El 17 de enero de 2018, el Gobierno de Canadá anunció dos nuevas iniciativas para fortalecer el enfoque de conducta comercial responsable para las empresas canadienses que operan en el extranjero, a saber, la creación de un Defensor del Pueblo canadiense independiente para la empresa responsable (Defensor del pueblo) y un Organismo consultivo de las partes interesadas sobre la conducta empresarial (órgano consultivo).
Estas iniciativas se basan en el compromiso del Gobierno de promover los derechos humanos al apoyar a las empresas canadienses para que operen de manera responsable y mejoren el acceso a reparación por los presuntos abusos contra los derechos humanos que surgen de las operaciones de empresas canadienses en el extranjero.
El Gobierno pronto aclarará cómo operarán estas entidades. Mientras tanto, aquí están los aspectos más destacados.
El mandato del Ombudsperson será investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos derivados de la actividad empresarial canadiense en el extranjero. Esta persona operará con un presupuesto que le permita llevar a cabo investigaciones independientes, será nombrado a través de una orden en el consejo que determinará los detalles del mandato y las responsabilidades relacionadas y llevará a cabo sus funciones a tiempo completo para un plazo de hasta cinco años.
Por el momento, según la información proporcionada por el Gobierno, no sabemos si las quejas pueden enviarse desde otros países o solo desde Canadá. El proceso para presentar una queja incluirá un proceso de apelación para asegurar que las compañías acusadas de abuso sean tratadas de una manera clara, predecible y transparente.
Como parte del mandato del Defensor del Pueblo y sus poderes de investigación, él / ella, entre otras cosas, tendrá la capacidad de:
+ emprender la búsqueda colaborativa de hechos;
+ iniciar investigaciones independientes de hechos, incluso sin la presentación de una queja;
+ informe a lo largo de una investigación; y
+ hizo recomendaciones a las partes involucradas en la queja, así como al Gobierno.
Si una empresa se niega a cooperar en el proceso, el Ombudsperson puede recomendar la denegación o el retiro de ciertos servicios gubernamentales (por ejemplo, apoyo a la defensa comercial y el apoyo financiero de Export Development Canada) como una medida provisional o como recomendación final.
El órgano asesor estará compuesto por expertos en la sociedad civil y la industria, y presentará informes al Ministro de Comercio Internacional. Su función será asesorar al gobierno sobre la implementación efectiva y el desarrollo de sus leyes, políticas y prácticas que abordan la responsabilidad social de las empresas canadienses que operan en el extranjero, en particular con la creación de nuevas leyes y reglamentos. El Órgano Asesor ayudará al Gobierno a determinar el mandato del Defensor del Pueblo y los procedimientos de investigación.
Los miembros del Consejo Asesor participarán voluntariamente, sin pago. Se reunirán cuatro veces al año, pero pueden celebrar reuniones adicionales según sea necesario.
La iniciativa del Gobierno no impondrá nuevas obligaciones a las empresas canadienses que operan en el extranjero: ya están legalmente obligadas a respetar los derechos humanos aplicables y las leyes canadienses y se les anima a operar de conformidad con las normas internacionales de responsabilidad social y ambiental corporativa, como los Principios Rectores sobre los negocios y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales .
El objetivo de la creación de la Oficina del Ombudsperson y del Órgano Asesor es implementar una queja y un proceso de investigación independiente para las empresas canadienses que operan en el extranjero que violan las normas de derechos humanos existentes. Si bien las normas internacionales no son obligatorias para las empresas canadienses, las investigaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo se harán públicas, lo que podría dañar la reputación de las empresas canadienses.
El gobierno también está considerando imponer sanciones a las empresas que violen las normas internacionales, como retirar el apoyo a la promoción del comercio o hacer que no sean elegibles para el apoyo financiero del gobierno.
Si bien el mandato del Ombudsperson se centrará inicialmente en las industrias de la minería, el petróleo y el gas y la vestimenta, se espera que el mandato se amplíe para agregar nuevos sectores comerciales en su segundo año.
El Gobierno anunció que ambas entidades asumirán sus funciones lo antes posible, pero no dio una fecha específica para la adopción de la orden en el consejo.
Los autores desean agradecer al estudiante de derecho Antoine Bourget-Rousseau por su ayuda en la preparación de esta actualización legal.
