Chihuido I fue ideado en la década del 70 por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica (AyEE), con el fin de aprovechar el curso medio del río Neuquén para generar energía hidroeléctrica.
También se proyecta para atenuar una crecida máxima.
