El juez en lo comercial Javier Cosentino dispuso la intervención con “coadministración de la sociedad en concurso” de Oil Combustibles SA, la empresa de Cristóbal López que generó la deuda de $ 8.000 millones con la AFIP -durante el último gobierno de Cristina Kirchner-, al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). El magistrado tiene a su cargo el concurso de acreedores de la firma petrolera.

 “Los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa”, indicó el juez y planteó que generaron un pasivo posterior al concurso superior a los $ 1.100 millones.

En una resolución de seis páginas a la que accedió Clarín, el juez Cosentino decidió nombrar tres coadministradores en la principal empresa del Grupo Indalo, en medio de los fallidos intentos de sus dueños por vender el holding a OP Investment -propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

El magistrado tomó la decisión de la intervención que tendrá vigencia hasta el 10 de agosto, al analizar una serie de informes receptados por la sindicatura de la firma, que consignaba un pasivo postconcursal de $ 1.184.206.705,83, “deuda gestada durante el último trimestre del año pasado y que se generó básicamente por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles, impuesto que se venía cancelando normalmente hasta el 30.9.17”.

Clarín contó hace unos días que la nueva administración de Oil, a cargo de Rosner y Dellatorre, generaron una nueva deuda con la cesación de pago del ITC, la misma conducta que le valió a Cristóbal López y  Fabián De Sousa un procesamiento por defraudación al Estado y una demanda de la AFIP, por daños y perjuicios por $ 17.000 millones.

Además, Cosentino tuvo en cuenta un informe sobre la rescisión laboral con un ex director y que se pagaron en diciembre de 2017 y enero de 2018, honorarios adeudados al ex director Sebastián Maggio por $ 276.375 y a los actuales directores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, $ 5.091.310,24 a cada uno como anticipo de honorarios. Esto fue también, informado por la AFIP al momento de oponerse en la justicia federal -ante el juez Julián Ercolini-, a la venta de Indalo.

Para el juez del concurso preventivo estos números, reflejan “irregularidades” que “imponen la adopción de la intervención”, entendiendo además que “existe una fuerte presunción de que durante el período postconcursal, la concursada ha incumplido con el pago del impuesto a la transferencia de combustibles con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación, al menos hasta diciembre de 2017”. Esta deuda, como informó Clarín es de $ 875.039.195.

Así, se determinó que el pasivo acumulado posterior al pedido de inicio del concurso preventivo es “superior a los mil cien millones de pesos” y contra Rosner y Dellatore planteó que “los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa”.

 Otro de los planteos del juez comercial para avanzar en la intervención de Oil fue el informe de la sindicatura sobre el “deterioro de la red de distribución por la pérdida de varias estaciones de servicio, la merma de la operatoria de la refinería ubicada en la localidad de San Lorenzo, (Santa Fe), y la situación crítica de una de las sociedades controladas (CPC) con importante actividad”.

Por estos motivos, “se impone intervenir en la administración de la sociedad en resguardo de los intereses involucrados, la protección del patrimonio y de los acreedores, sin olvidar la cantidad de fuentes de trabajo que ha denunciado la concursada en forma directa o indirecta”.

De esta manera, y habiendo aceptado el concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles después que la Sala D de la Cámara en lo comercial ordenara su reapertura, se dispuso la “intervención de la administración de la sociedad concursada bajo la forma de coadministración” hasta el 10 de agosto de 2018. En tal sentido, se designó como interventores coadministradores a Carlos Bianchi, a Liuba Lencova Besheva, y a Francisco Cárrega.

La intervención estará vigente hasta el 10 de agosto y los tres inventores presentarán un informe mensual conjunto con “detalle de las tareas llevadas a cabo en el cumplimiento de su función”.

Según el Cronista, Javier Cosentino, juez a cargo del concurso preventivo de Oil Combustibles, decidió hoy la intervención de la petrolera, a la que la AFIP le reclama $17.000 millones por la evasión del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos.

El magistrado, sin embargo, no apartó a los actuales gestores de la compañía, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, las caras visibles de Ceibo, el nombre que ahora identifica a Indalo, el grupo que -hasta tanto se apruebe lo contrario-, todavía, pertenece a Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Concluyeron que OP Investments no está en condiciones de enfrentar “los riesgos empresarios” de las compañías de Cristóbal López. Ahora define del juez Ercolini

El juez Julián Ercolini recibió este jueves un informe lapidario sobre la posible venta del Grupo Indalo. Los veedores judiciales cuestionaron el traspaso y criticaron duramente a los dueños de OP Investments. Dijeron que no están en condiciones de asumir el control de las empresa del holding. La AFIP, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, ya se opuso a la operación y ahora sólo resta el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.

Los veedores judiciales concluyeron que OP Investments "no puede calificarse como un "grupo inversor" ni "controlante" por no estar en condiciones de enfrentar, per se, los riesgos empresarios de un grupo de la magnitud de Indalo ni de cada una de sus principales empresas", según consta en el informe de más de 40 carillas.

Sobre los actuales administradores, Ignacio Rosner y Sebastián Dellatorre, los veedores sostuvieron que no se los puede considerar como controlantes del holding porque no tienen "capacidad patrimonial y financiera", y no hubo "una transferencia accionaria de empresas del grupo Indalo a su favor".

"Solo se podrá reconocerlos en su potencial capacidad como administradores, aunque en cuanto a la representación legal sólo lo son formalmente en relación a OIL Combustibles SA, con algunas observaciones formales que requerirían opinión de la Inspección General de Justicia (IGJ) en los casos de las otras dos empresas bajo nuestra veeduría y una información incompleta sobre la constitución del resto de los directorios de las empresas del Grupo, en las que tenemos conocimiento de cambios de autoridades en una decena de empresas más en las que se incorporaron Ignacio Rosler y Sebastián Dellatorre", sigue el informe

Y agrega: "El resto de las empresas del Grupo, más de un centenar, no habría cambiado directorio y no obtuvimos información, a pesar de solicitarla, sobre la situación actual de las autoridades, especialmente desde el momento que la mayoría de ellos presuntamente figuraban Fabián de Sousa y Cristóbal López no solamente como accionista sino también como directores".

Cuando estén todos los informes, el juez Ercolini deberá decidir si levanta la inhibición general de bienes sobre las 170 empresas que constituyen el Grupo Indalo.

El año pasado, el magistrado rechazó levantar la inhibición. Pero luego de las detenciones de López y su socio Fabián De Sousa, le corrió vista otra vez a las partes (veedores, el fiscal y la AFIP) para que vuelvan a expedirse sobre una posible venta del Grupo.

Los veedores ya dieron su veredicto. "Tanto la oferta como el plan estratégico no cuentan con requisitos indispensables para ser considerados para resolver simultáneamente los desequilibrios económicos potenciales de las empresas del Grupo y al mismo tiempo mantener la capacidad de proteger los intereses de los acreedores, especialmente el fisco, y los eventuales daños que surjan del proceso judicial", dice el informe.