Hay $ 73.000 millones del Estado nacional en danza. Los 30 principales contratistas. Cuáles crecieron más.
“Hoy hay licitaciones transparentes, nunca más sinónimo de corrupción”, repite por estos días como un mantra el presidente Mauricio Macri en diversos actos a los que asiste para inaugurar obras públicas, su obsesión de ingeniero y de ex empresario de la construcción que tantos réditos políticos le dio como jefe de Gobierno porteño. En 2016, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegó a decir que habían bajado entre 30% y 40% los costos de las obras, aunque algunos constructores ponen en duda que con la merma de precios puedan financiarse completamente los proyectos licitados. En agosto pasado, el Ministerio de Modernización lanzó un portal llamado contratar.gob.ar con la intención de transparentar y evitar las tradicionales cartelizaciones en las iniciativas de infraestructura. Pero ese sitio no sirve para elaborar un ranking de las constructoras que participan de las obras más grandes de los dos años de la era Cambiemos.
Este tipo de clasificación tampoco pudo hacerse en los 12 años del kirchnerismo, a pesar de que a último momento en 2015 el entonces ministro de Planificación y actual presidiario, Julio De Vido, difundió una defectuosa lista en un intento por relativizar los negocios de Lázaro Báez, ahora también preso.
Para superar el desafío de acercanos a un ranking de la obra pública macrista, durante dos meses y medio NOTICIAS revisó una por una las adjudicaciones que el Gobierno hizo desde el día en que se inició, el 10 de diciembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017. Lo hizo a partir de la base de datos del portal privado obrapublica.com, que recopila todas las licitaciones de la inmensa mayoría de los organimos públicos y que es fuente de consulta habitual del mundillo de las constructoras. Durante ese período se adjudicó un total de obras por 73.561 millones de pesos (algunas son con financiamiento internacional, en dólares, y fueron convertidas al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2017) en diversos organismos públicos, sobre todo aquellos bajo la órbita de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que tiene bajo su órbita la empresa de agua y saneamiento de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, AYSA.
El resultado de la investigación arrojó una cúspide de 30 compañías que participan solas o en uniones de transitorias de empresas (UTE) en el 61% de las obras de la era Macri: suman un total de 77 proyectos por 44.950 millones de pesos. En ese listado hay de todo. Está una firma que, según reconocen en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), está muy “agrevisa” en las ofertas en las licitaciones: Uribelarrea Construcciones SA (UCSA), la constructora del rey de la soja que sucedió a Gustavo Grobocopatel, Manuel Santos Uribelarrea.
Están las grandes constructoras de siempre: Supercemento, la española ACS, José Cartellone, Panedile, Benito Roggios e Hijos, Techint y la alemana Siemens. Hay empresas que crecieron fuerte en la era K: la española Isolux Corsán, que ahora tiene obras paralizadas tras la convocatoria de acreedores en su país de origen; Esuco, del ex presidente de la CAC Carlos Wagner, y CPC, del encarcelado Cristóbal López. Están otras compañías que también aparecían en el ranking elaborado por De Vido: las sociedades anónimas Lemiro Pablo Pietroboni, Luis Losi y Néstor Julio Guerechet. Las hay con larga trayectoria en la construcción argentina: Constructora Perfomar SA (Copersa), Homaq, Dos Arroyos, Perales Aguiar o Vial Agro. Están otras de menor renombre: CRZ, Escarabajal Ingeniería, Bahía Blanca Viviendas o Pose. Figura Eleprint, que es la del presidente actual de la CAC, Gustavo Weiss, o Helport, propiedad de Corporación América, que es a su vez de uno de los magnates más grandes de la Argentina, Eduardo Eurnekian.
