Eduardo Engel

La mitad de las reservas mundiales de litio pertenecen a Corfo y están ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. Si la industria del litio chilena no se desarrolla en un futuro cercano, la industria mundial de vehículos eléctricos, que crece a pasos acelerados, sufrirá serios retrasos.

En 2013, el gobierno de Piñera inició acciones judiciales contra SQM por graves incumplimientos de contratos suscritos con el Estado de Chile, las cuales derivaron en un largo proceso arbitral bajo el actual gobierno. Si continúa este proceso, el desarrollo del litio chileno tendrá que esperar hasta el fin del contrato en 2030, ya que todo indica que el árbitro terminará imponiendo una multa a SQM, pero no caducará el contrato vigente. Según este contrato, la cuota de litio disponible para SQM se extingue el 2022, y aunque la empresa puede seguir extrayendo salmuera para producir potasio y boro, está obligada a descartar el recurso más valioso: el litio.

El contrato vigente tiene deficiencias importantes para el bien común. Primero, sus exigencias medioambientales y las posibilidades de monitorear las normas que contempla son claramente insuficientes. Segundo, ha posibilitado que la empresa realice acciones que impiden a Corfo hacer una licitación competitiva el 2030, por ejemplo, inscribiendo los derechos de agua a su nombre sin obligaciones de transferencia a quien gane la futura licitación. Es irresponsable, entonces, que Corfo se quede de brazos cruzados hasta que expire el contrato con SQM el 2030, ya que esta opción perjudica a SQM, pero como con el perro del hortelano, perjudica mucho más los intereses de Chile.

El hecho de que con el contrato actual SQM no puede producir litio a partir de 2023 dejaba espacio para que Corfo negociara un nuevo acuerdo que pusiera fin anticipado al contrato actual y permitiera explotar el litio mucho antes de 2030, con una participación considerablemente mayor para el Estado de Chile en las rentas económicas del recurso. El acuerdo al que llegaron recientemente Corfo y SQM asegura todo lo anterior y, además, impone exigencias mucho más estrictas al gobierno corporativo de SQM.

El contrato suscrito significa que entre 2018 y 2030 el Estado de Chile recibirá pagos por poco más de 10 mil millones de dólares. Además, la contribución chilena a la industria del litio potenciará la producción de vehículos eléctricos, los cuales incorporan cuatro veces más cobre que sus contrapartes convencionales, por lo cual aumenta la demanda por nuestro cobre de bajas emisiones, un nicho donde Chile tiene grandes ventajas competitivas, debido a nuestra ventaja en la energía solar.

Lo que hemos descrito hasta ahora ignora por completo el rol que tuvo SQM en los escándalos de financiamiento ilegal de la política. Hace casi exactamente un año, el ente regulador de valores de los Estados Unidos condenó a SQM a una multa de 30 millones de dólares por infringir gravemente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (conocido por su sigla en inglés, FCPA) al realizar pagos deshonestos a políticos por casi 15 millones de dólares.

SQM y su controlador, Julio Ponce Lerou, han hecho un daño enorme a nuestra democracia. Los ilícitos en cuestión prescribieron en Chile, porque la legislación vigente cuando sucedieron era particularmente laxa con ilícitos en el financiamiento de la política. Sin embargo, el reciente acuerdo entre Corfo y SQM incluye una cláusula que obliga a Ponce Lerou, que tiene solo el 16% de las acciones de SQM, a perder el control de la empresa y prohíbe que él o alguno de sus parientes hasta el segundo grado sean gerentes o directores de SQM y sus filiales hasta la fecha de expiración del contrato actual (2030).

El acuerdo alcanzado también contempla mejoras importantes en el gobierno corporativo de la empresa asociada a SQM que administrará el salar. Por ejemplo, dos de sus cinco directores serán independientes, cumpliendo con todas las exigencias que tienen dichos cargos cuando se trata de grandes empresas.

Además, se constituye un comité de directores presidido e integrado mayoritariamente por directores independientes. Y habrá tres auditores independientes, uno en materia ambiental, otro para monitorear el cumplimiento del contrato y el tercero designado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para materias de corrupción.

Hace pocos meses, algunos líderes de derecha y empresariales criticaron a Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, por “empecinarse’’ en quitar el control de SQM a Julio Ponce Lerou. El argumento era que en un estado de derecho no se podía hacer algo así, que esa obsesión no hacía más que destruir valor, que más valía llegar a un acuerdo rápido y no perder oportunidades de negocios. Poco importaba que dicho acuerdo era con quien corrompió el sistema político chileno.

Esta semana algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría han criticado el acuerdo alcanzado, haciendo propuestas alternativas que son inviables, porque ignoran las restricciones que impone un contrato vigente en un país que no es Venezuela. Otras voces del mismo sector promueven opciones maximalistas que significan postergar hasta el 2030 el despegue de la industria chilena del litio.

El acuerdo logrado entre Corfo y SQM es un logro importante para el país. De manera inteligente se aprovecharon las limitaciones del contrato vigente para negociar un nuevo contrato con el cual Chile será el mayor productor mundial de litio, con beneficios importantes para el país en ingresos fiscales y el desarrollo de una industria verde de cobre. Y se logra que uno de los principales responsables del desprestigio de la política en Chile no salga libre de polvo y paja.