Instancia presidida por el exministro Álvaro García impulsa un plan piloto en Sierra Gorda.
Facilitar el diálogo entre comunidades y las empresas es el principal objetivo de Valor Minero, uno de las iniciativas mediante las cuales se allanó el camino para la conciliación anunciada el viernes pasado por el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, con la que se buscará un camino alternativo para el proyecto minero-portuario Dominga.
Creada en 2013, la organización público-privado busca instalar un modelo para destrabar inversiones en grandes proyectos en el país, definiéndose como promotores y habilitadores de “un diálogo orientado a la construcción de acuerdos entre la diversidad de intereses que conviven en el sector y la confianza que permita la sostenibilidad de esos acuerdos”.
Bajo esta premisa es que la organización -que dirige el exministro Alvaro García- impulsa un proyecto llamado “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, que corresponde al diseño de políticas públicas para ordenar la relación que existe entre las comunidades, las empresas y el propio Estado alrededor de grandes proyectos de inversión, tal como ocurre con Dominga, cuya intensidad de capital supera los US$ 2.500 millones.
La propuesta busca dar respuesta a la carencia que existe hoy en día para el diálogo entre los protagonistas , pero del mismo modo, responder a las necesidad que tiene el país para atraer un mayor nivel de inversiones “que cumplan con ser virtuosas, inclusivas y sostenibles”.
A través de este mecanismo, que sería presentado a mediados de este año, se busca establecer procesos transparentes, mediante los que además, se pueda potenciar el desarrollo de los territorios.
“Chile necesita recuperar las confianzas. A partir de allí ganan las empresas, las comunidades y el país entero”, ha dicho García en el marco de esta iniciativa.
Las razones de impulsar esto se basa en las dificultad que tienen los grandes proyectos en territorio local, los que tardan en promedio cuatro años en ser aprobados, plazos que han ido aumentando últimamente. Desde 1990 son hasta 49 los megaproyectos envueltos en controversias y según cifras que maneja el Tribunal Ambiental, el 80% del valor económico de los proyectos hoy está en tres instancias: el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.
El objetivo es que con este tipo de herramientas se pueda agilizar la concreción de las grandes obras, una de las prioridades que ha anunciado el nuevo gobierno.
Emol
El futuro ministro de Economía, José Ramón Valente, comentó la situación en la que se encuentra el proyecto Dominga, que deberá enfrentar un proceso de conciliación el próximo 14 de marzo.
"Dominga está siguiendo un proceso institucional, hay que respetar que siga ese proceso institucional", dijo, tras reunirse con el Presidente electo, Sebastián Piñera, en el Lago Ranco, por cerca de dos horas y media.
Sin embargo, aseguró que "es un proyecto grande, en mi opinión, es un proyecto interesante, pero obviamente fue rechazado por alguna razón, y lo que tiene que ocurrir ahora es que sigan los cauces institucionales que le quedan a ese proyecto, que está en el Tribunal Ambiental, y ver si es que efectivamente pudiese ser rescatado".
Valente reconoció que la situación de la iniciativa minera portuaria -que deberá enfrentar un proceso de conciliación el próximo 14 de marzo- fue analizada en la reunión. "Lo tocamos brevemente con el Presidente y vamos a seguir trabajando en ese tema", dijo escuetamente.
El próximo ministro de Economía aseguró que uno de los temas fundamentales que se abordó en la reunión fue sobre las tareas prioritarias de la secretaría de Estado, como reactivar la inversión.
"La misión que nosotros tenemos es que vuelva a tener una inversión fuerte... en la medida que tengamos un boom de inversión, vamos a generar un mayor crecimiento", afirmó Valente.
"El Presidente me había pedido hace un tiempo atrás un catastro sobre los proyectos de inversión, cosa que le entregué en esta oportunidad y lo pudimos revisar, y ahí hay un potencial enorme para generar este boom de inversión", añadió quien será el sucesor de Jorge Rodríguez Grossi en el ministerio.
Tras abrir conciliación, la sede ya tiene un comparativo con los aspectos fundamentales para los once intervinientes del proceso, lo que ayudará a definir una salida.