El otro Macri. También aparecen compañías extranjeras: la brasileña Spavias Engenharia, la holandesa Boskalis, la belga Dredging International, la española San José y la italiana CMC di Ravenna. Esta última empresa es una cooperativa de Rávena, en el norte de Italia, que entró en la Argentina en el gobierno de Macri y cuyo presidente se llama Roberto Macrì, con acento grave, igual que el apellido original de la familia italiana del jefe de Estado. En el círculo íntimo de los Macri argentinos, cuyos orígenes se remontan a Calabria, en el sur de Italia, niegan un parentesco con Roberto Macrì. Lo mismo afirman asesores de CMC di Ravenna en el país europeo: “No vienen de la misma familia”. A la cabeza del ranking macrista figura UCSA, la constructora de Uribelarrea, el empresario de buena llegada a Macri y que en agosto pasado fue además uno de los dos principales ganadores de una licitación de centrales termoeléctricas. El otro fue Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, también cercano al Presidente. Para instalar una de las generadoras, Uribelarrea le compró en 2017 un campo de 12 hectáreas en Benito Juárez a la tía de Macri, Graciela Quintans.
Sola y en UTE, UCSA participa en contratos por 8.091 millones de pesos, aunque eso no significa que vaya a facturar tanto. En realidad ingresará fondos por 2.961 millones. Sin embargo, sigue siendo una cifra nada despreciable: es mayor a las obras en las que están solas o en UTE colosos del sector como Panedile, Roggio, Techint o Siemens.
En enero de 2008, antes del conflicto del kirchnerismo y el campo, la revista Fortuna presentó a Uribelarrea, que entonces tenía 29 años y ahora suma 39, como “el otro rey de la soja”, por el crecimiento con sus campos propios y arrendados, con el modelo de negocios similar al de Grobocopatel. Su familia es descendiente de españoles y franceses que vinieron hace seis generaciones a la Argentina en la década de 1860. Siempre se dedicaron a la actividad agropecuaria, inicialmente en tierras propias en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La empresa agrícola lleva las siglas MSU, por los nombres y el apellido que se transmiten de padres a hijos: Manuel Santos Uribelarrea. En 2010, el joven Uribelarrea quiso empezar a diversificarse y compró la constructora chaqueña Chacofi, que había inaugurado en 1980 una torre emblemática del centro porteño sobre la avenida Leandro N. Alem. La rebautizó UCSA. En la base de datos de obrapublica.com figuran licitaciones desde 2011 en adelante. Allí no hay ninguna adjudicación a UCSA, pero porque no incluye obras de algunas empresas estatales como Enarsa.
Uribelarrea ganó al menos un par de licitaciones con los K. En 2014, Enarsa le adjudicó la construcción de una parte de la red troncal del Gasoducto del Noreste, en Chaco, por un total de 1.430 millones de pesos de entonces. Como UCSA tenía sólo el 33% de la UTE de la que participaban también las firmas Chediack y Conta, facturó 476 millones. Aquel año, en otra alianza con las mismas empresas y similar porcentaje de acciones, se llevó un contrato de 1.648 millones (549 millones era su parte) para colocar tubos que aproximaran ese gadoducto a localidades en Santa Fe.
