Lo pidió el fiscal Gerardo Pollicita, que apuntó a 70 inmuebles y más de 1.200 vehículos que son propiedad de los acusados en la causa por la evasión de más de $8.000 millones de la empresa Oil Combustibles.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy concretar los embargos sobre 70 inmuebles, 1266 vehículos y maquinarias y cuatro embarcaciones que están a nombre de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Souza, de sus empresas que conforman el Grupo Indalo, y de Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los tres están procesados en la causa por la evasión de 8 mil millones de pesos de la empresa Oil Combustibles, en la que el juez Julián Ercolini les dictó un embargo de 17.042.509.692 de pesos.

El objetivo de la medida es asegurar los bienes ante un eventual decomiso que pueda darse en caso de que los acusados sean condenados en un juicio oral. En concreto, se pretende evitar que sobre los activos "se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar".

"Habré de solicitar que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables de titularidad de los procesados Echegaray, López y De Sousa, y también de los bienes muebles registrables de tipo suntuoso de las empresas de los dos últimos", explicó el fiscal.

Los activos sobre los que se pidieron los embargos son 70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves y las participaciones accionarias directas de López y De Sousa en cinco sociedades del Grupo Indalo.

En el caso de Echagaray, se pidió embargar su casa de Tigre, pero el ex jefe de la AFIP la puso como bien de familia para ponerla a salvo de una acción judicial de este tipo. El fiscal pretende impedirlo.

La Cámara Federal tiene que resolver si confirma los procesamientos. Si eso ocurre, la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral.

El plan de los administradores de la petrolera de Cristóbal López -acorralada por la justicia y la AFIP- contempla parar por tres meses la refinadora que la empresa tiene en San Lorenzo.

Con una nueva deuda de 874 millones de pesos con la AFIP, por no pagar -otra vez-, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), la nueva administración de la empresa de Cristóbal López Oil Combustibles -a cargo de OP Investments- decidió que un inversor extranjero comience a hacer frente a ese impuesto.

Reconstruyamos la historia. Oil, el principal activo del Grupo Indalo, fue usada por López y su socio Fabián De Sousa para eludir el pago del ITC. Con la maniobra acumuló una deuda con el fisco de 8.000 millones de pesos.

Con el correr de los meses, y mientras se investigaba a López por fraude, la deuda se incrementó. La AFIP le reclama ahora al dueño de Indalo más de 17.000 millones de pesos, y el fiscal Gerardo Pollicita solicitó que cientos de bienes del empresario K, de su socio y de la firma petrolera sean embargados.

Con los números en rojo, y durante el último trimestre del año pasado, la actual administración a cargo de OP generó una nueva deuda por la falta de pago del ITC: hasta ahora son 875 millones de pesos. Por eso, el organismo recaudador intimó a Oil y la embargó por 300 millones. Progresivamente, el fisco aumentará ese embargo hasta llegar al total de la cifra adeudada. “En el Grupo no hay capital de trabajo y se encuentra en estado crítico, y cuando OP se hizo cargo ya había una deuda con la AFIP”, señalaron desde el fondo de inversión.

Esta deuda es posterior a la apertura del concurso de acreedores que Oil tiene en la justicia comercial. Ante la situación financiera, las nuevas deudas generadas y un deterioro en la red de distribución de la compañía, el juez comercial Javier Cosentino ordenó la intervención de la empresa con tres coadministradores, que asumieron el lunes pasado.

En este escenario, los titulares de OP, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, decidieron que el ITC lo comience a pagar un socio extranjero. Según pudo constatar Clarín, los administradores contrataron a una importante petrolera extranjera, que también se encargará de proveer a Oil de naftas y gasoil ya refinados. Con este plan de contingencia, la planta de refinación de la firma ubicada en San Lorenzo dejará de funcionar durante los próximos tres meses. “Se evaluó que es una mejor forma de trabajar hasta poder aplicar el plan de salvataje, mientras la red continúa abastecida”, indicaron desde la firma a Clarín.

Sin embargo, el complejo donde funciona la refinería continúa en funcionamiento, ya que se trata de un complejo con un puerto con tres muelles, una planta de despacho de combustibles, varios tanques de almacenaje, laboratorios, oficinas administrativas y comerciales.“No habrá despidos ni suspensiones”, señalaron desde la empresa.

Con esta contratación, será el socio extranjero “el responsable de hacer frente al ITC, no se genera más de manera directa y no crece la deuda”, señalaron fuentes de Oil.

Lo reveló el secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles privados, Rubén Pérez. La firma se encuentra embargada por la Afip y no puede adquirir petróleo para producir.

En medio de la crisis fiscal que hace peligrar las 400 fuentes laborales de la empresa Oil Combustibles, apareció un inversor interesado en adquirir la firma con sede en San Lorenzo. La información fue revelada por el secretario general de sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Privados, Rubén Pérez.

Según el dirigente gremial, que no quiso revelar la identidad del posible comprador, la compañía aguarda que se resuelva positivamente la situación judicial de la refinería, que actualmente está en convocatoria de acreedores. “Al no tener la habilitación y la garantía de este juez y de la Afip, esta petrolera no quiere invertir un peso hasta que no tenga la certeza de que va a poder recuperar los activos, pero la intención está”, manifestó.

Actualmente, la empresa mantiene paralizada su producción, aunque se mantiene en funcionamiento, con tareas de reparación y mantenimiento. Días atrás un buque con 46 mil litros de petróleo crudo arribó a la región, pero resolvió no descargar y debió volver debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos trabó un embargo sobre las cuentas bancarias de Oil. “Según la Afip, esta gente estaba usando el impuesto a la transferencia de combustible, que tienen la obligación de depositarlo, para hacer frente a los pagos. Entre ellos estaba el de este barco de crudo, que al no tener la efectivización del pago, se fue”, explicó Pérez, que estuvo reunido con directivos de Op Investments, compañía a cargo de Oil.

Para evitar que también sea confiscado el dinero destinado a salarios, la empresa adelantó el pago de los salarios correspondientes a este mes, que fueron abonados el martes 20. “Con muy buen tino, demostraron que hay preocupación por el personal y ahuyentaron el fantasma de que no iba a aparecer la plata”, consideró el secretario general.