ALVARO RONCAL
Fernando Castillo, director general de gestión social del MEM, detalla los riesgos que afronta la minería en el 2018 y la estrategia del gobierno para prevenir la conflictividad.
Aunque la sabiduría convencional diría que en un año de aumento de producción minera, incremento del precio de los metales y elecciones regionales, los conflictos mineros se dispararían, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no considera que ello vaya a pasar en el 2018. Aún más, considera que las cifras de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo están ‘infladas’ —esta semana, reportó 122 conflictos socioambientales, 80 de ellos relacionados a la minería— y no responden a la verdadera magnitud de la conflictividad social.
“El trabajo que se ha hecho ha llevado a que haya una disminución clara de la cifra de la Defensoría, a pesar de que ellos hayan sido duros en admitirlo”, asegura Fernando Castillo, director general de gestión social del MEM.
El gobierno afirma estar ejecutando una estrategia preventiva que apunta a mitigar posibles conflictos, basada en el sinceramiento de los compromisos asumidos en gobiernos anteriores, una mayor apertura a los diferentes stakeholders involucrados en la operación minera e iniciativas como el Fondo de Adelanto Social. Aunque el 2018 pudiera marcar el resurgimiento de personajes como Walter Aduviri o Gregorio Santos, Fernando Castillo cree que los proyectos mineros que iniciarán su desarrollo en el 2018 no corren peligro.
-¿Cuál es la magnitud actual de los conflictos sociales por minería?
Ninguna de las operaciones en explotación ni los proyectos que iniciarán desarrollo este año tienen amenazas reales. Si bien hubo paralizaciones en el 2017, la producción nunca se detuvo. Aunque la Defensoría del Pueblo ha reducido su cifra de conflictos [a 176 de 214 a inicio del 2017], [para nosotros] son menos: no llegan a 50. La lógica de la Defensoría es que se firme un acta que diga que ninguno de los dos van a volver a enfrentarse y eso en la realidad no va a existir jamás. Un conflicto no es un estado permanente: es un estadío en una relación. [La Defensoría] tiene registrados casos como el de Espinar que no tienen conflictos desde el 2012.
-¿Ninguno de los proyectos mineros que iniciarían operación en el 2018 corre peligro por conflictos sociales?
En el primer semestre no se dará la construcción de ningún proyecto, que genera la reacción de las comunidades y el incremento de los pedidos. La cartera de proyectos debería iniciar su desarrollo en el tercer o cuarto trimestre del año. Por ubicación geográfica y por el trabajo que se ha hecho, ninguno de esos proyectos debería tener problemas significativos.
-¿El Movadef es una amenaza en potenciales conflictos sociales?
Reportes de inteligencia sostienen que el Movadef se suma a las protestas ya iniciadas para radicalizar el mensaje, pero no tiene capacidad para convocar y movilizar. Una huelga del magisterio sí podría activar algunos conflictos, pero se está trabajando para controlar eso.
-¿En qué zonas sí podríamos ver un aumento de la conflictividad?
Podrían surgir nuevos reclamos a partir del activismo político de Gregorio Santos en Cajamarca, el reemplazo de Walter Aduviri en Puno o la pugna electoral en Cotabambas [Apurímac]. La dinámica de la confrontación ha cambiado: ahora es sobre la ejecución de las regalías mineras. El corredor del sur es el que mayores problemas tiene por Las Bambas, Antapaccay y Constancia.
-Las Bambas vive en un estado de emergencia constante, ¿se harán cambios?
El estado de emergencia se ha marcado exclusivamente en la carretera. No hay ninguna actividad que tenga limitaciones. Todas las reuniones y festividades se están llevando normalmente. Desde el 15 de enero ya no hay estado de emergencia territorial y todas las poblaciones están liberadas. El régimen de estado de emergencia durará sólo dos meses [desde el 11 de enero del 2018] porque tenemos otros instrumentos para darle continuidad al proceso.
El Estado tiene que tomar esas medidas porque tiene esa facultad. Nadie está en contra de las protestas, pero no se puede cerrar el acceso. Lo que se está haciendo es garantizar que el transporte se dé en condiciones normales.
-¿Cómo mitigarán futuros conflictos?
Los problemas surgen por incumplimiento de compromisos. Estamos sincerando aquellos que se adquirieron por no pensarlos estratégicamente: estos no tenían responsables ni presupuesto. Todas las reducciones que hemos hecho se han hecho con el consenso de las poblaciones afectadas. Esto se hace con el ánimo de cumplir con las expectativas. También hemos implementado en el ministerio una política de puertas abiertas para poder escuchar e identificar las versiones de todas las partes.
Además, en el primer trimestre de este año comenzará el Fondo de Adelanto Social para proyectos que iniciarán su etapa de desarrollo en los próximos años; tendrá un enfoque preventivo. Hay muchas frustraciones porque no ha habido una buena gestión de los recursos; eso depende de los gobiernos locales. En paralelo al fondo, estamos por comenzar un proyecto con el IFC del Banco Mundialcon un enfoque de desarrollo territorial. La idea es generar condiciones sociopolíticas que permitan desarrollar los proyectos mineros con el menor ruido posible.
