La entidad estatal dijo que está estudiando los antecedentes para responder oportunamente a la justicia, luego que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de comunidades indígenas.
Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible el recurso interpuesto por la Comunidad de Pueblos Atacameños en contra del nuevo acuerdo que Corfo firmó con SQM por el arriendo de pertenencias mineras en el Salar de Atacama, la entidad estatal señaló que se encuentra estudiando los antecedentes para responder oportunamente a los tribunales de justicia.
Sin embargo, aseveró que “la conciliación alcanzada mantiene exactamente las mismas condiciones de extracción de agua y salmuera aprobadas por la Resolución de Calificación Ambiental vigente. Por lo tanto, no representa ningún cambio ni tampoco produce efectos adversos sobre las comunidades indígenas y no indígenas de la zona”.
“La conciliación se refiere a contratos suscritos por el Estado y la Sociedad Química y Minera de Chile en los años 80´, confirmados en los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei y que tienen vencimiento el año 2030. Es decir, se trata de contratos suscritos hace más de 20 años y que, independiente del acuerdo, se mantendrán vigentes los próximos 12 años”, añadió.
Esto es parte de una estrategia para anular el acuerdo firmado sin hacer Consulta Indígena y que -según denuncian desde la organización- amenaza con “aniquilar” al pueblo Likanantay.
Este lunes 19 de febrero fue declarado admisible el recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños el 15 de enero pasado contra el acuerdo Corfo-SQM. Esto es parte de una estrategia para anular el convenio firmado sin hacer Consulta Indígena y que amenaza con “aniquilar” al pueblo Likanantay. Así lo expresó Ana Ramos, presidenta de la agrupación indígena, quien además adelantó a El Ciudadano que están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias para paralizarlo, incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Consejo de Pueblos Atacameños -que reúne a 18 comunidades de la cuenca del Salar de Atacama- ha dado distintas señales de que no están de acuerdo con el convenio, tanto por lo social y administrativo, como por lo político, intentando reunirse directamente con la Presidenta Michelle Bachelet, lo que aún no han logrado. Por eso explican que este recurso va en la misma línea de manifestar su oposición al Convenio Corfo-SQM, que extiende hasta el 2030 la extracción del litio, entre otras cosas.
El argumento principal del Recurso de Protección interpuesto en enero en la Corte de Apelaciones de Santiago, sostiene que el convenio SQM–Corfo es “un acto ilegal y arbitrario que vulnera nuestros derechos constitucionales, porque no considera el Convenio 169 y porque hay una serie de medidas que están dentro del convenio y que no se cumplen”, explica Ramos.
“Lo primordial es que tenemos derecho a vivir en un medioambiente libre sin contaminación”, sostiene la dirigenta licanantai, quien agrega que actualmente SQM-Corfo tendrían todos los derechos de agua del territorio. “Prácticamente nos están aniquilando”, sostiene Ramos, explicando que los pueblos atacameños quieren conservar el salar, pero “no están las garantías”, pues no hay planes de contingencia. “Lo más importante es el agua y cómo se han ido vulnerando a lo largo del tiempo los derechos constitucionales de las comunidades”, advierte Ramos.
Ana sostiene que SQM ya ha extraído agua en el pasado y -según entienden- podrían solicitar más derechos. “Y nosotros estamos en el desierto más árido del mundo en donde el agua no es un recurso, sino un elemento vital que marca la vida de las comunidades indígenas”, plantea. Con este convenio -agrega entonces la dirigenta- “estamos poniendo en riesgo la continuidad del pueblo atacameño que ha estado anclado en el Salar de Atacama”.
A la hora de defender el convenio Corfo-SQM, los ejecutivos -principalmente Eduardo Bitrán, de Corfo- han explicado que las comunidades likanantay estarían consideradas puesto que recibirían recursos económicos. Sin embargo, nadie les preguntó al respecto, por lo que además de requerir realizar el proceso de Consulta Indígena acorde a los establecido por el Convenio 169 de la OIT, Ana Ramos agrega que “desde el momento en que ellos incluyen los recursos para las comunidades, ya están admitiendo que hay una afectación, porque de otra manera, ¿por qué nos tendrían que incluir considerando que el territorio es nuestro?”. No obstante ello, aclara de plano que no quieren recursos económicos y que tampoco serán parte de “todo el historial que tiene SQM, que no solo se ha portado mal con las comunidades, sino que con todo el país”.
Ramos espeta que hay responsabilidades de quienes cedieron los derechos de agua y las pertenencias mineras a SQM. “Alguien se las entregó, y a todo eso se hace vista gorda y también al hecho de que la empresa haya financiado campañas a la gran mayoría de los partidos políticos”.
La presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños manifiesta que es “inconcebible” para ellos que Corfo no haya anulado el contrato con SQM, considarando que pudo haberlo hecho pues estaban en un juicio en que finalmente terminaron reconciliados. Ramos grafica la situación así: “Es como que estamos firmando el divorcio y al final nos volvemos a casar”.
Además, dice que conocen de cerca el prontuario de SQM en términos ambientales, porque “nunca se ha apegado a los compromisos reales y esta tampoco va a ser la oportunidad en que van a hacer caso de todos los acuerdos”. En ese sentido, Ana Ramos propone que se debería desarrollar un modelo hidrogeológico para la cuenca del Salar de Atacama y acusa que “hay información que maneja solo SQM y que ni siquiera el Estado chileno tiene acceso a ello”.
De hecho, SQM tiene un proceso de sanción abierto en la Superintendencia de Medioambiente.
Desde Corfo-SQM sostienen que éste no sería un nuevo convenio, sino que una ampliación del contrato que tienen desde hace más de 20 años y, por lo tanto, no sería necesario realizar el proceso de consulta a los pueblos originarios de la zona. Sin embargo, Ana Ramos considera que no es legítimo ese argumento, primero, porque el recurso de protección fue considerado admisible -“lo que es un buen pie para continuar”, explica-; pero además porque ellos efectivamente “reconocen que hay una afectación a las comunidades indígenas, porque de otra forma no nos hubieran incluido dentro del convenio”.
Este nuevo contrato extiende el tiempo de extracción y, manteniendo la misma cuota, van a procesar más litio. Respecto de esto, la dirigenta advierte que “no están las garantías de eso, porque el Estado jamás ha logrado controlar nada”, y asegura que van a “agotar todas las instancias para que a este contrato se pueda dar marcha atrás”. Por último, adelanta que acudirán a todas las instancias necesarias, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