En 2012, Uribelarrea empezó a experimentar con energías renovables a partir de la bosta de las vacas y del viento. Tres años más tarde creó MSU Energy, con la que ganó aquella licitación de tres centrales térmicas en sociedad con la norteamericana General Electric (GE) en la era Macri. En cambio, no ganó ninguna de los parques renovables que este gobierno licitó. Mejor le fue en obras públicas. Consiguió una para recuperar el ferrocarril de cargas Belgrano Norte en Santiago del Estero, en una UTE en la que tiene el 65% y que comparte con la empresa Rottio; y la instalación de cloacas de la Villa Olímpica de Villa Soldati para los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, que comienzan en octubre próximo. También logró el contrato más grande de la era Macri, unos 4.044 millones de pesos, de los que UCSA participa en un 34%, en sociedad con Copersa y Spavias, para mejorar otra parte del Belgrano Norte, en Salta y Jujuy; y dos tramos de la construcción de la autopista 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, en una UTE de la que cuenta con un tercio junto a Homaq y Dos Arroyos. “Rottio y Spavias tenían la maquinaria a bajo costo. Por eso nos asociamos con ellos. Y Spavias tenía sociedad con Copersa”, explican cerca de UCSA, donde se autodefinen como una “pyme”. Copersa figura cuarta en el ranking de NOTICIAS, con participaciones en obras por 4.363 millones. Spavias, quinta, con 4.044 millones. Todo gracias a su 33% en el contrato del Belgrano Norte en Salta y Jujuy. Copersa fue una empresa del grupo de Franco Macri hasta 1991 e incluso su hijo fue vicepresidente de la constructora en los 80. Pero en los 90′ los Macri se desprendieron de esta y otras empresas más chicas para hacerse de dinero y entrar en las privatizaciones. En la actualidad, Copersa pertenece a Martín Migueles y Martín Gavio. “Somos una pyme, estamos lejos de estar entre las 20 grandes constructoras”, se ataja Gavio. En estos dos años de gobierno de Macri, Copersa ganó además la ampliación del puerto de Ushuaia. Las obras complejas sobre las aguas son su expertise.
Ahora que terminó la feria judicial, Casanello deberá decidir si procesa o no a algún empresario o a ciertos ex funcionarios K, como Carlos Ben, que presidía AYSA. Documentos del Lava Jato muestran que Odebrecht confesó sobornos para el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación y actual presidiario por una causa de compra de gas licuado, Roberto Baratta, con la intermediación de Wagner -que desmintió la acusación-, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez y un ex director de AYSA entre 2007 y 2011, Raúl Biancuzzo.
Astolfoni no tenía hijos y más del 60% de las acciones de Supercemento quedaron en manos de su pareja, Carola von Waldenfels, y un sobrino que vive en Italia, Lucca Astolfoni. El fallecido dueño ya había delegado el manejo de la empresa en 2003, a los 80 años, en un equipo gerencial. Astolfoni había fundado Supercemento en la Argentina y en 1973 sumó como socio de la empresa a Antonio “Tonino” Macri, tío de Mauricio y padre de Jorge, el intendente de Vicente López y a la vez presidente del Grupo Banco Provincia. Pero Tonino vendió sus acciones en 1986. En la década siguiente, Astolfoni cofundó Nordelta junto a Eduardo Costantini.
El tercer puesto en la obra macrista es para Isolux Corsán, con sus empresas Corsán Corviam y Tecna y contratos sola y en UTE por 5.130 millones. La empresa española ganó en 2016 una obra ferroviaria en alianza con Pietroboni y Merco Vial y la construcción de un reactor nuclear y en junio pasado, un proyecto de AYSA de un río subterráneo a Lomas de Zamora, en sociedad con CMC di Ravenna. Pero al mes siguiente el ministro Frigerio suspendió a Isolux del registro de proveedores por un contrato incumplido para construir una cárcel y en medio de la polémica por presunta corrupción en otra obra de la firma española, la central eléctrica de la mina de carbón de Río Turbio, por la que De Vido fue arrestado en octubre. Isolux ya venía de capa caída en España: su antiguo presidente, Luis Delso, debió renunciar en marzo pasado entre denuncias de coimas y evasión tributaria y el grupo entró en concurso preventivo en julio, con lo que quedó en manos de los bancos acreedores, el Santander, el madrileño Bankia y el catalán Caixabank. “Isolux está con todas sus obras paradas en la Argentina, aunque algunas las continúan sus socios, como CMC di Ravenna”, cuentan en la Cámara de la Construcción. Ni en Buenos Aires ni en Madrid, nadie en Isolux contestó los llamados de NOTICIAS. Real Madrid.
