José Vadillo Vila
Un cambio de estrategia le permite al Minem llegar a un número histórico de mineros formalizados: más de cinco mil, gracias a que abarata los costos para estos “socios mineros” que operan en los socavones y simplifica el proceso.
Desde agosto de 2016 a enero de este año se han formalizado 5,300 mineros u operadores mineros. A veces, los también llamados “socios mineros” han esperado más de 30 años para recibir su “resolución de formalización”.
¿A qué responde este salto cuantitativo si entre mayo de 2014 y julio de 2016 se formalizaron solo 112 mineros? En marzo de 2017, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) puso en ejecución una nueva estrategia.
El primero de sus tres ejes fue que el Minem “ya no espera que el minero venga al ministerio, sino vamos a buscarlo a su zona”, explica Máximo Gallo, director general de la Dirección General de Formalización Minera del Minem.
Punto clave. El sector ha desplazado equipos a cada uno de los 9 conglomerados mineros identificados del país. En cada una de estas zonas prioritarias identifica la problemática para plantear soluciones.
El segundo punto ha sido “focalizar” la política de formalización minera. “La minería y los problemas en cada zona del país son distintos. El reto fue atacar los problemas de los mineros en función de cada realidad”, recuerda el funcionario.
El tercero fue trabajar en una “gestión por resultados”. “Nos hemos propuesto metas concretas. La primera fue formalizar en 2017 por lo menos a 5,000 mineros”, dice Máximo Gallo.
Cambio de documentación
Pero, ¿al adecuarse a cada realidad, se están relajando los estándares ambientales? El vocero del Minem rechaza esa posibilidad. “Eso no ha cambiado en nada. Lo único que se ha hecho con el tema ambiental es cambiar el documento que tiene que presentar el minero, pero los estándares ambientales continúan siendo los mismos”.
Antes, para formalizarse, se le exigía al minero que hiciera una serie de estudios previos y presentara el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Ahora debe presentarse una declaración jurada que contiene formatos que facilitan a los mineros identificar cómo está haciendo minería y los impactos que esta tiene. “Ahora es mucho más fácil para ellos identificar cuáles son sus tareas y obligaciones en temas ambientales”, dice Gallo.
Antes, para presentar el IGAC, el minero debía contratar a un ingeniero que cobraba entre 30,000 y 50,000 soles por elaborar un expediente, lo que generaba un problema.
El Minem también identificó “problemas de corrupción: los evaluadores de las regiones se ponían de acuerdo con las empresas que daban servicios”.
Tras la firma de los formatos de declaración jurada, el Estado verifica su veracidad.
Subraya Gallo que en el esquema anterior de formalización no había ningún plazo para que el gobierno regional evaluara esos instrumentos. Y se han registrado casos en los que los mineros con sus estudios IGAC no tenían respuesta en más de dos años por los gobiernos regionales. “Ahora, los gobiernos no tienen más de 60 días para pronunciarse”.
El éxito también se debe a que la Dirección General de Formalización Minera da asistencia técnica a los mineros. “Estamos enviando ingenieros para ayudarlos frente a sus dudas sobre los temas ambientales o técnicos”, dice.
Esa dirección del Minem cuenta con un presupuesto de 7 millones de soles; es el mismo de hace cuatro años. De ellos, hoy prioriza 5 millones para “el trabajo efectivo con los mineros”.
Si bien en marzo se trazarán las metas para este año, Gallo espera que dupliquen los 5,000 logrados en 2017.
Para el sector Energía, la formalización no solo beneficia al operador minero o “socio”, sino también a sus trabajadores, familias y a los que les brindan servicios.
“Cada minero formalizado es uno que le quitamos a la ilegalidad. No podemos mezclar la minería informal de la ilegal. Un minero informal trabaja en zonas donde es permitida esta actividad, pero que le falta cumplir ciertos requisitos administrativos. Y nosotros lo ayudamos. En cambio, un minero ilegal lo hace en zonas prohibidas, como áreas protegidas o urbanas. Ellos depredan el ambiente, como en La Pampa; esa minería tiene que erradicarse, pero hay 6,000 mineros que trabajan en otra zona de Madre de Dios donde sí se puede hacer minería. A ellos sí los apoyamos”, dice.
