ÁLVARO RÍOS ROCA
Nuevos y variados escándalos de corrupción y ejecución de dantescos e ineficientes proyectos, ejecutados por empresas estatales de energía en toda América Latina, continúan revelándose día a día, sin embargo, existe sentimiento social para mantener a nuestras empresas estatales y la decisión de hacerlo es un acto político soberano.
Empero, si se decide mantenerlas en la estructura de los Estados, es para que se tornen en sólidos pilares económicos en el largo plazo. Pero para ello debemos, imprescindiblemente, considerar la necesidad de blindarlas del poder político de turno.
Blindadas y dejándolas actuar en forma corporativa, con competitividad e independencia traerán un alto valor para los países y pueden: 1) Romper acuerdos de control de mercado que muchas veces pacta el sector privado. 2) Estudiar proyectos estratégicos para el país y apoyar a muy frágiles Ministerios de Energía, 3) Participar en proyectos que se consideren rentables, solas o asociadas y allí donde los privados no deseen participar, 4) Generar utilidades e impuestos para los países.
Un ejemplo de este blindaje corporativo es el caso de Statoil, en Noruega.
¿Cómo blindarlas? Los directorios deben estar compuestos por miembros estatales (Ministerios) y por instituciones independientes (Colegios Profesionales) y los requisitos profesionales y responsabilidades claramente establecidos para su designación y nombramiento. Mejores resultados se observan cuando los independientes son mayoría.
Este directorio o el presidente del país, pueden elegir al presidente de la empresa, de una terna propuesta por una empresa caza talentos (recursos humanos), con requisitos claramente establecidos.
Esto le otorga un gobierno corporativo que no responde necesariamente a los designios y caprichos del poder político de turno y es el derrotero para que sean sustentables y robustas.
En Brasil, Petrobras, la empresa abanderada de la región, poco a poco viene saliendo del abismo, privatizando varios activos inoperantes y muchos construidos con sobre precio. La corrupción vapuleó a Petrobras por varios flancos como se ha informado profusamente en los últimos tiempos.
En Venezuela, el ex-Ministro y presidente de Pdvsa Rafael Ramírez está con mandamiento de arresto y prófugo. Se le imputan muchos delitos y la obtención de más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales entre 2011 y 2012 en España.
A Ramírez se lo acusa de contratar el buque fantasma de gas natural en Mariscal Sucre y donde se pagó US$ 1.175.300 por una nave que estuvo inoperativa el 60% de tiempo. Esto es sólo la punta del iceberg y es inaudito para un país sumido en la pobreza y caos económico.
En Ecuador, se construyeron 8 proyectos hidroeléctricos sin estudios serios técnicos ni de mercado. Se ha iniciado una auditoría internacional por el Estado para detectar carencias técnicas y operacionales y de mercado en infraestructura ejecutada por Petroecuador (refinerías Esmeraldas y del Pacífico, planta de licuefacción de gas Bajo Alto, poliducto Pascuales, Cuenca y complejo de GLP de Monteverde).
Si a lo anterior sumamos los múltiples escándalos de corrupción que se han desnudado, donde gerentes, ejecutivos y funcionarios de Petroecuador, ministros, viceministros autoridades y prebendarios empresarios están presos, prófugos y muchos otros bajo investigación, la ecuación ante el ciudadano de a pie se torna grotesca e inadmisible.
En Colombia, Ecopetrol es, por el contrario, una empresa con buen gobierno corporativo y donde el blindaje explicado más arriba se da en la elección de directores y presidente de la empresa. Ecopetrol es también muy flexible para asociarse al capital privado. Existen cuestionamientos e investigaciones acerca de sobrecostos en la expansión de la Refinería del Caribe pero es más un hecho aislado.
En Uruguay, Ancap es otra empresa que ha tenido un manejo corporativo y bastante alejada de la política hasta hace un tiempo atrás. El 2017, el ex vicepresidente de la República fue destituído de su cargo por serios indicios de corrupción durante su gestión en Ancap y también por los pobres resultados que arrojó la empresa durante su gestión. La política tocó a la empresa con fuerza.
En Perú, Petroperú es un empresa que puede adolecer de mucha politización en su diario accionar al no tener el blindaje establecido del poder político de turno.
Sin embargo, la estela de corrupción que caracteriza a muchas otras empresas estatales de energía de la región, no está en tela de juicio en Petroperú, aunque últimamente, se ha cuestionado mucho por qué se elevaron tanto los montos para la modernización de la refinería de Talara.
En Chile, de la petrolera estatal ENAP no se conocen ni salen a la luz pública actos de corrupción ni manejos irresponsables de proyectos e inversiones.
Recientemente, se ha autorizado a ENAP para que pueda entrar en el negocio de la generación eléctrica pero en competencia y asociación con el sector privado.
También muy recientemente se le ha otorgado un mayor blindaje de la política en la elección del directorio y presidente
En Argentina, al parecer, a partir de la gestión del presidente Mauricio Macri, YPF tiene un gerenciamiento más profesional y un destino mucho más corporativo, aunque a los operadores del mercado nos gustaría mucho ver mayor blindaje en la elección de sus principales ejecutivos y directores.
La necesidad del blindaje corporativo para las empresas estatales surge de las malas experiencias generadas por la ineptitud y corrupción al momento de encarar proyectos e inversiones que ejecutan y esto es algo que va en detrimento del bienestar económico de los países en el largo plazo.
¿Será que el Estado empresario no funciona? ¿Será que podemos blindar a nuestras empresas del poder político de turno? Los ciudadanos de cada país son los que tienen la última palabra.
*Ex Ministro de Hidocarburos de Bolivia y actual Socio Director de Gas Energy Latin America