A otra constructora española le va mejor: ACS, que encabeza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que en la Argentina consiguió contratos con Dycasa y Tedagua. Aparece sexta en el ranking. Detrás está la entrerriana Pietroboni, cuyo antiguo dueño, Víctor Pietroboni, murió de cáncer en 2016 semanas después de haber confesado que el entonces preso José López, ex secretario de Obras Públicas K, lo había presionado para que no participara en licitaciones que debía ganar Báez. Sus herederos son su esposa, Adriana Saldarelli, y sus hijos Victoria, Joaquín, Ornella y Bruno Pietroboni. Octavo está Cartellone, centenaria constructora, de las más antiguas del país, junto con la cordobesa Roggio. “En 2016 nos fue mal en las licitaciones. En 2017 ganamos la autopista 33 en Santa Fe y esperamos que se ejecute en 2018, junto con otras dos obras que nos preadjudicaron”, comentan en Cartellone. El puesto noveno es para la correntina Homaq, especializada en rutas y presidida por José Darío Clebañer. Había conseguido concesiones en el gobierno de Carlos Menem, Néstor Kirchner se las renovó, pero en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ganó pocas licitaciones. En 2011, el hermano de Clebañer, Raúl, se suicidó después de acusaciones de negocios con los K. El top ten se completa con otra compañía experta en vialidad: Dos Arroyos, de Juan Bautista Pacella, socio en algunos negocios de Weiss. Nombres.
Del puesto 11º al 30º hay otros nombres de relevancia, algunos que no aparecen mejor en el ranking porque ganaron obras de menor tamaño, aunque quizá en solitario y, por tanto, recibirán mayores ingresos que las del top ten. Así es como aparecen CRZ, de Santiago Clusella; Panedile, que perteneció al Estado italiano entre 1971 y 1996 pero que desde entonces es de la familia argentina Dragonetti; la entrerriana Luis Losi, del dueño homónimo, pero que es administrada ahora por su hijo Gabriel y su yerno, Carlos Galuccio, hermano del ex presidente de YPF; Boskalis, del fondo holandés Hal Investments, y Dredging International, del grupo belga DEME, que harán el dragado y el mantenimiento de los canales del Río de la Plata; Perales Aguiar, de Rodolfo Perales, ex presidente de la otrora poderosa Cámara Argentina de Empresas Viales; Esuco, que incluye Decavial y pertenece a Wagner; la española San José, de Jacinto Rey; CPC, de Cristóbal López, que logró tres obras viales en Chubut y Santa Cruz en 2016, antes de caer en desgracia; Eleprint, de Weiss; Roggio, que es una de las empresas que más cantidad de licitaciones ganó, junto con la española Comsa; Techint, de Paolo Rocca, a través de Tesur y Siderca, que aportó tubos para obras del Ministerio de Energía; la santacruceña Escarabajal, de la familia homónima; Bahía Blanca Viviendas, de Such; Siemens, que en alianza con Techint y Panedile modernizará la playa de maniobras de la estación Retiro, después del mea culpa que hizo de su corrupción en todo el mundo en 2011; la platense Pose, de Gustavo Etchanchu y David Serna; Helport, de Eurnekian; la santafesina Guerechet, cuyo fundador murió en enero pasado y dejó su herencia a su viuda, Alicia Aparo, y sus hijos María Laura, Néstor y María Lucila Guerechet; y Vial Agro, de la familia Quantín, de Tres Arroyos. Recién en los puestos 31º y 32º aparecen Caputo, la empresa que el amigo del Presidente, Nicolás Caputo, acaba de vender a TGLT, de Federico Weil y Darío Lizzano; y Sacde, la que Mindlin le compró en 2017 a Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Caputo SA consiguió en enero de 2016 una obra de un reactor nuclear de 796 millones de pesos, pero que ya le había preadjudicado Cristina Kirchner. En diciembre de ese año logró la construcción de un laboratorio agrícola por 150 millones. Sacde, la ex Iecsa, ganó en agosto pasado la ampliación de la red de gas que licitó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. por 946 millones.
Algunos nombres de la construcción Cambiemos son conocidos. Otros no. Pero si los planes de Macri van bien, seguro que se convertirán en ganadores del nuevo modelo económico.
