Entrará mañana en una "parada técnica" por falta de materia prima. La compañía está en proceso de concurso y se le exige pagar la deuda con la AFIP para lograr alivio financiero
Por la imposibilidad de pagar el petróleo, paraliza su producción la refinería de Cristobal López
La refinería de la empresa Oil Combustibles ubicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, está entrando por primera vez en sus 80 años de historia en un proceso de "parada técnica", como consecuencia de la falta de materia prima para procesar.
Así lo confirmó ayer a El Cronista Héctor Brizuela, representante de los cerca de 400 trabajadores de Oil. "Es un proceso de parada técnica que demanda entre tres y cuatro días por cuestiones de seguridad y los procedimientos.
Es la primera vez que la refinería detiene su actividad por una circunstancia como la falta de materia prima", explicó. Según detalló la planta estará parada completamente a partir del viernes o sábado.
"Hoy no tenemos crudo para procesar debido a la situación financiera y jurídica que está atravesando la compañía", indicó Brizuela, que calificó a este momento como "el peor" de la refinería.
Desde el lado de los trabajadores entienden que se llegó a esta situación por fallas en la administración de los nuevos directivos y también por una "posición rígida" de la Afip respecto a las exigencias para el pago de la deuda que la compañía tiene con ese organismo.
Oil fue parte del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, hoy detenido. La compañía está en proceso de concurso y es administrada por nuevos dueños el fondo OP Investments, aunque el traspaso de las acciones no fue autorizado por la Justicia.
Desde OP Investments, en tanto, admitieron que la refinería dejará de funcionar en estos días, pero calificaron a la parada como "temporal". Y aclararon que a pesar de que la planta no esté en funcionamiento se seguirá suministrando combustible a la red comercial de Oil.
A fines del año pasado, la refinería ya había tenido problemas de abastecimiento, pero desde OP Investments informaron que pudieron cerrar una compra de 45.000 metros cúbicos de petróleo a la empresa noruega Statoil, que alivió a su operación. La refinería tiene una capacidad estimada para procesar más de 5000 metros cúbicos por día.
Los trabajadores pedirán la semana próxima una audiencia con el juez en lo Comercial a cargo del concurso de la petrolera, Javier Cosentino, para expresarle su preocupación por el destino de la refinería que, según enfatizó Brizuela, es un ícono de la provincia de Santa Fe.
En las últimas semanas, Cosentino designó a tres coadministradores para la empresa, que llevan adelante la operación junto a Ignacio Rosner, el titular de OP Investments que busca tomar el control del Grupo Indalo.
Según anunciaron a los empleados, hoy se estarán presentando en la planta integrantes del management de la petrolera junto a alguno de los interventores designados por la Justicia para informar directamente al personal sobre la situación que enfrenta Oil y las alternativas de salida a la suspensión de las actividades actual. Desde la empresa, advierten que esperan la llegada de un barco con combustible.
La semana pasada la Justicia ordenó la intervención de la petrolera Oil; y podría sumarse otra acusación por estafa procesal.
Tras llovido, mojado. Cinco días después de que la Justicia en lo Comercial ordenó la intervención de la petrolera insignia del Grupo Indalo, la Justicia Penal recibió la primera denuncia contra los nuevos administradores del otrora imperio de Cristóbal López, que se encuentra a un paso de la quiebra. Y, al igual que el "zar del juego", Ignacio Rosner también afronta una acusación por la presunta retención indebida de aportes previsionales.
La denuncia la presentaron dos periodistas de una emisora que integra el Grupo Indalo -Radio Pop-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios los aportes previsionales y de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino. Eso configuraría un delito, que comenzó en 2014, bajo el mando de López, y se extendió hasta fines de 2017, cuando Rosner ya había asumido el timón del rebautizado Grupo Ceibo.
Los denunciantes, Héctor Rossi y Mayra Belén Martorelli, alertaron que no serían los únicos afectados dentro de la radio. Detallaron que al menos otros seis trabajadores se encontrarían "en idéntica situación", que de confirmarse conllevaría una pena de entre dos y seis años de prisión para los involucrados.
