Matiz. Para la UCR, mantener el control estatal en la transportadora es fundamental. El PRO habla de controlar y dice que es un buen negocio vender las acciones.
El radicalismo planea una nueva embestida contra la venta de las acciones estatales de Transener a través de una nota que alistó la Fundación Alem, flamante think tank radical, y amenaza con ello provocar una fisura seria en Cambiemos. A diferencia de la primera nota, que fue dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren, esta segunda misiva sería enviada directamente la cúpula del PRO para forzar la discusión dentro de la coalición gobernante y reforzar “el carácter político” que tiene el intercambio epistolar en torno a esa privatización.
La cúpula radical hizo pública su resistencia a la venta de las acciones que Enarsa posee en la principal transportista eléctrica del país mediante una nota fechada el 8 de enero, en la que consigna el presunto carácter estratégico que tiene aquella compañía y los beneficios que reportaría al Estado conservar en su patrimonio una firma que, tras la recomposición tarifaria, da utilidades con perspectivas de ser incrementadas.
El ministro la respondió con otra nota con fecha 15 de enero descalificando los fundamentos para realizar ese planteo como errores técnicos y de concepto. Y, según recriminan los radicales, “a sólo tres días hábiles” el Ministerio emitió la resolución 11, dando instrucciones para avanzar en el proceso de venta, lo que los socios del Pro consideran como un desaire grave .
“Ante esta respuesta tajante del MINEM que no admite interpretaciones ambiguas, la UCR considera no satisfechas las inquietudes planteadas en la nota de fecha 8 de enero y continuará con los pedidos de reconsideración hasta obtener las explicaciones y justificaciones que den amplia satisfacción a las inquietudes planteadas”, reza el borrador que preparó la Fundación a cargo de Lila Puig de Stubrin.
El texto al que accedió Clarín todavía es motivo de discusión entre los correligionarios, ya que no hay consenso cerrado para romper definitivamente lanzas con el macrismo, aunque sí acuerdo respecto a los contenidos. El gobernador jujeño Gerardo Morales estaría entre los renuentes al quiebre. Del otro lado, liderando la movida, está Jorge Lapeña, titular del Instituto Argentino de la Energía (IAE) y con un doble rol comprometido con este tema: es director de Enarsa y vicepresidente de Transener, en representación del Estado.
Pero muestra una fisura real entre la UCR y el PRO, que en el área energética ya esbozaron divergencias profundas. Hay especialistas radicales que cuestionan la falta de datos sobre los beneficiarios del Plan Gas, programa de estímulo a los productores que creó el gobierno anterior y continuó éste con pulidos.
El propio Lapeña criticó éstas y otras formas de subvención a la oferta que refuerza el ingreso de las petroleras y, a través del IAE, advierte sobre el fracaso de la estrategia oficial en el rubro, ya que la producción de petróleo y gas sigue en caída.
La determinación de vender la principal transportadora del país es parte de un plan oficial para desprenderse de activos energéticos hoy en manos de Enarsa, que se está reconvirtiendo. También se venderán varias usinas térmicas como Brigadier López, Barragán, Belgrano, Almirante Brown y otras, habilitando una controvertida capitalización de acreencias de generadoras privadas.
Pero como aclara expresamente el borrador de la Fundación Alem, ese capítulo del desguace no sólo no genera resistencia, sino que es explícitamente avalado por la UCR. Pareciera que no es una cuestión de estatismo vs. privatismo sino de cierta inquina hacia esta operación en particular, fortalecida por la firmeza de Aranguren en sostenerla, algo que para la sensibilidad radical es, simplemente, autoritarismo.
El radicalismo prevé insistir por escrito ante Humberto Shiavoni, titular del PRO, en su oposición, entre otras razones, porque “es un monopolio natural”… “controlante de Transba (transportadora de la provincia de Buenos Aires)” y porque el crecimiento de las redes de alta tensión le darán posibilidades de “un importante crecimiento en sus ingresos” y hasta de participar en su construcción de esas líneas.
En la nota de enero, firmada por la cúpula partidaria en pleno, se había referido a que la empresa está en condiciones de “promover nuevos proyectos o desalentar su ejecución si no fueran estratégicos para los accionistas”. Entre éstos está Pampa Energía, que junto a Enarsa es dueña en partes iguales de Citilec, la sociedad controlante. ANSeS tiene el 19 % y el resto del capital está desperdigado en Bolsa.
Otra de las oposiciones radicales se funda en que la empresa de Marcelo Mindlin tiene un reclamo pendiente en sede administrativa por los perjuicios que le habría ocasionado la pesificación asimétrica, de la que habría resultado que todos sus activos (también los de Edenor) tienen un menor valor, con implicancias en sus derechos tarifarios.
El ente regulador ya desairó a Pampa en su pretensión, pero la firma insistió ante la cartera energética por una millonaria compensación. A juicio radical, este planteo hace “inoportuna” la venta de las acciones en este momento, ya que la resolución del pleito administrativo incidiría en el valor de las acciones de Transener.
