El Gobierno Regional de La Libertad, el MEF y el concesionario acordaron la ‘adenda’ que faltaba. Pero los cambios aún no garantizan un plazo para culminar el proyecto agrícola.
Este año, el proyecto agrícola Chavimochic III, concesionado a Odebrecht y Graña y Montero (G&M), finalmente pasaría a manos de un nuevo operador. Su venta ha estado en proceso desde al menos enero del 2017, más o menos el mismo tiempo que lleva paralizada.
El destrabe de esta concesión de US$700 millones no sólo implica su venta, sino también dividir su diseño en dos partes: la construcción de la presa Palo Redondo, y la construcción y operación del canal madre, que irrigará las más de 63,000 hectáreas del proyecto.
Hace dos semanas, el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, dijo a Gestión que las obras en Chavimochic III se retomarían en marzo. Sin embargo, los cambios de la ‘adenda’ prolongan la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
El Gobierno Regional de La Libertad, el concesionario y el MEF finalmente acordaron una ‘adenda’ que estaba siendo negociada desde fines del 2016. Miguel Chávez, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, confirmó a SEMANAeconómica que sólo hace falta un informe de la Contraloría de la República para que la modificación contractual se haga efectiva. El recorrido para llegar a este punto ha sido largo:
La ‘adenda’ permite, primero, que el concesionario venda sus acciones a un nuevo operador antes de que el proyecto finalice y, segundo, divide el proyecto en dos componentes independientes. Una fuente del MEF sin autorización para declarar indicó que pese al cambio significativo que implica la ‘adenda’ en el diseño de la concesión, ésta no altera su equilibrio económico-financiero. “Con la ‘adenda’, la presa comenzará a funcionar por sí misma y brindará una mayor capacidad de almacenamiento de agua para las etapas I y II de Chavimochic que ya están operando”, dijo la fuente, versión con la que Chávez coincide.
Chavimochic III estaba trabado porque, bajo el contrato actual, la construcción de la presa y del canal madre debían darse a la vez. Se avanzó con la presa, pero no con la construcción del canal madre, pues faltaba una entrega de tierras por parte del gobierno regional. Ello limitó —en parte— culminar con la presa, que está avanzada en 70%.
Odebrecht, que tiene 75% de participación en el concesionario, confirmó que la ‘adenda’ implica que el nuevo operador sólo construya la presa Palo Redondo, y no que opere todo el proyecto. Así, una vez firmada la ‘adenda’, se deberá generar una nueva licitación para el canal madre, que sería la parte operativa de irrigación.
El proceso sería convocado por el gobierno regional y ProInversión. Pero ‘destrabar’ el canal será tan fácil, principalmente por el problema pendiente de expropiación de predios y por la revisión de su diseño.
Miguel Chávez detalló que la expropiación involucra 16,000 hectáreas a la empresa Agrícola Chicama, y que hay un juicio al respecto desde el 2016. “Hay una resolución en segunda instancia adversa al proyecto. Pero hemos presentado un recurso amparo. No se ha respetado el debido proceso”, dijo el funcionario.
Además, detalló que en el caso del diseño se deberá verificar si el trazo actual contempla precauciones para enfrentar el Fenómeno de El Niño. A todo ello habrá que agregarle las elecciones regionales y locales de este año, que usualmente ralentiza los procesos de contrataciones hacia el final de la gestión actual, así como al inicio de la nueva administración.
Respecto al nuevo operador del proyecto, Odebrecht y G&Mvenderán sus acciones básicamente a una firma que se encargue de la construcción de la presa, pues se requerirá de una nueva licitación para que la infraestructura en su conjunto sea operada. En todo caso, la empresa que compre las acciones del concesionario también podrá postular a la licitación por la construcción y operación del canal madre.
Sobre el rumor de que Brookfield sería uno de los postores, Odebrecht no confirmó que la canadiense esté participando en la terna, pero señaló que “no es el postor más cerca del cierre”. SEMANAeconómica se contactó con Brookfield para solicitar comentarios al respecto, pero no recibió respuesta.
Por otro lado, hay otro factor que aún juega en contra de el comprador pueda efectivamente retomar las obras: el Decreto de Urgencia (DU) 003. Si la venta se concreta antes de que el DU 003 venza —este 13 de febrero—, ésta deberá pasar por aprobación del Ministerio de Justicia. Un ejemplo claro de cómo el DU ha retrasado otras ventas es el caso de la hidroeléctrica Chaglla. El comprador, China Three Gorges, envió una solicitud de aprobación del deal en septiembre del 2017, y el Minjus todavía no ha dado respuesta.
Así, las cosas, se firmará la ‘adenda’, pero no bastará para el destrabe.