Tras radicar la denuncia, tanto Rossi como Martorelli se presentaron ayer a ratificar su presentación ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia.
Sin embargo, allí no se acabarían los problemas en el fuero penal para Rosner y el otro administrador del ex Grupo Indalo, Santiago Dellatorre. Esta semana se sumaría otra denuncia contra ambos, por presunta estafa procesal y administración fraudulenta.
Ambas denuncias comparten un protagonista: el abogado Gonzalo Espinosa Paz, quien en 2014 también impulsó la causa penal que terminó con el primer procesamiento de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, por la misma maniobra de retención indebida de aportes previsionales.
López y De Sousa no solo terminaron procesados por aquellas retenciones de los aportes, sino que también afrontaron embargos por $25 millones, cada uno, mientras otros exreferentes de Radio 10, como Marcelo Longobardi, "Rolo" Villar y María Isabel Sánchez, les iniciaron demandas multimillonarias.
La denuncia penal significó para Rosner y Dellatorre un nuevo desafío judicial que se suma al del fuero comercial, donde el juez del concurso de Oil Combustibles, Javier Cosentino, les designó tres coadministradores, con los que compartirán el timón -y controlarán todos los movimientos- hasta el 10 de agosto, por lo menos.
Apoyado en un informe de la sindicatura, el juez Consentino ordenó la coadministración de la petrolera a raíz de ciertas acciones que podrían interpretarse como tendientes al vaciamiento de Oil Combustibles.
De inmediato, desde el ex Grupo Indalo negaron cualquier ilícito o delito. Por el contrario, replicaron que aceptaban con agrado la designación de esos tres coadministradores, quienes podrían así verificar cómo avanzaba el "rescate" de la petrolera y todo el holding.
Según la sindicatura, sin embargo, desde la apertura del concurso los números en rojo de Oil Combustibles continuaron en expansión. A tal punto que la deuda aumentó $ 1184 millones, que se suman a los $8000 millones ya pendientes de pago por la retención del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).
Para Rosner, la ofensiva judicial que afronta representa un dolor de cabeza que considera que puede terminar con la implosión de todo el ex Grupo Indalo. Por eso, uno de sus abogados, el exjuez Eduardo Favier Dubois, pidió una medida "anticautelar" con carácter "urgente" que le vedara a la AFIP la posibilidad de embargarle sus cuentas. Ese eventual embargo "implicaría condenar a la empresa al cese inmediato de sus operaciones y a una inexorable quiebra que además arrastraría a todo el grupo", adelantó Favier Dubois. "Es que un embargo de esa magnitud le impediría hacer frente a salarios, impuestos y gastos corrientes", abundó.
El juez Cosentino, sin embargo, rechazó ese pedido. "El tribunal carece de competencia para decidir", contestó y recomendó pedirlo "en el fuero pertinente". En ese contexto, la AFIP logró embargarle fondos a Oil por cerca de $300 millones. Los problemas se acumulan para Rosner, en los fueros Penal y Comercial.
La AFIP intimó al empresario preso por una deuda de 875 millones. Los Sauces, empresa de la expresidenta, también tuvo un revés judicial.
Con causas diferentes pero medidas similares, Cristóbal López y Cristina Kirchner enfrentan embargos sobre sus empresas.
Por un lado, la AFIP intimó y embargó por alrededor de $ 300 millones a Oil Combustibles, sobre una deuda contabilizada en los últimos tres meses por $ 875.039.195. Progresivamente, el fisco irá embargando la totalidad de la deuda.
Por el otro, la justicia federal embargó a Los Sauces SA por $ 200 millones y pese a la apelación de la defensa, la medida quedó firme.
El empresario K suma problemas aún detenido. Una deuda que se produjo tras la decisión de la actual administración de Oil Combustibles de no pagar al fisco el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) -maniobra por la que Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de la petrolera, fueron procesados por defraudación al Estado-, devino en un nuevo embargo millonario.
El principal activo del Grupo Indalo -la petrolera Oil-, está rodeado de conflictos. El juez en lo civil y comercial Javier Cosentino, quien lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles SA, nombró tres coadministradores en Oil Combustibles SA junto a la intervención.