“Este conflicto requiere de los jueces una actitud no tradicional”. El ministro y presidente del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, Daniel Guevara, dice que la idea de iniciar un período de conciliación para el caso abierto por Andes Iron después de recibir el rechazo en dos instancias para su proyecto minero-portuario Dominga surgió después de una larga reflexión.
Ese proceso ha estado amparado en dos hechos relevantes: primero, la participación que han tenido en instancias como las que ha impulsado la organización Valor Minero en torno a la resolución de conflictos en el territorio y, además, los mensajes que han transmitido ministros de la Corte Suprema, donde han enfatizado -entre otras cosas- la necesidad de terminar con cosas como la circularidad judicial, donde básicamente la serie de recursos que se pueden ir interponiendo en Tribunales son los que sellan la viabilidad o no de una inversión.
Además, dice Guevara, las cifras muestran que casi el 80% del valor económico de los proyectos de inversión hoy está en tres instancias: el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales o la Corte Suprema.
Por eso, revisaron la legislación vigente y detectaron que bajo el Código de Procedimiento Civil había una vía para abrir un camino distinto de solución a la disputa que mantiene Andes Iron con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), propuesta que -reconoce- tomó por sorpresa a los abogados que el viernes participaron de una audiencia en La Serena.
En el proceso de Andes Iron y el SEA participan además nueve organizaciones como terceros interesados en el caso, donde seis están en contra de la iniciativa y tres a favor.
Consultado sobre si esta salida fue conversada con el gobierno, lo descarta de plano, dado que el Tribunal Ambiental debe garantizar la independencia y defiende la medida porque el Poder Judicial tiene la misión de ir generando contrapesos respecto de la actuación de la administración pública.
Guevara dice que “habrá que hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”, ya que si bien el acuerdo matriz debe darse entre las dos partes principales del caso, es necesario que los otros participantes estén a favor de lo que resulte.
Por eso, adelanta que los ministros del tribunal -que está compuesto además por el abogado Mauricio Oviedo y el ingeniero Forestal Marcelo Hernández- ya han avanzado en lo que será la propuesta que presentarán el 14 de marzo y en base a lo que fueron los alegatos de los 11 intervinientes tienen un cuadro comparativo de los puntos fundamentales de cada postura, lo que da ciertas garantías de que la propuesta no será al antojo del Tribunal Ambiental.
“Presentaremos una propuesta flexible y que busca ser enriquecida por las partes”, dice Guevara, quien agrega que incluso harán pública la metodología de trabajo que utilizarán para avanzar en acuerdos desde posturas que parecen ser irreconciliables, en base al modelo que usó el país en su participación del proceso de paz en Colombia.
Además, dice que la propuesta del tribunal será colegiada, como también probablemente será la del gobierno, donde cree que de salir una propuesta final, ésta deberá ser discutida en el Comité de Ministros.
Por eso, espera que el trabajo se extienda del 14 al 16 de marzo, para luego buscar los apoyos respectivos.
El presidente de la sede ambiental destaca que los presentes en la reunión del viernes plantearon la disponibilidad para explorar un proceso de conciliación. “Nos podríamos haber topado con una negativa”, dice.
Uno de los principales opositores al proyecto minero Dominga ha sido la ONG Oceana, quienes además son parte del proceso por el que atravesó la iniciativa. Es por esto que apuntan a que ante la posibilidad de este inédito proceso de conciliación impulsado por el tribunal termine en un acuerdo, se requerirá de la voluntad los 11 actores involucrados.
Una de las abogadas de la organización, Javiera Calisto, aseguró que “nos hemos enfocado en las deficiencias que el proyecto Dominga tiene en el medio marino, y por las características del proyecto reiteramos que éste es incompatible con el ecosistema de la zona.
Sin embargo, y de acuerdo a la resolución del propio Comité de Ministros, también se establecieron graves deficiencias en el medio terrestre, por ejemplo, el impacto perpetuo que la mina tendrá en el recurso hídrico, o la inadecuada evaluación del impacto generado en el aire por el material particular sedimentable”.
Aclararon que no se agregarán más antecedentes al tribunal y que el borrador de marzo se realizará con la información recabada entre alegatos y las visitas técnicas.