Hay diferencias de visiones drásticas. Para la UCR, se trata de una empresa “controlada” por el Estado, porque es quien más acciones posee: 46% (Enarsa, títulos de control, y ANSeS, clase B). Aranguren interpretó que de ningún modo es una firma “controlada por el Estado”, algo que vulneraría el marco regulatorio, y destacó que la compra que Enarsa hizo de títulos en manos de Electroingeniería en su momento sólo fue “una oportunidad de negocio antes que una decisión de tipo estratégica”. Clarito.
Desde entonces, las acciones de Transener incrementaron su valor casi un 500%. Tanto por las buenas perspectivas que ofrecieron los ajustes tarifarios a todas las energéticas como por el correcto gerenciamiento, siempre a cargo de los técnicos privados de Pampa a los que el propio Lapeña suele referirse con términos elogiosos.
El invalorable aporte institucional y político de la UCR a la coalición de gobierno debería completarse con una visión renovada y moderna de la administración
El gobierno nacional tomó la decisión de vender la participación de la estatal Enarsa en Transener, empresa que desde 1993 opera en nuestro país el sistema de transmisión eléctrica en alta tensión. En rigor, lo que se vende son acciones de Citelec, que es la sociedad controlante, titular del 52,6% de Transener.
El resto del capital cotiza en bolsa. El decreto que dispuso esta venta consideró que "la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado nacional o de Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio".
La decisión de venta encontró una fuerte oposición en el radicalismo, manifestada duramente en una carta firmada por el presidente del comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Como parte de la coalición Cambiemos, la UCR -impulsada por varios miembros de la cúpula partidaria- solicitó al ministro que reviera la decisión y suspendiera el proceso de venta.
La misiva radical argumentaba cuestiones estratégicas e ideológicas referidas al papel del Estado. También puso bajo sospecha un supuesto manejo indebido de intereses al señalar que el ingeniero Marcelo Blanco, que firmó la convocatoria a concurso público como subsecretario de Coordinación Administrativa, había pertenecido anteriormente a empresas del grupo Mindlin, posible interesado en la compra.
La misiva radical fue contestada por Aranguren mediante una extensa carta en la que fundamentó las razones de la venta y rechazó las insinuaciones de la presencia e intervención de intereses empresarios.
En el decreto se instruyó también al Ministerio de Energía y Minería para que realice la venta de las participaciones estatales en las centrales Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano II, Dique, Güemes, Puerto, Timbúes, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. No solo el principio de subsidiaridad explicó esta decisión. También estaba justificada por la necesidad de fondos en el contexto de un grave déficit fiscal, por ahora resuelto mediante un creciente y riesgoso endeudamiento.
El conjunto de estas ventas podría aportar alrededor de 1100 millones de dólares, aplicables a inversiones que el Estado debe necesariamente realizar sin posibilidad de recurrir al sector privado. Respecto de Transener, el Ministerio de Energía comenzó a avanzar hacia la fijación de la valuación de la empresa.
Transener fue constituida como una sociedad anónima en 1993, en el proceso de privatización. Citelec fue creada, a su vez, como una empresa de control. Las acciones de Citelec fueron inicialmente adquiridas por National Grid y Perez Companc.
Cuando estos grupos decidieron venderla y avanzaron en un acuerdo con el fondo estadounidense Eton Park, el gobierno kirchnerista intervino impidiendo esa operación y presionando su venta a Electroingeniería y a Petrobras. La primera de estas era una empresa relacionada con el poder.
Se produjeron posteriormente sucesivas transferencias hasta llegar a la composición accionaria con Enarsa estatal y Pampa Energía. Esto no les da a Citelec ni a Transener el carácter de empresa estatal. Por eso, en rigor, la venta de sus acciones no constituye una privatización en su sentido legal.
La reacción del radicalismo muestra a este socio de la coalición Cambiemos en una posición ideológica estatista anacrónica, limitante de la tan necesaria inversión privada. Parecería, además, que no ha percibido la gravedad de la situación fiscal y las consecuencias que podría tener una crisis de deuda si no se la corrige. La calidad institucional y la confianza que el actual gobierno trabajosamente está reconstruyendo, no se pueden apoyar en un Estado empeñado en emplear sus escasos recursos para desarrollar actividades empresarias y comerciales que bien puede realizar el sector privado.
El radicalismo parece no haber comprendido los problemas estructurales de la Argentina y cuáles son sus causas. Persiste en un encierro ideológico que tomó forma en 1948 con la aprobación de la Declaración de Avellaneda de 1945 como plataforma del partido. Se habían finalmente impuesto en la UCR los vientos nacionalistas y estatistas del peronismo.
En aquella declaración se postulaba la "nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos". Estos mismos condicionamientos ideológicos no parecen haberse disipado y predominaron en la posición del radicalismo en apoyo de la estatización del sistema de jubilaciones en 2008 y de la estatización de YPF en 2012.
El invalorable aporte institucional y político de este partido a la coalición que hoy nos gobierna debiera complementarse con una visión renovada y moderna de la administración y la economía si es que verdaderamente se quiere cambiar.