Entre sus argumentos el magistrado, señaló que después de analizar una serie de informes de la sindicatura de la firma, se determinó que había un pasivo postconcursal de $ 1.184.206.705,83, “deuda gestada durante el último trimestre del año pasado y que se generó básicamente por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles, impuesto que se venía cancelando normalmente hasta el 30.9.17”.
La AFIP en un informe presentado la semana pasada, determinó que la deuda al 8 de febrero por no “abonar el ITC impuesto utilizado en la maniobra defraudatoria investigada", asciende a $ 875.039.195.
A raíz de esta situación, una “actitud reiterada en el Grupo”, señalaron fuentes oficiales a Clarín, la AFIP intimó a Oil Combustibles SA administrada por OP Investiment -propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre-, y recientemente les trabó un embargo de alrededor de $ 300 millones, “como primera instancia a raíz de los informes de los veedores y progresivamente se embargará por la suma total de la deuda”, señalaron fuentes judiciales.
A la fecha, la administración de la petrolera no regularizó la deuda y continúan sin abonar el ITC. Para el fisco, “el flujo de fondos actual de la empresa ha empeorado desde que los nuevos administradores asumieron su gestión".
Asimismo, el organismo fiscal consignó en su último informe presentado ante el juez Julián Ercolini, que los administradores de Indalo admitieron en la Justicia Comercial, que realizaron asistencias financieras "por un saldo de $ 585 millones, otras realizadas por $ 461 millones", poniendo en duda la correcta administración del Grupo.
Entre los principales argumentos ya expuestos, señalaron que los dueños de OP “no aportan una inyección de capital” al Grupo, sino que sólo “gestionarían la llegada de préstamos garantizados con los activos del grupo”.
De hecho, los veedores judiciales indicaron ante Ercolini que la actual administración "optó por financiar el capital de trabajo con aumento del endeudamiento con demoras, por fuera del vencimiento, en la transferencia a la AFIP del ITC" y que en esto resulta “enormemente perjudicial para el proceso de reconversión pretendido ya que desvía los riesgos del proceso a terceros”.
Consultados por Clarín, desde OP consignaron que el pasivo se generó como resultado “de la mala administración del último año, que destruyó el capital de trabajo de la compañía, la dejaron sin caja tanto a OIL como al resto de las firmas”.
Desde el fondo de inversión de Rosner, añadieron también, que la financiación de un grupo "en estas condiciones es muy cara ya que nadie te da margen”, lo cual “aceleró la pérdida del capital de trabajo”.
Cristóbal López durante el último gobierno de Cristina Kirchner dejó de abonar dicho impuesto llevando la deuda a $ 8.000 millones, fondos con los que según la justicia, se financió y adquirió más empresas. La AFIP en la actualidad le reclama más de $ 17.000 millones.
Rosner y Dellatorre mantienen la intención de adquirir las acciones del Grupo Indalo, compuesto por 170 compañías. Esta semana el fiscal Gerardo Pollicita debe expedirse sobre la venta. La AFIP y los veedores judiciales ya se opusieron a la operación. La decisión final la tendrá el juez Julián Ercolini quien procesó por defraudación al empresario K y lo detuvo el 19 de diciembre.
Los Sauces es una causa reúne a López y a la familia Kirchner: todos están procesados por asociación ilícita y lavado de activos. Después del procesamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio, otra resolución informó que se dictaban embargos sobre las empresas involucradas en la maniobra: Los Sauces, Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S (del Grupo Indalo) y Austral Construcciones (de Lázaro Báez).
Esta medida cautelar sobre la firma de los Kirchner es por $ 200 millones y fue apelada, sin éxito, por el abogado defensor Carlos Beraldi quien remarcó que el embargo se ordenó "por fuera del auto de procesamiento". La suma es superior al embargo sobre la ex Presidenta que se determinó en $ 110 millones.
Ahora, la empresa que se encuentra intervenida por la Justicia desde diciembre de 2016 -hasta junio de este año-, también cuenta con un embargo millonario.
