La propuesta, que deberá ser votada en las próximas semanas, establece un aumento de la dieta para los directores. Ex dirigente acusa manipulación de asesor y cree que cambios, de ser aprobados, llevarían a una nueva huelga en la minera.

Descolgarse de las acciones que emprenda el sindicato N°1 de Minera Escondida no les saldrá gratis a sus socios. Al menos así ocurrirá de aprobarse la reforma a los estatutos de la entidad, puesto que en uno de sus puntos se incorporan multas para quienes desacaten las decisiones tomadas en asambleas.

La propuesta de la comisión creada para este fin indica, en el apartado de derechos y deberes de los socios, que los integrantes del sindicato tendrán que aceptar todas las decisiones acordadas en asamblea, incluso aquellas que sean aprobadas a mano alzada. Si no lo hacen, sufrirán una sanción.

“El socio que no acate las disposiciones tomadas democráticamente por la mayoría de la asamblea, deberá pagar por única vez una sanción económica que asciende a 2,5 sueldos mínimos mensuales”, indica uno de sus artículos.

Para esto tendrán 30 días, pero si no ocurre en ese lapso, otro artículo señala que la “directiva tendrá la facultad de ejecutar una demanda civil en contra del socio involucrado, para hacer efectivo el cobro, por medio de las herramientas legales que establece la ley, incluyendo las costas del mismo”.

La propuesta contempla, también, un aumento de la dieta que reciben los dirigentes del sindicato, que pasará de un sueldo mínimo, como es actualmente, a un sueldo mínimo y medio.

“El Mercurio” consultó al sindicato sobre el aumento de las dietas y las multas para los afiliados que desacaten las decisiones tomadas en asambleas. En la organización no estuvieron disponibles para referirse a estos dos puntos y se limitaron a explicar que estas propuestas fueron planteadas por una comisión de trabajadores y no por la directiva. Además, indicaron que la asamblea tendrá que pronunciarse sobre estos cambios en las próximas semanas.

La propuesta está siendo por estos días presentada a los trabajadores, para luego ser votada. El ex dirigente del sindicato y vocero durante la huelga de 2006, Pedro Marín, comenta que de aprobarse estos cambios, serían nocivos para los operarios, siendo, a su juicio, el único ganador el abogado asesor, Marco López.

Sostiene que la multa es una mejora del mecanismo que cuestionó la justicia utilizado durante la huelga de Spence en 2009, en la que López también fue el asesor del sindicato. Esta consistía en la firma de un pagaré por parte de los trabajadores de 7 millones de pesos, que debían cancelar si decidían descolgarse: “Es una medida de presión para que los viejos no abandonen la huelga, lo que para mí es una acción antisindical”, sostiene Marín.

Señala que López es el único asesor que dirige asambleas y que “ha llevado a dirigentes cercanos a Cuba”. Sostuvo que de aprobarse estos cambios, es altamente probable que se viva una nueva huelga en la faena.

“Ese es el modus operandi de este asesor”, afirma Marín.

Consultado Marco López sobre estas acusaciones, señaló que son absolutamente falsas y que el sindicato trabaja con un abogado penalista para presentar una querella por injurias contra Marín, puesto que esta no sería la primera vez que el ex dirigente realiza declaraciones que “afectan mi honra”.