KARINA MONTOYA
G&M sólo podrá recuperar su inversión vía un arbitraje internacional. El consorcio GSP buscó iniciar un trato directo con el Estado, pero uno de los miembros —Enagás— se opuso. ¿Qué sigue?
La presentación de los resultados financieros del 2017 de Graña y Montero (G&M) no sólo reveló el deterioro financiero que el Gasoducto Sur Peruano (GSP) sigue generando al grupo, sino que el camino para revertir esa situación será difícil. “No vemos que la recuperación de esa inversión se dé en menos de cinco años”, adelantó Luis Díaz Olivero, CEO de G&M, en un conference call a diversos analistas financieros.
Se trata de un cambio de proyecciones importante para la empresa. En febrero del 2017, G&M realizó una junta extraordinaria de accionistas en la que proyectaba que para esta época del año el Estado habría devuelto al consorcio GSP —integrado por Odebrecht, Enagás y G&M— su inversión en el avance del proyecto. Esa era su lectura del contrato, específicamente de la cláusula 20.
La dificultad del consorcio para recuperar su inversión no sólo es tal por la oposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a interpretar el contrato de la misma forma que las empresas. Para G&M, la solución es iniciar una demanda internacional ante el Ciadi. Pero todo indica que el consorcio en su conjunto no podrá iniciar eltrato directo con el Estado, la primera fase del arbitraje. Esta última situación se ha dado, según G&M, por “un bloqueo” de Enagás.
La española Enagás inició de forma separada un trato directo con el Estado el 19 de diciembre del 2017, amparada legalmente en un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones entre España y el Perú. Ya en octubre del 2017, cuando la empresa presentó sus resultados financieros del tercer trimestre del 2017, ésta había expresado que existían discrepancias con el Estado sobre la aplicación del contrato de concesión y adelantó que tomaría acciones legales en caso no viera sus derechos satisfechos.
El 22 de enero último, los socios de GSP realizaron una junta de accionistas para votar por el inicio de un trato directo con el Estado, pues las tres empresas tienen el mismo reclamo. Al igual que Enagás, G&M había adelantado en octubre del 2017 que el consorcio podría iniciar un arbitraje internacional contra el Estado. Pero el 22 de enero, Enagás votó en contra de que el consorcio iniciara dicho proceso, señaló G&M a esta revista.
“GSP no ha entrado en una negociación directa. Enagás lo ha hecho directamente, y está bloqueando los intentos para que GSP haga lo mismo. No voy a comentar sobre las razones que tengan [Enagás]”, dijo el CEO de G&M en el conference call de la semana pasada. SEMANAeconómica consultó a Enagás las razones de su voto y su posición sobre “el bloqueo” que indica G&M, pero la empresa declinó declarar para este artículo.
G&M explicó que la medida de Enagás sólo beneficia a la empresa española, y que al obstruir que el consorcio en su conjunto inicie un trato directo con el Estado, se obstruye también que los acreedores cobren sus deudas. Por la forma en la que el consorcio se ha conformado, de hecho, la constructora Odebrecht y constructora de G&M son también acreedores.
“Nuestra posición, asentada en el acta de la junta, es que Enagás debió abstenerse de votar, pues se encuentra en un manifiesto conflicto de interés. Enagás inició un proceso de trato directo por su cuenta alegando el incumplimiento del Estado de la cláusula 20 del contrato de concesión, cuando el titular natural de dicha acción es [el consorcio] GSP, al ser el concesionario y contraparte del Estado. Es decir, Enagás presenta una solicitud directa, pero obstruye que GSP adopte la misma medida”, señaló G&M a esta revista.
Respecto a la posición de Odebrecht, una fuente vinculada al consorcio no autorizada para declarar indicó que la brasileña también votó a favor de que GSP iniciara un trato directo con el Estado. Odebrecht declinó comentar para este artículo.
Según el contrato de concesión del gasoducto, el plazo de trato directo es de seis meses como mínimo. Por lo pronto, ello se aplica sólo a Enagás, así que esta fase previa al arbitraje internacional se daría hasta al menos mediados de junio. G&M anunció en su conference call que tomará las acciones legales “necesarias” para “corregir dicha situación”, es decir, para que el consorcio inicie también un trato directo.
“En primer término, estamos exhortando a Enagás a cumplir con su responsabilidad de corregir su posición y permitir que GSP inicie las acciones legales que le permitan cobrar el valor contable neto [de los bienes del GSP] para, a su vez honrar, sus deudas con terceros y viabilizar la recuperación de la inversión realizada por los accionistas”, respondió G&M en un comunicado.
La primera alternativa para “corregir” la situación de desventaja de G&M es que Enagás cambie de posición o, si G&M opta por acciones legales, que sea un árbitro local el que determine si tiene razón. Pero esto último dependerá del tipo de garantías que hayan acordado los socios al conformar GSP. ¿No puede ir G&M a un trato directo por su cuenta? La posición de la firma es que es el consorcio el que debería hacerlo.
La segunda alternativa es que la sociedad se liquide y la junta de acreedores tome control de GSP. Ello ya es parte del procedimiento concursal iniciado por el Indecopi el 5 de diciembre pasado. La entidad liquidadora aún no ha sido designada, pero el 19 de enero venció el plazo para que las empresas y personas que se consideren acreedores sustenten las deudas a cobrar. “Entonces, tendremos que recurrir a una negociación directa con el Estado o a un arbitraje. Eso va a pasar. De lo que no tenemos certeza es cuándo”, dijo el CEO de G&M en el conference call del jueves pasado.
En enero del 2017, G&M proyectaba recuperar US$400 millones como parte del 72.25% del valor contable neto de los bienes entregados al Estado. Ese valor sólo se podía obtener mediante una subasta, proceso que no se ha iniciado y, por el trato directo ya iniciado por Enagás, la posición del MEM sería contraria a ello.
Así, hasta inicios del 2017, G&M estimaba cubrir 95% del total de los compromisos asumidos en el proyecto, tanto aporte de capital como deudas por el préstamo puente y carta fianza (estas dos últimas refinanciadas). Pero a más de un año de que se anulara el contrato de concesión —por incumplimiento del cierre financiero—, G&M estima que, de recuperar algún monto, cubrirá 65% del total de compromisos que asumió en el proyecto:
G&M ha reconocido una situación que calificadoras de riesgo como Fitch Ratings ya asumían. De hecho, en diciembre pasado, Fitch estimó que la licitación del gasoducto no se daría sino hasta después del 2023. Éste fue uno de los factores que dieron pie a que la calificadora de riesgo revise su previsión de crecimiento del PBI de este año de 4.3% a 3.8%. Otras casas de bolsa locales, como Kallpa SAB, estiman que G&M recuperará sólo 50% de los compromisos asumidos en el gasoducto.
Ante ello, el CEO de G&M adelantó que la firma retomará las ventas de activos que emprendió en el 2017 (SE 1605). El pago del refinanciamiento de las deudas contraídas por G&M al ingresar al consorcio GSP depende tanto de esas ventas como de la devolución del valor contable neto de los bienes del proyecto. Por ahora, el único flujo vendrá de sus ventas de activos.
